Solana del Pino - Ciudad Real

Querella por "supuesto fraude funcionarial": ¿Unos "hechos gravísimos" o una forma de "tapar las vergüenzas de Cospedal"?

La Junta de Cospedal considera que hubo "supuesto fraude funcionarial" en la actuación de dos consejeras del Gobierno de José María Barreda y ha presentado una querella en los tribunales. Una decisión controvertida que podría "judicializar la vida política", como advierten algunos letrados. Por su parte, el vicepresidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, ha defendido la operación realizada en 2008 en "defensa del patrimonio" de Ciudad Real y ha censurado la querella presentada por el Gobierno de esta región al entender que es una operación que sólo busca "tapar las vergüenzas de Cospedal".


SANTIAGO MORENO Y LEANDRO ESTEBAN.
Santiago Moreno ha recordado que él era el delegado del Gobierno en Ciudad Real cuando se decidió comprar la Casa de la Cruz Roja en Ciudad Real, según reclamaban varias organizaciones ciudadanas, por tratarse de una actuación que buscaba salvaguardar un bien inmueble.

Moreno ha señalado que existe documentación pública que constata que aquella compraventa se realizó "por debajo" del precio de mercado, a pesar de que hubo que sumar al precio del inmueble los costes ocasionados por la paralización de una obra que, según ha dicho, perjudicó a una inmobiliaria local.

El diputado socialista ha respondido así al Gobierno de María Dolores de Cospedal, que este viernes se ha querellado contra la exvicepresidenta del Gobierno de José María Barreda María Luisa Araújo, contra la exconsejera de Cultura Soledad Herrero y contra el expresidente de la empresa pública Gicaman Juan Cámara Fernández de Sevilla por supuesto "fraude funcionarial". En el escrito se sostiene que en la compraventa se produjo "una elevación injustificada en el precio de compra" del inmueble.

"No hay nada de lucro ni de fraude", ha argumento Moreno, que ha acusado al Gobierno de Cospedal de "mala intención" y de "deformar la política" en su empeño de "tapar el desastre económico" por el que atraviesa Castilla-La Mancha.

LA VERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha calificado de "gravísimos" los hechos que se describen en la querella que la Junta de Comunidades ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha contra dos exconsejeras del anterior Gobierno del PSOE en la región.

La Junta confirma la información publicada por Europa Press en la que se explica que los hechos acontecieron en octubre de 2008, cuando GICAMAN adquirió de la Sociedad de Promociones y Construcciones Aldea Fernández un inmueble sito en la calle Ronda de Ciruela, 24, en Ciudad Real, con una superficie construida de 412 metros cuadrados, por un precio de 4.538.924 euros, cuando esa misma sociedad compró en el año 2006 a Cruz Roja el citado inmueble por un precio de 3.353.647 euros, ha informado la Junta en nota de prensa.

Según la querella, estas cantidades, que responden a los intereses del préstamo que GICAMAN firma con un banco y al beneficio que obtiene la propia GICAMAN con ello cuando "estos gastos podrían haberse evitado si la Junta hubiera adquirido directamente de los propietarios, sin establecer el artificio o fraude en la contratación". Asimismo, el documento indica que la Junta encargó a GICAMAN la compra del inmueble cuando podría haberlo realizado evitándose gastos injustificados que irían directamente a beneficio de GICAMAN.

La querella también apunta que en 2008 la Junta podría haber adquirido el inmueble sin necesidad de pagar las cuantías que no corresponden al precio de la compraventa y a los intereses del préstamo, puesto que cuenta con sus propios servicios de patrimonio.

En definitiva, la Junta de Castilla-La Mancha señala que se podría haber cometido un fraude funcionarial tipificado en el Código Penal, señalando que la autoridad o funcionario público que se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público incurrirá en las penas de presión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha explicado que ante la gravedad del hecho que podría ser constitutivo de delito se ha decidido emprender acciones legales y ha señalado que, con ello, el Gobierno regional pretende que se esclarezcan los hechos para que todos los ciudadanos conozcan la verdad de un posible empleo de dinero público de manera fraudulenta.

En este sentido, Esteban ha señalado que el Ejecutivo autonómico se mantendrá al margen del proceso legal para que se trabaje con libertad en el caso.

dclm.es