Torre de Juan Abad - Ciudad Real

· Castilla-La Mancha
Más de un millón de euros en ayudas para material escolar en la provincia de Ciudad Real
La Diputación de Ciudad Real dobla las ayudas destinadas a libros y material escolar. Las subvenciones se repartirán según el número de niños de cada pueblo de la provincia.
Para acceder a las ayudas, las familias no podrán recibir ayudas de este tipo desde el Gobierno regional, y también deberán estar involucradas en programas de los servicios sociales de los Ayuntamientos.
eldiarioclm.es
07/09/2015 - 18:07h
La Diputación de Ciudad Real ha anunciado que destinará este año un total de 1.014.000 euros para la adquisición de libros y material escolar, lo que señalan es el doble de la asignación que se convocó en el ejercicio pasado. José Manuel Caballero, presidente de la institución, ha señalado que con este incremento del presupuesto se podrán beneficiar unos diez mil menores, frente a los menos de cinco mil que recibieron ayudas durante el año pasado. Dado que se han retomado las becas de comedor desde el Gobierno regional, ahora se ha modificado la convocatoria para evitar "la duplicidad de ayudas".
La institución provincial ha señalado que "lo profundo y efectivo" es colaborar con la Junta de Comunidades para "complementar" el apoyo a las familias que atraviesan momentos de dificultad al vivir con un nivel de renta bajo. Sin embargo, Caballero ha señalado que se deben encontrar en los mínimos fijados atendiendo al mismo baremo establecido con anterioridad, puesto que no se ha variado. En concreto, si son dos miembros, los ingresos deben ser inferiores a 621 euros; tres, menos de 714 y cuatro menos de 776. Sin embargo, si se está pagando una hipoteca de la residencia habitual, la cuantía se puede incrementar en 300 euros más.
Las ayudas ascienden a 100 euros por escolar y se pueden solicitar hasta cinco por familia. Se aumentan dos en relación al año pasado y se fija un máximo por unidad de 500 euros, 200 más que en el curso pasado. De los 100 euros se pueden destinar hasta 25 para adquirir material escolar fungible, es decir, que se gasta con el uso. Caballero ha explicado que los estudiantes pueden asistir tanto a un colegio público o concertado, que la familia colabore con los programas de servicios sociales y que no reciba ayudas de la Junta de Comunidades, si son para los mismos fines.
Por otra parte, la Diputación valorará también los recursos que se acreditan a través de los técnicos de servicios sociales de los gobiernos municipales de la provincia. El presupuesto de las ayudas se ha distribuido según el número de niños que hay en cada pueblo en los cursos de infantil y en primero, segundo, tercero y quinto de Primaria. Caballero valora que un 20% de los niños tendrán derecho a las ayudas, en un esfuerzo "enorme" por parte de la institución provincial, pero en uno de los programas "más bonitos".
"Sabemos que gobernar supone distribuir recursos, pero en este caso no sólo se están cumpliendo compromisos electorales sino también éticos y morales", ha dicho Caballero, quien ha querido dejar claro asimismo que no están dispuestos a permitir que "un solo niño acuda al colegio sin el material básico imprescindible para poder cursar sus estudios". Las familias deberán guardar los comprobantes de la compra para justificar la adquisición para poder acceder a estas ayudas.

Los intereses del PP detrás del convenio que Cospedal hizo con la sanidad privada
El desembolso de una gran cantidad de dinero público en la derivación de pacientes de la sanidad pública a hospitales privados y una serie de escalofriantes negligencias a menores ponen bajo sospecha las intenciones del PP por mantener el convenio sanitario con Madrid.

Adrián López01 de Octubre de 2015
TAGS: INTERESES PP DETRÁS CONVENIO COSPEDAL SANIDAD PRIVADA

El Partido Popular lleva ya varios días glorificando el convenio sanitario que María Dolores de Cospedal contrajo con la Comunidad de Madrid cuando esta era presidenta de Castilla-La Mancha. Tal es el punto, que hasta incluso han anunciado que realizarán movilizaciones a favor de dicho convenio. ¿Pero por qué los ‘populares’ hacen tanto hincapié?
Según la versión oficial del PP, el interés por mantener este ‘contrato’ sanitario con Madrid se debe a que "los ciudadanos de Guadalajara y Toledo tienen que tener los mismos derechos que otros ciudadanos de España y Castilla-La Mancha en materia de asistencia sanitaria". Pero detrás de ese argumentario se han destapado muchos más intereses y no precisamente solidarios.
Pues bien, desde que Cospedal perdiese el Gobierno de Castilla-La Mancha una de las cosas que más han llamado la atención es que el dinero público que se estaba destinando a dicho convenio -65 millones de euros-, estaba recalando en las manos de “hospitales privados, ineficientes e insolventes de la Comunidad de Madrid”. Así al menos lo desveló el actual portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, que aseguró que lo que se estaba produciendo era “una subvención del sector sanitario privado madrileño con el dinero de los castellano-manchegos”.
La estrategia de recortar en lo público para inyectar en lo privado siempre esconde detrás un ánimo de lucro. La intención del impulsar este convenio por lo tanto era clara, mientras Cospedal utilizaba su legislatura para a recortar unos 2.000 millones de euros en sanidad, al mismo tiempo se firmaba un convenio de una cantidad millonaria de dinero para que el retraso que se estaba produciendo en las listas de espera como consecuencia de dichos recortes fuera derivado al negocio privado de la sanidad madrileña.
Nada más producirse un cambio en la institución autonómica, el Gobierno de García-Page ha querido romper desde un primer momento este convenio bajo la explicación de que "los casi 65 millones de euros que esperan cobrar Madrid preferimos invertirlos en nuestra tierra”.
‘Toda inversión conlleva un riesgo’, esta es una de las reglas más sencillas del propio neoliberalismo, pero cuando se habla de sanidad, el riesgo no es económico sino humano. En este caso, el juego de 'recorta y adjudica' tuvo la consecuencia de las tristemente famosas negligencias sanitarias de los niños castellano-manchegos que fueron operados en la clínica privada ‘La Milagrosa’. Incluso los padres afectados declararon que el motivo de acudir a ‘La Milagrosa’ era debido a que el Sescam les ofreció acudir a esta clínica privada para no esperar más tiempo en listas de espera.
¿Traslados kilométricos?
Ahora desde las filas ‘populares’ aseguran no entender la decisión tomada por García-Page y le acusan de “querer eliminar un convenio que facilita tener la atención sanitaria sanidad más cercana, evitando hacer traslados kilométricos", pero ¿no son acaso más kilométricos los traslados que se realizaban de Albacete a los hospitales privados de Madrid?
Los conservadores consideran que Page está poniendo en peligro la salud de miles de vecinos. Parece que algunos no recuerdan o no quieren recordar el escándalo que ocurrió con los niños “operados” en ‘La Milagrosa’ y que detallábamos anteriormente.
Aquellos niños sufrieron las terribles negligencias del centro madrileño. Diez de ellos realizaron viajes de 400 kilómetros para que ni les llegaran a operar de verdad. Los abrieron en canal y les cosieron sin más. A otros les pusieron la anestesia local sin vía y muchos de ellos tuvieron que ser intervenidos meses después debido a las “chapuzas” realizadas en quirófano. Muchas familias denunciaron los hechos al Sescam, que mostró su silencio ante tales aberraciones médicas.
Se abre una puerta para suprimir este convenio
Sobre este asunto se ha pronunciado en las Cortes de Castilla-La Mancha el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, el cual ha asegurado que su homólogo en la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, está de acuerdo en elevar y proponer al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "eliminar todo tipo de convenio sanitario que no esté al amparo de los fondos de cohesión".
“No podemos permitirnos un atisbo de duda sobre el uso de dinero público para el financiamiento de negocios de otro tipo, más si cabe cuando está en juego la salud de las personas y la sospecha de que los pacientes sean utilizados como un número más para cuadrar balances”, de esta manera el consejero castellano-manchego abría la puerta a la supresión de dicho convenio.
Madrid niega haber alcanzado un acuerdo para eliminar el convenio
Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid niega haber llegado a un acuerdo con la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha para proponer en el Consejo Interterritorial de Sanidad la eliminación de los convenios que no estén al amparo del Fondo de Cohesión sanitaria, tal y como había anunciado el consejero castellano-manchego.

· Castilla-La Mancha
Los requisitos que impedirán el ‘fracking’ en Castilla-La Mancha, al detalle
Garantizar la integridad de los pozos, la evaluación exhaustiva de agua, aire y suelo, y la obligatoriedad de garantía financiera por daños ambientales, entre las restricciones que la Junta impondrá a la fractura hidráulica
Se aplicarán a los proyectos ya en marcha en Campo de Montiel y Guadalajara y estarán precedidas de un plan estratégico que busca impedir el fracking en cualquier punto de la región
Alicia Avilés Pozo
03/10/2015 - 08:07h
En el Gobierno de Castilla-La Mancha son conscientes de la imposibilidad de prohibir, vía legislativa, el ‘fracking’ en la comunidad autónoma, pese a que Emiliano García-Page se comprometió con las plataformas a impedir esta práctica en la región. Por eso han buscado una fórmula que les ayude a esquivar lo ocurrido en La Rioja, Navarra y Cantabria, cuyas iniciativas en este sentido han sido declaradas inconstitucionales por invadir competencias del Gobierno central. Se han fijado para ello no solo en las medidas puestas en marcha en Euskadi, región declarada ‘libre de fracking’, sino en las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea. La idea no es prohibir este método de extracción de hidrocarburos, sino restringir las medidas de prevención de tal manera que su práctica sea casi imposible.
Para ello, la Junta ha elaborado junto con las Plataformas Antifracking de Castilla-La Mancha una ley donde se establecen medidas adicionales (que sí son competencia autonómica) de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica. En el borrador, al que ha tenido acceso eldiario.es/clm, se parte del hecho de que dicha técnica plantea problemas específicos como el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los productos químicos utilizados, la emisiones de gas metano y la sismicidad.
Todos los requisitos estarán precedidos de un Plan Estratégico de la utilización de la fractura hidráulica, que debe incluir cuestiones como la expedición previa de autorizaciones para esta actividad, la evaluación de los riesgos por fugas o migraciones, una zonificación del territorio que diferencie las zonas donde quede restringida la fractura y un detalle de distancias mínimas de profundidad y de exclusión.
Para conseguir esa autorización previa, todas las operaciones de ‘fracking’ deben cumplir numerosos requisitos. El primero de ellos es un estudio pormenorizado del emplazamiento, con información geológica del mismo en cuanto a la calidad del agua, del aire y del suelo, la presencia de metano, la sismicidad, la biodiversidad y los pozos existentes. De hecho, se debe garantizar la integridad de los pozos mediante un diseño y una construcción correcta. Estos además serán revidados por un tercero independiente y cualificado para determinar su rendimiento.
Planes de gestión, garantía financiera y carácter retroactivo
Otra obligación será presentar planes de gestión, en los que deben incorporarse los recursos hídricos específicos para el proyecto, el transporte para minimizar las emisiones atmosféricas, y los gases para su captura y utilización posterior. Y ahí no terminan las medidas de prevención. El borrador establece específicamente que los operadores encargados de estas prácticas estarán obligados a paralizar las operaciones y tomar medidas correctoras en caso de problemas de integridad del pozo o vertidos en las aguas subterráneas. A estas empresas también impone la Junta el seguimiento periódico de la instalación y una garantía financiera que cubra las condiciones de la autorización y las responsabilidades por daños al medio ambiente.
Un dato destacable es que este proyecto de ley tiene carácter retroactivo en lo referente a las condiciones del plan estrátegico (zonificación y evaluación de riesgos). Es decir, se aplicará a los permisos ya concedidos o en tramitación referentes a fractura hidráulica. En Castilla-La Mancha, actualmente se realizan estas prácticas en el Campo de Montiel (zona limítrofe entre las provincias de Albacete y Ciudad Real) y en el norte de Guadalajara (Proyecto Cronos autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente). Ningún permiso nuevo, concluye el borrador, se otorgará en la región mientras no se apruebe el plan estratégico mencionado.