Moral de Calatrava - Ciudad Real

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha interesado la admisión a tramite de la querella interpuesta contra el alcalde de Gádor (Almería) y senador del PP Eugenio Gonzálvez al ver indicios de prevaricación en la adjudicación de un contrato de obras que ascendió a 144.837 euros pero que se tramitó "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local gadorense expresa su "reparo".

Como ya informó El Plural la semana pasada, el senador Eugenio Gonzálvez estaba citado a declarar por un Juzgado de Almería, en un procedimiento judicial iniciado por los concejales socialistas a raíz del pago de unas facturas de obras, que fueron aprobadas por Gonzálvez sin atenerse a la normativa legal, y pese al informe en contra del Secretario-Interventor.

En contra de la Ley de Contratos
Hoy se ha conocido que el escrito del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press y remitido al ponente de la causa especial, el magistrado cordobés Juan Ramón Berdugo para que se pronuncie, cree que la actuación de Gonzálvez contraviene la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado, al tiempo que considera que en la adjudicación de obra y en la orden de pago se "prescindió totalmente" del proceso que fija la normativa.

Omitió los requisitos legales
Atribuye, en esta línea, al senador popular y primer edil gadorense "conocimiento de la ilegalidad en su comisión" ya que, según subraya, al margen del informe que advertía de los "graves defectos administrativos" en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007 "omitió los más elementales requisitos procedimentales" con respecto a tres mercantiles, por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

Alcalde “tramposo”
El portavoz socialista, Juan Antonio Almansa, explicó anteriormente que “esta denuncia está motivada porque, una vez más, Eugenio Gonzálvez ha actuado en el Ayuntamiento de Gádor sin atender a la Ley y acusó a Gonzálvez de “tramposo por camuflar las irregularidades presentando varios presupuestos para la contratación, unos presupuestos que no existían cuando se debían haber presentado".

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