Manzanares - Ciudad Real

"Copio y pego". Me ha parecido interesante, aunque es más largo y "me he permitido" la licencia de "recortarlo", como está de moda ...

La Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), formada, entre otros, por expertos en derecho constitucional, reclama una reforma de la Constitución antes de las elecciones generales de 2015 para atajar el «declive» de la democracia en España, responsabilidad de unos partidos dominados por una «oligarquía» que se ha dedicado a «colonizar» y «asaltar» todos los campos de la vida política y social.
Reforma de la Justicia
“El Consejo General del Poder Judicial no solo no garantiza eficazmente la independencia judicial, sino que la perturba”, denuncia Funciva “mediante una política de nombramientos de magistrados de altos tribunales que la opinión pública percibe, con razón, motivada más por razones de afinidad política partidista que de mérito y capacidad”.
Reforma del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional, «la clave de bóveda del Estado Constitucional» en tanto que es el responsable de dirimir, en última instancia, «los conflictos jurídico-políticos que puedan surgir en la vida del Estado», se enfrenta a problemas similares a los del CGPJ: ha sido «colonizado» por los partidos políticos, su prestigio ha quedado dañado gravemente, se ha convertido en una suerte de «Tercera Cámara en la que existe también una división entre mayoría y oposición» y algunos casos tardan hasta diez años en resolverse.
Reforma de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal
Frente a crisis de deuda como la sufrida en 2010, cuando el déficit alcanzó cifras que superaban el 10%, reconoce la estabilidad que aportó la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución Española. Esta medida introdujo la estabilidad presupuestaria en la Carta Magna. Pero, mientras otros estados miembros de la UE han incorporado autoridades fiscales para cumplir con las exigencias de Bruselas, España ha instaurado una autoridad fiscal con «algunas carencias claves que dentro del contexto que vive nuestro país, la puede hacer disfuncional». Los responsables de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal son nombrados directamente por el Consejo de Ministros, «una muestra más de la imposibilidad de mejorar la autonomía y profesionalidad de las agencias independientes en España».
Reforma de la Ley de Transparencia
La ley de transparencia aprobada por el Gobierno, según Funciva, tiene deficiencias: «La consideración del derecho de acceso como meramente subjetivo, la limitación de su aplicación al derecho administrativo, las causas poco claras para que el poder público pueda restringir la norma en sus propios ámbitos de actuación o la imposible independencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno establecido para garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno».
Reducción del número de aforados
«El aforamiento es una figura procesal que no existe prácticamente en ningún Estado de Derecho de nuestro entorno. Ni en Alemania, ni en Francia, ni en Portugal, ni en Italia, hay aforados. En Francia el aforamiento sólo está previsto para los miembros del Gobierno. Frente a esa situación, España ostenta el récord de aforados: unos diez mil cargos públicos». El aforamiento blinda a quienes están protegidos por él «de la posibilidad de ser imputados y juzgados por tribunales de primera instancia».
Reforma del indulto
La concesión de ciertos indultos «suponen una burla a la Justicia, y un ataque a la división de poderes». «El Gobierno se escuda en que el derecho de gracia está previsto en la Constitución, y así es, pero no puede ser interpretado de forma aislada y con independencia del resto de principios y valores constitucionales», denuncia Funciva. La concesión del indulto, que corresponde al Gobierno a instancia del Ministerio de Justicia, «es una reminiscencia del Antiguo Régimen en el que el Rey como soberano era el verdadero juez supremo».
Reforma de la Ley de Partidos
Los partidos políticos merecen «un profundo replanteamiento» en su organización y funcionamiento interno, pues «han adquirido un protagonismo excesivo que ha favorecido que se desarrollen estructuras de poder interno resistentes y “arbitrarias” mediante su capacidad para intervenir en la designación de las personas que forman parte de todas las instituciones públicas».
Reforma de la Ley de Régimen Electoral General
Según Funciva, en España se dan «todas las exigencias para llevar a cabo una reforma electoral»: la aparición de nuevas fuerzas políticas que reclaman una mayor proporcionalidad del sistema electoral, el surgimiento de demandas de grupos ciudadanos con fuerte impacto en la opinión pública y la aparición de un «reguero de corrupción política que afecta a las instituciones y a los grandes partidos políticos». «Por todo ello, resulta necesario plantearse una reforma de la LOREG que profundice en la conexión entre los votantes y representantes».
Reforma del Derecho parlamentario
Pocas instituciones han sufrido un «vaciamiento mayor de su poder real y efectivo que las Cortes Generales a lo largo de estos años», subraya Funciva. «El proceso de implementación de sus funciones, en un Estado con una forma de gobierno parlamentaria excesivamente racionalizada y una organización interna de sus cámaras también muy determinada por la importancia de los grupos parlamentarios como sujetos políticos centrales, han hecho que el Parlamento quede en manos del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos».
Refuerzo de la lucha contra la corrupción
Funciva cree que deben tipificarse como delitos «el enriquecimiento injustificado de funcionario o cargo público y la financiación ilegal de un partido político». Es necesario «potenciar los medios humanos y técnicos que velan por la estabilidad el sistema lo protegen de las distorsiones que produce la corrupción». Eso se consigue mejorando la independencia y funcionalidad de órganos fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas. El informe urge también a obligar a los sindicatos y fundaciones de los partidos a rendir cuentas políticas y administrativas. La corrupción debe ser castigada con dureza, añade Funciva, y se debe actuar sobre la Ley de contratos del Sector Público, «completándola con una legislación aún no existente sobre los lobbies y los conflictos de interés». «La Ley de transparencia puede actuar positivamente en ambos, pero hacen falta además medidas específicas que hagan eficaces estos criterios».