Baena - Cordoba

Cajasur, la caja de la Iglesia, también se apuntó a la fiesta del ladrillo
La concentración de riesgos en el sector inmobiliario acabó con la entidad
El País, 25 de junio de 2012

Cajasur murió en una habitación sin ventanas el 21 de mayo de 2010. Los 20 miembros del último Consejo de Administración se reunieron aquella noche en este oscuro salón con las paredes forradas con cuero repujado y los retratos de los prelados que habían presidido la caja durante sus 150 años de vida. En la mesa de la sala de juntas estaba el ultimátum del Banco de España: o la entidad cordobesa firmaba la fusión con Unicaja para tapar el enorme agujero de sus cuentas o los hombres de negro (que no eran, precisamente, sacerdotes) tomarían el mando.

“El deterioro de la caja no admite más dilaciones”, advirtió al inicio de la reunión el presidente de Cajasur, Santiago Gómez Sierra. “Hoy ha habido una retirada de depósitos por importe de 23,8 millones, cuando lo normal estaba en torno a tres”, añadió el sacerdote, que ahora es obispo auxiliar de Sevilla, algo así como el delfín del arzobispo hispalense.

Pero, sorprendentemente, Gómez Sierra no propuso a los consejeros que aprobaran la fusión. Pidió que se votara a favor de enviar una carta al Banco de España en la que, de facto, se solicitaba la intervención de Cajasur. Un suicidio. “La propuesta planteada supone dejar morir al enfermo, desconectarlo de la máquina”, alertó Luisa Ruiz Fernández, consejera nombrada por los socialistas, según el acta de la reunión. El documento retrata el desesperado intento de varios de los consejeros, designados por PSOE, IU y PP, por convencer al sacerdote Gómez Sierra —que controlaba el Consejo— para que aceptara la unión con Unicaja. “El tiempo dirá y pondrá a cada uno en su sitio, pero hay que ser conscientes de que tenemos la oportunidad de evitarlo. Nadie nos perdonará esta decisión”, espetó el exvicepresidente Salvador Blanco (PSOE).

Pero no hubo forma de hacer entrar en razón al sacerdote, que mantenía una difícil relación con Braulio Medel, presidente de Unicaja. Tras un receso de 15 minutos, se produjo la votación: los seis sacerdotes del Consejo, cuatro impositores y el representante Aspromonte, sindicato afín a la Iglesia, aceptaron la propuesta de Gómez Sierra. Cajasur fue intervenida esa misma noche y, posteriormente, vendida a la vasca BBK, que reclamó al FROB 392 millones para hacer frente a la desastrosa situación de la caja controlada por el Cabildo catedralicio de Córdoba. La entidad cerró 2010, el año de su intervención, con 1.100 millones de pérdidas.

Pero ese es el final de la historia. El comienzo hay que buscarlo una década antes. La Iglesia católica también se sumó a la fiesta del ladrillo patrio. En realidad, fue una alumna adelantada de la burbuja en los años en los que controló la extinta Cajasur.

El entramado de créditos y participaciones empresariales que se tejió alrededor de la construcción a principios de este siglo fue lo que llevó a la caja a la quiebra. En el verano de 2009, cuando la crisis del sector ya estaba declarada, la entidad y sus participadas tenían atrapados 1.700 millones: 4.000 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo.

Cajasur miró al mar. La entidad, de la mano del promotor cordobés Rafael Gómez, imputado en el caso Malaya, recaló en la Costa del Sol, uno de los epicentros de la reciente orgía de ladrillo y corrupción. La entidad también se alió con las constructoras cordobesas Prasa y Sánchez Ramade. La mala política crediticia desbocó la morosidad. En 2004, cuando el Banco de España abrió el primer expediente a los gestores, la tasa de morosidad era del 3,5%, frente al 0,6% del sector. Cinco años después, era del 10,4%, el doble de la media. “La cartera crediticia era una bomba de relojería que tardó en explotar cuatro o cinco años”, dice un antiguo ejecutivo de Cajasur.

El Banco de España ha expedientado a 38 exconsejeros y directivos tras la intervención de 2010. Todos los sancionados (también los sacerdotes) han achacado la ruina de la entidad a la gestión del expresidente Miguel Castillejo, el sacerdote que estuvo al frente 30 años, hasta el verano de 2005. “Cajasur estaba herida de muerte antes de la crisis”, opina un exconsejero de la entidad, que sitúa la génesis del problema entre 2002 y 2004. Durante ese periodo la entidad estuvo bajo la tutela del Gobierno central gracias al amparo que le ofreció Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía y ahora protagonista de la quiebra de Bankia.

“Durante esos años Castillejo se desmelenó”, añade el antiguo directivo. Por ejemplo, en diciembre de 2004 la caja tenía concedidos préstamos por valor de 400 millones a Rafael Gómez, 209 a Prasa y 143 a Sánchez Ramade. La entidad sobrepasaba el límite legal del 25% de concentración de riesgos con esos tres grupos: Rafael Gómez (39,1%), Prasa (37,8%) y Sánchez Ramade (30,8%), según el expediente de 2005. El Banco de España advertía: “El 22% de la inversión total se concentra en los segmentos de riesgo promotor y compraventa de suelo. En un considerable número de estas financiaciones se ha apreciado un marcado sesgo especulativo”.

Castillejo dejó la entidad en el verano de 2005, después de que la Junta y la Iglesia cerraran un acuerdo para la vuelta de la caja a la tutela autonómica. El Banco de España ya hacía un estrecho marcaje para que Cajasur recondujera su situación. Pero la crisis y la inestabilidad provocada por la falta de entendimiento en los órganos directivos entre los sacerdotes y los representantes políticos complicaron todo. La caja cambió cuatro veces de director general entre 2007 y 2009.

El Banco de España realizó cuatro inspecciones entre 2005 y 2008. Exigió a la caja “una mayor prudencia en las fases de concesión y seguimiento del riesgo crediticio, especialmente, en el sector inmobiliario”. Pero no se enderezó la situación. El supervisor obligó a Cajasur a finales de 2009 a aceptar un plan de salvación: la fusión con Unicaja. Esa unión no era del agrado de los sacerdotes. Los canónigos viajaron incluso al Vaticano para intentar buscar el respaldo papal.

Los meses transcurrieron sin que se terminara de cerrar el acuerdo con Braulio Medel. Y volvemos al Consejo de Administración de mayo de 2010. La postura de los canónigos no ha cambiado en estos dos años a la hora de defender la sorprendente petición de intervención. “Ha salido beneficiada la plantilla”, afirma uno de los religiosos que asistió al Consejo. El argumento de Gómez Sierra para rechazar la fusión era que no se había firmado el pacto laboral con los sindicatos.

La última propuesta de Unicaja en 2010 suponía un ajuste de 564 empleados en la entidad cordobesa. Tras hacerse cargo de la caja, BBK cerró en 2011 un ERE que ha supuesto la salida de 652 trabajadores de la matriz de Cajasur. Además, se ha despedido a otros 100 trabajadores del grupo de empresas y fundaciones.

“Acudir al FROB ya no tiene sentido alguno”, dijo Andrés Hens (IU) en aquel nocturno Consejo en que se debatía pedir la intervención: “Esta decisión no va a ser entendida por nadie, y los trabajadores los primeros”.

Anticorrupción presenta una querella contra directivos de Novacaixagalicia
Cuatro exejecutivos están acusados de ocultar sus prejubilaciones, que ascienden a 52 millones
Julio Fernández Gayoso, actual copresidente, también ha sido denunciado


El Pais, 25 de junio de 2012

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los directivos de la nacionalizada NovacaixaGalicia por haber ocultado al Consejo de Administración y al Banco de España el importe de unas prejubilaciones a las que presuntamente no tenían derecho. Fue apenas dos meses antes de la fusión que dio lugar a la caja única gallega, en diciembre de 2010, cuando el entonces presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, autorizó modificaciones en tres contratos de alta dirección que engordaban su renta vitalicia.

La Fiscalía considera que los hechos causaron un grave daño patrimonial y pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal y apropiación indebida por su "grave repercusión para la economía nacional. El mínimo a devolver, por haber sido cobrado indebidamente por los ex altos cargos asciende, según la querella, a 7.875.474, euros.

Los exdirectivos denunciadosson Julio Fernández Gayoso, actual copresidente de NovacaixaGalicia y durante 40 años director de Caixanova, José Luis Pego, exdirector, Javier García de Paredes, ex director adjunto y los exdirectivos Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán Laza. Los cuatro últimos cobraron indemnizaciones que, junto a sus planes de pensiones, ascienden a 52 millones de euros. La entidad resultante de la fusión de las cajas gallegas (Caixa Galicia y Caixanova) necesitó de dos inyecciones de capital a través del FROB que suman 3.665 milllones.

El banco fue nacionalizado en octubre del año pasado y desde enero no cumple con el requisito mínimo de solvencia (un core capital del 10%). Tras los dos decretos del Gobierno para la reforma del sistema financiero, el Banco de España calcula que necesita otros 4.500 millones, aunque la entidad ha solicitado una cantidad considerablemente mayor, que rondaría los 7.000 millones.

La querella parte de una denuncia del sindicato nacionalista CIG y paralizó las negociaciones que en su día emprendieron los actuales gestores del banco para conseguir que los cuatro exdirectivos devolvieran el dinero (solo uno de ellos, Javier García de Paredes, aceptó hacerlo). La querella señala que los polémicos contratos que se modificaron para aumentar los blindajes no estaban a disposición de ningún miembro del consejo de administración de la caja y se aprobaron “en la creencia de que las obligaciones contraídas por Novacaixagalicia procedían de los antiguos contratos de alta dirección”. Cuando la privatización se estaba gestando, la caja preparó un fondo multimillonario para hacer frente a una “posible”, resolución de los contratos. “Resulta por lo menos sorprendente que al Banco de España, como organismo supervisor, no se le comunique”, señala la demanda.

También apunta a que la auditoría realizada por BDO a petición del FROB, recoge que “los estados contables de Novacaixagalicia no reflejaban su verdadera situación patrimonial”, por provisiones no contabilizadas. Cuando los directivos se marcharon, pocos días antes de la segunda inyección de fondos públicos, recibieron millonarias indemnizaciones sin la “necesaria y mínima valoración de la dificilísima situación patrimonial de la entidad”. El despropósito es de tal magnitud que la suma de los compromisos que la caja adoptó con ellos (52 millones entre prejubilaciones y blindajes) equivale, a precio actual, al 28% del valor de Novagalicia Banco, la entidad resultante que podría ser subastada en septiembre.

en fin, zorro, como definió por entonces un periodista esta historia "la maté porque era mia"

Fiesta Fiesta

Abel Martin Machado
Hace 14 horas

Pero que claro escribe este hombre!


El rescate: un ataque más a la democracia.

¡No falta dinero, sobran ladrones!

España es la cuarta economía de la zona del euro. Y aún después de ser negado, es rescatada desde fuera, desde Europa, porque su sistema financiero tiene un agujero negro enorme, una deuda tal, que ya el Estado no puede pagarla. Estamos retrocediendo a situaciones de antes de la democracia, y se nos quiere conducir a un modelo de sociedad donde lo que prima es el dinero y el beneficio, acaparados por minorías sin ética.
La visión económica neoliberal es compleja, pero a la par muy simple. Los padrinos de ese sistema pretenden mercantilizar la existencia entera sin que osemos rechistar, intentando tapar una a una sus espantosas miserias y convencernos de que su solución es la única posible. La palabra rescate significa que a una persona o cosa, que está bajo el dominio de otra, alguien la libera con dinero o con la fuerza.

¿Quiénes son los rescatados? Dicen que España necesita ser rescatada, pues tiene una deuda y una quiebra de sus bancos con el exterior (bancos alemanes y franceses, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional….) que asciende a más de 120.000 millones de euros. Pero decir que España debe ser rescatada es decir vaguedades, nada. La deuda acumulada y la quiebra de los bancos no son fruto del azar ni han tenido que ver con la mayoría de los españoles. Tras el manejo y evaporación de esos 120.0000 millones se esconden nombres y apellidos, siglas y responsabilidades de banqueros, financieros, empresarios, constructores, gestores públicos, relevantes personalidades de instituciones oficiales, políticos, etc.

No fue la población sino los bancos los que desde el 2000 al 2007 multiplicaron el crédito total destinado a la actividad inmobiliaria por nueve, algo así como 300.000 millones de euros. Siguieron aumentando artificialmente con sus tasadores los bienes sobre los que iban a dar créditos. Los políticos les crearon las condiciones para crear una burbuja inmobiliaria sin precedentes y a los inspectores del propio banco se les prohibió indagar y hacer públicas sus denuncias acerca del endeudamiento peligroso que se estaba produciendo.

Tengo a la vista imagen y lista de 16 empleados, pertenecientes a nueve entidades bancarias distintas, cuyas indemnizaciones asignadas suman la cantidad de 113 millones de euros.

Otra lista recoge a lo largo de toda ESPAÑA 306 casos. Entre ellos algunos muy escandalosos de particulares (Gürtel, Fabra, Palau, Marea, Pretoria…) y muchos otros, los más, de alcaldes, ayuntamientos, expertos, empresarios, políticos.

En nuestra democracia, senadores y diputados perciben sueldos de 3.996 euros mensuales, frente a 624 euros, salario mínimo de un trabajador; tienen un plan de pensión vitalicia sin razón que la justifique. Les basta cotizar siete años para percibir una jubilación frente a los 35-40 años del ciudadano normal. Están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF. Y son ellos, quienes al inicio de la legislatura, se suben sus retribuciones en el porcentaje que les apetece.

Son centenares y miles los alcaldes y secretarios de nuestros pueblos y ciudades que perciben sueldos muchas veces escandalosos e injustos, precisamente porque no existen normas que los regulen. Un ejemplo: en Ondarribia (16.000 habitantes), seis personas -alcalde, teniente alcalde, secretaria, responsable de prensa, consejero jurídico del alcalde, jefe de policía municipal – cobran al año 315.787 euros , a un promedio de 45.112 euros. En el Consejo General del Poder Judicial, el presidente percibe anualmente 130. 000 euros; y los vocales (20) 112.00 euros. Y han fijado el presupuesto de gastos (protocolos y viajes) para este año 2012, en setenta y dos millones de euros, es decir, unos 3, 60 millones para cada uno.

El 72% del fraude fiscal proviene de algunas empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca con algunas honrosas excepciones. Ahorraríamos noventa mil millones de euros. Se han hecho obras espectaculares, sin demostrada necesidad y rentabilidad, como por ejemplo diez aeropuertos por un coste de 1.548 millones de euros y diecinueve obras de diverso tipo que han costado 4.143 millones de euros.

Se recorta de donde no se puede y no se hace de donde se puede. Se podría por ejemplo prohibir por ley que los expresidentes cobren de la empresa privada a la vez que disfrutan de su pensión vitalicia.

Por lo tanto, podemos concluir que: Los estafadores o especuladores o despilfarradores, metidos de pronto en un pozo muy hondo, del que ellos dicen no pueden salir, son todos estos y son los que piden ser rescatados. No obstante, aunque los bancos dicen estar descapitalizados, no parece que los banqueros hayan mermado sus sueldos, beneficios, indemnizaciones y pingues pensiones.

La clase política, y el Gobierno que nos representa, deben investigar qué se ha hecho con esos millones y millones de deuda, quiénes los han malversado o sustraído, declararlos rehenes y que sean ellos los que deben pagar el rescate con quienes lo han contraído. Los ciudadanos en general no son sujetos de rescate, ni se les debe obligar a pagar con reformas, recortes o impuestos un rescate que no les corresponde. “Un banco cuando tiene beneficios los reparte entre los accionistas y en sueldos millonarios de una minoría. Sin embargo, cuando tiene pérdidas, somos todos los que las pagamos. Proponemos constituir una banca pública, cuyos beneficios servirían para pagar la sanidad y educación”. (Alberto Garzón).

Los más de cien mil millones de euros a pagar por el rescate, indica hasta qué punto se ha producido irresponsabilidad y complicidad por parte de quienes, por ética, ley y por la Constitución, tienen el deber de controlar y preservar la dignidad, la justicia y el derecho de todos.

El rescate, un ataque a la democracia
Quienes entre nosotros defienden la ideología neoliberal seguirán proclamando que ella traza la dirección correcta para superar la crisis y que de ella no se van a apartar. La realidad nos está diciendo que “El rescate financiero impuesto a España por la eurocracia de la Eurozona así como por el Fondo Monetario Internacional y por el gobierno Merkel de Alemania , ha supuesto una pérdida de la soberanía española, transformando al Gobierno español en una mera correa de transmisión de las decisiones tomadas por aquellas instituciones” (Vicenç Navarro).

En resumen, y según el distinguido economista mencionado, el Gobierno del PP está procediendo sin mandato popular, pues las medidas que viene aplicando (bajar los salarios, desmantelar el Estado del bienestar…) no figuraban para nada en su programa electoral, sino más bien todo lo contrario.

Esta vez, los intereses bancarios y las entidades empresariales europeas, centradas en el capital alemán, han perpetrado un golpe de Estado con tanques y misiles económicos. Y con mayor o menos habilidad los partidos (incluso nacionalistas) no dudan en unirse a los neoconservadores para hacer pasar como un conflicto de naciones lo que es un conflicto de clases. No deja de ser llamativo que Catalunya ostente el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15.

El rescate ha sido aprobado. Y el dinero será para la Banca, no generará empleo ni mejorará nuestro nivel de vida. “Al lado del capitalismo que con tanto cierto analizó Marx, surge un capitalismo de casino al que ya se refirió Keynes, y un capitalismo de amigos, que se reparte un botín resultado de la plusvalía extraída a los trabajadores” (Carlos Berzosa).

Esta crisis, la primera del siglo XXI, tiene como la ideología neoliberal, el fundamentalismo del mercado, la hegemonía de las finanzas y la creciente desigualdad. Hay una pérdida progresiva de los derechos de la ciudadanía, que proviene de que la soberanía popular ha quedado rehén de los mercados financieros. Ya no tiene contenido alguno la participación ciudadana en el sistema político.

(Benjamín Forcano)