Manzanares - Ciudad Real

El próximo miércoles comienza el juicio a Carlos Fabra, en el que el cacique castellonense del PP se enfrenta a una condena de hasta 13 años de cárcel e indemnizaciones cercanas a los 700.000 euros

Los delitos que se le imputan son los de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales, todos derivados de la gestión que el entonces presidente de la Diputación de Castellón y ahora presidente de la Cámara de Comercio de la misma provincia, habría realizado entre los años 1999 y 2004 ante diversos organismos del gobierno de José María Aznar, para facilitar la comercialización de productos fitosanitarios registrados a nombre de diversas empresas de los acusados, entre ellas, una que tenía como titulares a las entonces esposas de Vilar y Fabra, y a él mismo como administrador único.

Un problema de cuernos

¿Pero qué fallo cometió Fabra para que el presunto negocio ilícito saltara a la luz? Lo cierto es que las denuncias de su hasta entonces socio y amigo Vilar, acusándole de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de su mediación, se produjeron poco después de que en 2003 Vilar fuera denunciado de secuestro y violación por su entonces ya ex mujer y también socia en el negocio, Monserrat Vives.

Hasta esa fecha, la relación de ambas parejas, los Fabra y los Vilar, había fructificado a la misma velocidad que florecía el negocio de los fitosanitarios, pero el deterioro de ambas relaciones, unida a la sospecha de Vilar de que su expareja le engañaba con el presidente provincial del PP, empujó al empresario, que se sentía abandonado por todos sus socios (Fabra dejó de atenderle cuando fue denunciado por Vives, a la que albergó en su domicilio) y alejado de unos beneficios que ellos sí disfrutaban (por dejar su empresa a nombre de ellos para mantenerse él limpio), le animó a delatarlos.

¿Se trataba solo de una venganza personal? Lo cierto es que, pese a las constantes dilaciones, durante la instrucción e investigación de la causa -que no siguió las querellas de Vilar, sino que se inició a partir de los indicios delictivos que estas sugerían-, la declaración de diferentes testigos (además de los citados, durante los últimos años también lo han hecho otros destacados políticos populares, como Esteban González Pons) ha confirmado las reuniones y los peritos judiciales han hallado en las cuentas y el patrimonio de Fabra y su exmujer, María Amparo Fernández, alrededor de 3,7 millones de euros considerados ingresos no justificados por los inspectores de Hacienda y tampoco declarados a la Hacienda pública, lo que justifica dos de las acusaciones de fraude fiscal. Por otro lado, Vilar (que fue condenado por la violación y la agresión y cumple en la actualidad la pena de 10 años de cárcel) y Monserrat Vives ya han sido condenados a multas y penas de prisión por falsificar documentación ante el Ministerio de Agricultura para obtener los permisos para comercializar sus productos. Una causa en la que Fabra y su expareja-pese a que la Fiscalía anticorrupción estimaba probada su participación- evitaron la imputación por mediación de la Audiencia Provincial de Castellón.