Moral de Calatrava - Ciudad Real

Ni el más pesimista en la Junta de Castilla-La Mancha preveía una situación tan adversa en el proceso judicial abierto por la muerte de once trabajadores forestales durante el incendio que en julio de 2005 arrasó casi 13.000 hectáreas en Guadalajara. Tras cuatro años de investigación, numerosos testimonios y pruebas periciales, la juez del caso, María del Mar Lorenzo, ha cerrado la instrucción con la imputación por imprudencia grave de toda la cúpula de la Consejería de Medio Ambiente que afrontó aquella catástrofe.
El auto dictado ayer sienta en el banquillo a la entonces consejera, Rosario Arévalo, quien dimitió días después; a su número dos, José Ignacio Nicolás, que hasta ayer no presentó su renuncia como director general de Política Forestal; al ex delegado provincial de Medio Ambiente, Sergio David González Egido, y al ex director del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz. A todos ellos se les imputa un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Se enfrentan a una pena mínima de un año de prisión y una multa de doce meses.