Almodóvar del Río - Cordoba

El ayuntamiento de Almodóvar del Río fue condenado por sentencia firme del 06/10/2011, ratificada por el TSJA el 21/03/2013, a abonar una determinada cantidad por responsabilidad patrimonial cometida ante un ciudadano, por informarle erróneamente sobre las normas urbanísticas de un solar, calificándolo como "suelo urbano consolidado" cuando en realidad no lo era.

Determinadas leyes obligan a que en un plazo de tres meses, las administraciones condenadas por sentencia firme, incluyan en sus presupuestos la indemnización al perjudicado, bajo apercibimiento de sanciones pecuniarias y otras responsabilidades penales a los funcionarios encargados de hacerlo efectivo. Sin embargo, el ayuntamiento, hasta el momento, no ha indemnizado, incumpliendo reiteradamente estas leyes. Este delito se ve respaldado por el juez que, a pesar de haberle solicitado en varias ocasiones que imponga los mecanismos que establece la ley para conseguir que el ayuntamiento cumpla con la sentencia, su respuesta ha sido la de “no ha lugar”.

Dado que los bienes afectos a dominio público son inembargables, el ayuntamiento se parapeta en este privilegio legal, para que el ciudadano favorecido por sentencia firme, NUNCA pueda cobrar. No parece que esta sea una práctica muy respetuosa con el Estado de Derecho en el que pretendemos vivir y del que tanto alardean los políticos. Ahora bien, cuando resulta que es la Administración quien debe cobrar, se cuida muy mucho de hacerlo puntual y religiosamente, persiguiendo al administrado por todos los medios a su alcance.

Con este comentario quiero denunciar públicamente este atropello para que, al menos, los dignos y honrados vecinos de Almodóvar del Río, sepan que sus representantes políticos electos, no pagan ciertas deudas asumidas en nombre de sus representados.

Pues mi hermana tiene algo similar con el ayuntamiento de Estepona
La setencia con la indemnisacion se ha publicado hasta en el B.O.E.pero no hay manera.

Es una vergüenza que la Administración juegue con el ciudadano de esta manera, amparándose en la retrógrada jurisdicción económico-administrativa, cuna de agravios hacia el ciudadano y privilegios para ella como, por ejemplo, estar exenta de tasas judiciales.
¿Por qué hemos de recurrir a un tribunal especial cuando la Administración comete alguna irregularidad con el ciudadano? Se supone que nuestra Constitución ampara la igualdad de TODOS ante la ley, pero una vez más se demuestra que hay excepciones. La Administración y/o sus responsables, deberían responder ante un tribunal común, como cualquier hijo de vecino pero, claro, esto tampoco interesa cambiarlo, porque nos quedaríamos sin tanto inepto que nos gobierna.