Baena - Cordoba

51 detenidos, entre ellos Francisco Granados, por formar parte de una trama de cobro de comisiones


• En la operación, que dirige el juez Eloy Velasco, se están registrando ayuntamientos, domicilios y sedes de empresas

• La investigación apunta a una "trama municipal y autonómica" en varios puntos de España con la participación de alcaldes, funcionarios, constructoras y empresas de servicios energéticos

• El presidente de la Diputación de León, entre los implicados en la operación

• Hasta ahora, se ha detenido a 51 personas en Madrid, Valencia, León y Murcia

27/10/2014


El que fue número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil en el seno de una operación contra la corrupción, que ha incluido el registro de varios ayuntamientos, domicilios y sedes de empresas. El juez Eloy Velasco, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es quien dirige la operación. Además de Granados, entre los implicados se encuentra el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, a quien los agentes están interrogando en su despacho.

La operación ha conllevado por el momento la detención de media docena de alcaldes madrileños. De momento, han sido detenidos el socialista José María Fraile, alcalde de Parla, y el de Valdemoro (del PP), José Carlos Boza. También se ha arrestado a los alcaldes de otros cuatro municipios de Madrid: Agustín Juárez (PP), de Collado Villalba; David Rodríguez (PP), de Casarrubuelos; Antonio Sánchez Fernández (Unión Demócrata Madrileña), de Serranillos del Valle; y Gonzalo Cubas (PP), de Torrejón de Velasco. Los registros están siendo numerosos y se están produciendo en las localidades de Pinto, Parla y Villalba.

Según fuentes municipales de Pinto, el registro en esta localidad madrileña no se ha producido en la sede del Ayuntamiento sino en la de la empresa constructora de David Marjaliza, TPC Gestiones y Consulting Inmobiliario.

En la operación, que coordina la Fiscalía Anticorrupción, participa el grupo de delitos económicos de la Unidad Central Operativa y también están siendo registrados domicilios de diversos constructores. La operación es contra "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías", ha afirmado la Fiscalía. Además de en la Comunidad de Madrid, también se producen actuaciones en Murcia, León y Valencia.

El comunicado detalla que en la trama se ha detectado la "connivencia de ediles municipales y funcionarios, sociedades constructoras, empresas de obras y servicios energéticos y el concierto de intermediarios y sociedades instrumentales", que han reportado en adjudicaciones públicas 250 millones de euros "sólo en los dos últimos años". La Fiscalía relata que fueron "la contrapartida a comisiones ilegales a costa de la Hacienda municipal y autonómica".

En concreto, a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.

Además de los registros, se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar movimientos de fondos. Por último se han dictado también 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.

A Granados, que fue el secretario general del PP de Madrid entre los años 2004 y 2011, le costó el cargo el descubrimiento de una cuenta bancaria en Suiza con 1,5 millones de euros, que abrió poco después de ser elegido alcalde de la localidad de Valdemoro, en 1999. Granados negó en un primer momento tener una cuenta, aunque matizó poco después en un comunicado que no la mantuvo "durante su actividad política" sino "como consecuencia de su actividad profesional en banca de inversión". Según el exsenador, la cerró en el año 2000.

La cuenta fue descubierta en un rastreo rutinario de la justicia suiza, que informó a España del intento de cancelarla sacando todo el dinero de un solo golpe. Ese movimiento llevó a la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción a investigar el origen de los fondos. En concreto, el juez Velasco rastrea si el dinero llegó a Granados a cambio de adjudicaciones de obras y servicios, así como las recalificaciones urbanísticas durante su mandato como alcalde de Valdemoro. Granados entregó su acta de senador el pasado 20 de febrero y renunció como diputado en la Asamblea de Madrid. Su jefa, Esperanza Aguirre, no tardó en celebrar la decisión como "una buena noticia".

En conjunto, la investigación de este caso ha conducido a la detención de 51 personas en Madrid, Valencia, León y Murcia, y a 250 registros y 400 mandamientos a bancos y aseguradoras para el bloqueo de cuentas y productos financieros.

Fuente: eldiario.es

Ya irán cayendo más, ahí está esperanza aguirre para destaparlo todo.... jeje

Me encanta el silencio de los peperos y sociatas cuando salen a la luz nuevos casos de corrupción. Denota hasta que punto son cómplices de auspiciar a sus líderes en las urnas para seguir saqueando este país.

Por cierto, no me iba a ir sin seguir exponiendo...

Ahí va la enésima tropelía

Aznar pactó una comisión del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi

• Befesa, filial del grupo Abengoa, contrató al expresidente del Gobierno para interceder con el gobierno de Gadafi y conseguir adjudicaciones de cuatro nuevas desaladoras en Libia, un negocio que Abengoa calculaba en 950 millones de euros.

• Aznar firmó una comisión del 1% de todos los contratos que cerrara la empresa en Libia hasta un máximo de 250 millones de euros de facturación, y de 0,5% a partir de esa cifra. Además, cobró un adelanto de 100.000 euros.

• En total, José María Aznar habría ganado una comisión de seis millones de euros si Abengoa hubiese construido las desaladoras, pero la guerra civil en Libia y la muerte de Gadafi frustraron el negocio.

• DOCUMENTO: El contrato tiene fecha del 8 de septiembre de 2010, solo unos meses antes de la operación militar internacional en Libia a la que José María Aznar se opuso públicamente.

Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo - 29/10/2014


Para José María Aznar, Muamar el Gadafi era "un hombre extravagante, un hombre raro". pero también "un amigo". La buena relación entre el expresidente del Gobierno con el dirigente libio era algo conocido; incluso cenaron juntos en Sevilla, en 2007, cuando Aznar ya había dejado La Moncloa. El presidente de FAES y presidente de honor del PP fue uno de los pocos líderes europeos que, en marzo de 2011, se opuso a la intervención militar en Libia contra Gadafi, argumentando que era "muy difícil entender una política que deja que los amigos caigan y que los enemigos permanezcan en el poder". Lo que no se sabía es que José María Aznar, al mismo tiempo que intercedía en público a favor de Gadafi, hacía negocios en privado con empresas españolas que querían conseguir contratos con el gobierno libio.

El 8 de septiembre de 2010, unos meses antes de la guerra civil y posterior intervención militar internacional que acabó con Gadafi, José María Aznar firmó un contrato de intermediación con Befesa, una filial del grupo sevillano Abengoa dedicada a la construcción de desaladoras, depuradoras y otras obras públicas medioambientales.

Befesa estaba interesada en conseguir las adjudicaciones de cuatro grandes desaladoras que quería construir el Ministerio de Servicios Públicos de Libia: en Tobruk, Misurata, Sirt y Yarafa. En total, las cuatro desaladoras sumaban una inversión de 950 millones de euros, según los propios cálculos de Abengoa, que figuran en este documento para inversores (página 94). Para conseguir esas adjudicaciones, Befesa contrató a Aznar como intermediario.

Según el contrato, al que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es, José María Aznar es “una persona con reputada experiencia en el mercado internacional y en particular el libio”, que cuenta con “conocimiento de las instituciones públicas, así como de la legislación local reguladora de las ofertas, programas de promoción público privada y concursos públicos”.

La remuneración que Aznar firmó con Befesa es muy generosa: una "comisión de éxito" –como la define el contrato"– del 1% "hasta que la cifra de adjudicación acumulada de proyectos dentro del programa llegue a 250 millones de euros". A partir de esta cifra –es decir, después de que Aznar se llevase los primeros 2,5 millones de euros–, la comisión se reduciría al 0,5%. En total, si Befesa hubiese conseguido los 950 millones de euros en adjudicaciones que esperaba en Libia, Aznar habría cobrado una comisión de seis millones de euros: alrededor del 0.6% de los 950 millones esperados.

Además de esa comisión, Aznar consiguió otro 0,25% adicional del precio convenido por Befesa con el Gobierno libio por administrar las desaladoras cuya gestión se incluya también en el contrato de construcción. Esta comisión se recibiría durante los cinco primeros años de mantenimiento de las instalaciones.

El contrato con Befesa incluía también un adelanto de 100.000 euros más IVA. José María Aznar facturó esa cantidad cinco días después de firmado el contrato, el 13 de septiembre de 2010. eldiario.es ha tenido también acceso a esa factura, que tiene sello de entrada en la contabilidad de Befesa el 30 de octubre. En el documento, con la firma del propio Aznar, consta también su número de cuenta de Caja Madrid.

Enlace al contrato: https://ww.eldiario.es/economia/Aznar-Abengoa-contratos-Libia-Gadafi_0_318469113.html#documento

Fuente: eldiario.es

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Pronto más. Continuamos para bingo.

No hay que irse tan lejos, en Baena ciertos señores funcionarios llevan un tren de vida inexplicable....
A saber la adjudicacion de contratos....

Muy rápido porque me voy. Esto es insostenible. Hace falta una profunda regeneración, no podemos seguir así.

Lo único que esta mañana me ha producido cierto ánimo y consuelo ha sido oír algunos políticos vascos del PP: "estamos aburridos de ver desfilar a tanto golfo" " No nos va a votar ni Rita la Cantaora"

Es vox populi lo que dices, lozanoramirez. Cuando salga a la luz la historia oculta de la Baena política de finales de los 80 hasta primera década de los 2000 descubriremos y entenderemos el saqueo que se ha perpetrado en este pueblo.

A lo que iba, sigo haciéndome eco de las informaciones que van aparenciendo de la Operación Púnica, para regocijo de peperos y socialdemócratas. Un no parar...


PP y PSOE entran en pánico por quitar el carné a sus sospechosos de corrupción

El PP ha pasado de subrayar "el derecho de defensa" de sus militantes a tramitar directamente su baja o suspensión de militancia

Los dos partidos han aplicado el doble rasero, ya que no han expulsado a los imputados en otros procedimientos judiciales

Los socialistas aducen que es peor ser detenido tras declarar ante la Policía que una imputación


Luz Sanchis / Irene Castro - 28/10/2014

La acumulación en las dos últimas semanas de los casos de corrupción ha tenido como resultado que PP y PSOE se hayan lanzado a una competición por ver quién expulsa más rápido a los sospechosos de sus filas. El escándalo de las tarjetas 'black' se ha superpuesto con la operación Púnica, de forma que el castigo se ha dado a conocer a la vez en el caso del PP. El PSOE llevó la delantera al iniciar la investigación a los exconsejeros de Caja Madrid el 3 de octubre, nada más conocerse el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que aparecían los nombres de todos los usuarios.

César Luena, número dos del PSOE, dio por hecho que el castigo final sería la expulsión, lo que provocó la queja de algunos afectados, que alegaron indefensión. Con un ojo puesto en el PSOE, el PP decidió ir con pies de plomo e insistir en que sus afiliados tendrían derecho a defenderse en el Comité Nacional de Derechos y Garantías. Los conservadores se burlaron de la rapidez de Ferraz y se escudaban en que un paso en falso podía ser contraproducente.

Desde la apertura de los expedientes informativos hasta la baja final en el caso de los 13 usuarios de las tarjetas 'black' transcurrieron 20 días. Con los detenidos en la operación Púnica, la velocidad ha sido mucho mayor y se les ha suspendido de militancia el mismo día. De esta forma, tanto Francisco Granados como Marcos Martínez, presidente de la Diputación de León, y los cuatro alcaldes de municipios madrileños tienen prácticamente segura su expulsión.

Para informar del castigo en ambos casos, el PP difundió dos comunicados con sólo cinco minutos de diferencia entre uno y otro. Ambas decisiones se atribuían al Comité Nacional de Derechos y Garantías, el órgano disciplinario interno. En el caso de Rodrigo Rato, su salida del partido ha sido mucho más complicada, dada la relevancia del que fue vicepresidente del Gobierno con José María Aznar.

El PP trató de ganar tiempo en un primer momento ante la decisión del anterior responsable de Bankia de negarse a devolver el carné de militante. En esos días fue cuando María Dolores de Cospedal y Carlos Floriano siguieron prometiendo "rapidez" y dejaron abierta la puerta a la expulsión. Rato solicitó su "suspensión temporal de militancia" hasta que los hechos quedasen esclarecidos. Al PP le llevó cuatro días informar de que la suspensión temporal no existe en su partido. Aun así, Génova insiste en que Rato no ha sido echado sino que simplemente se ha tramitado su baja.

En otros casos de corrupción grave, como los de Luis Bárcenas, Jesús Sepúlveda, Jaume Matas, Carlos Fabra o Sonia Castedo, la velocidad en actuar contra ellos ha sido mucho menor o no ha existido. El extesorero, que estuvo contratado por el PP hasta enero de 2013 aunque había sido imputado en el caso Gürtel y dejó de ser senador, también pidió la "suspensión temporal de militancia". Génova asegura que lo echó enseguida, pero él siguió pagando su cuota de militante hasta 2011.

La salida de Jesús Sepúlveda, también imputado en la Gürtel, distó mucho de ser veloz. Sepúlveda dejó la alcaldía de Pozuelo en marzo de 2009, pero siguió trabajando para el PP. De Cospedal confesó que su partido le siguió pagando un sueldo por redactar informes desde su casa. Ante la polémica, la secretaria general se deshizo de él en febrero de 2013.

En el caso de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, y pendiente de entrar en la cárcel si no fructifica su petición de indulto, no consta que haya dejado de militar en el partido. Lo mismo ocurre con Sonia Castedo, que sigue al frente de la alcaldía de Alicante y conserva su carné de afiliada a pesar de estar doblemente imputada.

La imputación no parece tan grave

El PSOE se ha dado la misma prisa en los últimos casos, aunque ha empleado figuras distintas como castigo a los exconsejeros de Caja Madrid y a los detenidos en la operación Púnica. Sin embargo, mantiene en sus filas a imputados al entender que las acusaciones pueden desaparecer a lo largo de la instrucción.

"Una detención es un caso grave. Si no te ponen en libertad tras prestar declaración, es que hay indicios", explican fuentes de Ferraz sobre los casos del alcalde de Parla, José María Fraile, y del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, que fue arrestado por el caso de los ERE.

La suspensión cautelar acarrea la pérdida de los derechos que tienen como militantes (como la protección externa ante “ataques injustos” o la posibilidad de recibir información sobre las decisiones tomadas en los órganos del partido, entre otros derechos recogidos en los estatutos). Esa medida la recoge el código ético que los socialistas han aprobado recientemente para los casos en los que los representantes del PSOE se enfrenten a un juicio oral.

En el caso de los imputados, fuentes socialistas aseguran que se aplicará el código ético, que prevé que tengan que rendir cuentas ante la dirección. Será ésta la que decida qué medidas se toman. En esa situación está, por ejemplo, la exministra Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE.

Ferraz ha dado un paso más con los exconsejeros de Caja Madrid que hicieron uso de las tarjetas 'black' y les ha expulsado provisionalmente, que es el paso previo a que salgan definitivamente del partido. No obstante, esas fuentes precisan que la decisión se tomó tras abrir un "expediente informativo" en el que presentaron documentos sobre el uso del plástico negro.

"Tras estudiar esa información, se puede expulsar o no", precisan esas fuentes. Las alegaciones que presentaron los exconsejeros de la caja de ahorros no convencieron a la dirección, que optó por la expulsión. Ahora los ocho usuarios de las tarjetas que no se han dado voluntariamente de baja del partido están a la espera del fallo definitivo tras presentar el recurso a la expulsión.

El resultado es previsible a la luz de las declaraciones de los dirigentes del PSOE desde que saltó el escándalo: "A los de las tarjetas negras, tarjeta roja directa", afirmó Pedro Sánchez antes de que se conociera la expulsión provisional.

Fuente: eldiario.es

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La fiesta de la hipocresía del bipartidismo. Mañana más.

Continuamos para bingo, otro día más

Esta vez con nuestros entrañables amigos del PSOE;


La Operación Púnica salpica a Pedro Sánchez y Tomás Gómez y cuestiona su apoyo al alcalde de Parla

César Luena reconoce que el PSOE actuó tarde

Sánchez y Gómez hicieron oídos sordos a la denuncia formulada por varios militantes


María Díaz | Bolsamania

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de los socialistas en Madrid, Tomás Gómez, se han visto salpicados por la Operación Púnica y es que ambos dirigentes mostraron su apoyo incondicional al alcalde de Parla, José María Fraile, hasta julio.
En julio y en vísperas del congreso extraordinario del PSOE, Sánchez y Gómez hicieron oídos sordos a la denuncia formulada por varios militantes, entre ellos Beatriz Talegón, que pidieron expresamente al líder del PSOE que apartara al alcalde de Parla de la lista de delegados a aquella cita política, según publica El Confidencial.

José María Fraile, convertido ahora en la "oveja negra" del nuevo PSOE, representó a los socialistas madrileños en aquel congreso a pesar de estar inmerso ya en dos causas judiciales.

LUENA, NÚMERO DOS DEL PSOE, SE LAMENTA
Luena: Existe cierta culpa al no haber actuado antes

César Luena, secretario general de organización del PSOE, señaló este lunes, que pese a haber suspendido temporalmente de militancia a Fraile, existe cierta culpa al no haber actuado antes contra este alcalde, implicado ahora en la Operación Púnica.

“Quizá deberíamos haber aplicado el Código Ético. En todo caso, no representaba al PSOE en las próximas elecciones y eso era un acuerdo tomado con Tomás Gómez”.

Fuente: bolsamania.com

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Estos del PPSOE nos están brindando tardes de gloria.

Y resulta curioso porque siempre actúan tarde contra sus casos de corrupción. Y más aún y todavía más casualidad que siempre denuncian cuando sale en la prensa. Lo de ellos destapar sus propios casos como que no, eso sería ser demasiado transparentes. Ya, claro.

Partido Sobrerista Opaco Español. Regenerando a toda máquina.

Por sus actos los conoceréis...

Volvemos a la carga

Esta vez, con Mariloli y sus estupendas declaraciones. Ahí va,


Cospedal: "El PP ha hecho todo lo que podía hacer. No podemos meter a la gente en la cárcel"

Desprecia las voces que piden regeneración en un congreso extraordinario con el argumento de que "son comentarios anónimos"


Luz Sanchís - 03/11/2014

María Dolores de Cospedal se ha mostrado este lunes como una víctima de la corrupción que corroe a su propio partido y que ha copado las informaciones de las dos últimas semanas. La secretaria general del PP ha asegurado que su formación "ha hecho todo lo que podía hacer", esto es, dar de baja a los miembros del PP y proclamar que se siente tan indignada y escandalizada como los ciudadanos.

"No podemos meter a la gente en la cárcel. Son los jueces los que tienen que tener la última palabra", ha dicho Cospedal ante las numerosas preguntas relacionadas con la corrupción y ejemplificadas en casos como las tarjetas black, la Operación Púnica o la financiación ilegal recogida en los papeles de Bárcenas.

"Las decisiones que teníamos que tomar ya están tomadas", ha sido su respuesta, aunque no ha podido explicar cómo encaja entonces la pasividad del PP respecto a Sonia Castedo, doblemente imputada. La alcaldesa de Alicante ha recibido y saludado este lunes al rey como anfitriona en un congreso de empresarios que ha inaugurado Felipe VI. Este martes, será Rajoy quien protagonizará otra escena incómoda, tanto si la saluda como si se ve obligado a esquivarla.

"No se puede comparar una detención e ingreso en prisión con una imputación. La presunción de inocencia que existe siempre no se puede aplicar igual en un caso que en otro", ha dicho para justificar las expulsiones de los alcaldes de la Operación Púnica con situaciones como la de Castedo o el propio Ángel Acebes, imputado por el juez Pablo Ruz.

Pero si algo ha molestado a Cospedal es que le preguntaran por las críticas en sus propias filas, que reclaman mayor acción al PP o incluso cambios en la estructura interna que ella gobierna. "Hasta ahora no se ha hecho ningún planteamiento en este sentido", "a mí no me ha llegado ninguna de esas opiniones" y "de comentarios anónimos me fío lo justo" han sido sus primeras respuestas.

El momento más cómico de la rueda de prensa se ha dado cuando se le ha puesto nombre a una de estas voces críticas, la de Pedro Núñez Morgades. El diputado en la Asamblea de Madrid y exdelegado del Gobierno ha reclamado un congreso extraordinario del PP antes de las próximas elecciones por tratarse de una "situación insostenible". Visiblemente contrariada por la insistencia de la prensa en referirse al malestar interno en en el PP, ha contestado con un "me imagino que dice histórico por el tiempo que ha estado, ¿no?".

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Fuente: eldiario.es

Como el PSOE: regenerando a toda máquina.