Solana del Pino - Ciudad Real

La deuda definitiva que el anterior presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dejó en el Ejecutivo regional asciende a 2.813,7 millones de euros. Al menos, según el informe oficial de la Sindicatura de Cuentas de la Junta, que se ha presentado esta mañana ante la Mesa de las Cortes regionales, según ha podido saber EL MUNDO.es.

Fue el propio Parlamento regional el que le pidió oficialmente este informe el pasado mes de julio. La cifra final es finalmente superior a los 2.600,6 millones de euros que calculó la Consejería de Economía del Gobierno que ahora preside la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

La Sindicatura subraya en su informe que la Junta concedió 381 millones de euros en subvenciones sin dotación presupuestaria y sin reserva de crédito. En ese apartado, el Síndico asegura que se han producido "gastos de cuantía significativa" que no se encuentran contabilizados ni consignados en el presupuesto.

Procedimientos de tramitación

Asimismo, el informe resalta que el Gobierno de Barreda dejó 167.727 facturas sin pagar. De ellas, 86.600 corresponden al ejercicio de 2010 y ascienden a 260,9 millones de euros. El documento oficial también señala la aparición de 274,7 millones de euros en facturas a acreedores "extra presupuestarios".

En otro apartado del informe, la Sindicatura subraya que el periodo que va desde la celebración de las elecciones autonómicas hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno "ha supuesto una paralización en los procedimientos de tramitación e imputación contable de los gastos devengados".

Esa aclaración echa por tierra la justificación de Barreda, que asegura que en ese periodo se disparó el déficit. En ese mes (del 22 de mayo al 27 de junio) no se contabilizó ninguna factura.

El órgano fiscalizador también señala que durante la segunda mitad del ejercicio 2010 se produjo "un bloqueo selectivo del sistema económico-financiero Tarea" (el programa de gestión y contabilidad de la administración regional).

Ese bloqueo provocó que numerosos soportes de gasto devengado no se hayan podido contabilizar, es decir, que el bloqueo selectivo del programa contable impidió que se contabilizaran gastos que se realizaron sin acomodo presupuestario.

El documento, entregado esta misma mañana a los grupos parlamentarios, recoge la situación económico-financiera del sector público. Y señala "pérdidas significativas". Por ejemplo, la empresa pública Don Quijote tiene unos gastos de 3,13 millones de euros euros y unos de ingresos de 959.000 euros; la Fundación General de Medio Ambiente gasta 2,77 millones de euros e ingresa 103.000 euros, y la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos tiene unos gastos de 5,85 millones frente a unos ingresos seis veces inferires, de 804.000 euros.

Estas son las cosas que los ciudados deben conocer y tener presentes cuando se va a votar, por el bien de todos

En el pueblo,da igual,los informes,de la Sindicaturas de Cuentas,que del mismisimo Papa,tras haberse celebrado elecciones,o aqui no llega nada de la informacion de la Junta y de sus impresinantes deudas supermillonarias,o algo falla,por que me temo que en estas proximas elecciones,Zapatero volvera a sacar su mayoria en el pueblo ,y sino al tiempo.

El Partido Socialista ha salido en tromba cada vez que una autonomía gobernada por el PP ha anunciado un plan de lucha contra el déficit, y la palma se la ha llevado María Dolores de Cospedal por sus medidas para Castilla-La Mancha, que ha sido fuertemente atacada por los socialistas.

Sin embargo, una cosa es lo que los socialistas decían de cara a los medios y la ciudadanía y otra lo que hacían internamente. Según informa El Mundo este lunes, mientras José María Barreda asustaba en campaña electoral contra Cospedal, éste negociaba con Hacienda un duro ajuste que contemplaba anular una subida a los maestros, aumentar las tasas universitarias y vender la televisión autonómica. La privatización de colegios, residencias y autopistas también estaba presente en este plan.

El ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha envió su plan al Ministerio de Economía y la respuesta fue que este plan era insuficiente e inconcreto. Todo ello en secreto y mientras atacaban duramente medidas similares propuestas por el PP.

"Se llevarán a cabo los estudios necesarios con vistas a analizar la viabilidad de proceder a la privatización de determinados servicios públicos", indicaba el documento escrito por la vicepresidenta de la Junta, María Luisa Araújo.

El borrador, que no fue aprobado por Hacienda, también establecía el "aumento del tipo autonómico" en el IRPF y "la creación de un nuevo tramo de la escala". La subida del impuesto de Sucesiones y Donaciones también estaba en este plan.

Ahora que los sindicatos de docentes están en armas contra Esperanza Aguirre también se conoce que el plan Barreda incluía además de aumentar las tasas universitarias la "anulación de acuerdos retributivos pendientes con el personal docente" privando a los profesores de la subida salarial prometida y que equivalía a una media de 32 euros mensuales.