Baena - Cordoba

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diciembre 7, 2012


Tras la Constitución de 1978, especialmente a partir de los gobiernos de Felipe González y Aznar, y a instancias de los poderes económicos nacionales e internacionales, comenzaron a producirse privatizaciones de amplios sectores públicos, y no precisamente ruinosos. Fruto de aquellas políticas, continuadas hasta hoy, es un panorama en el que las telecomunicaciones, las energías, y la banca, entre otros sectores estratégicos, están en manos de monopolios que han contribuido al encarecimiento de la vida y el desempleo, aumentando mucho más las desigualdades sociales con respecto a la época citada. El derecho a la vivienda (art.47), al trabajo (art.35) o a la salud (art.41) es, cada día más, papel mojado.

La CE ya establece en su art.129, el uso de la economía social, tutelada por el Estado, como alternativa a la urdimbre empresarial de provecho privado. La implantación de cooperativas, cuyos trabajadores sean previamente formados y dotados de los medios necesarios para la producción, en cualquier sector económico, constituye, una vía alternativa empresarial, de fin colectivo, que garantiza mucho más el empleo y el reparto de riqueza y, por lo tanto, la cohesión social. Un gobierno de izquierda optaría por aplicar el art. 128.2: “Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. Y el art. 129.2: “Los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

Por lo tanto, las bases jurídicas sobre las cuales puede construirse una sociedad más justa están en la mismísima constitución, aquella que sólo se levanta parcialmente para justificar precisamente, lo contrario. Si se quiere esta Carta Magna, aplíquese, y si no, refórmese, pues no es un texto exclusivamente válido para justificar una Monarquía. Si la derecha política, actual moradora de la Moncloa, tiene urticaria a lo público, exijamos que simplemente lleven a cabo lo establecido en esa otra cara de la CE, aunque sólo sea por imperativo legal.