Manzanares - Ciudad Real

El escándalo de los ERE supera a los casos «Malaya» y «Gürtel».

Se ha convertido en la trama con mayor número de imputados: ya son 116 implicados y aún no ha concluido la instrucción.


La imputación el lunes de 23 personas más en el escándalos de los ERE de Andalucía sitúa este caso como el primero en número de personas implicadas, y eso que la fase de instrucción aún está lejos de llegar a su fin. En total, la juez Mercedes Alaya ya ha imputado a 116 personas.

En cuanto al dinero defraudado en la gestión de los expedientes de regulación de empleo presentados y ejecutados, se calcula que la cifra asciende a 721 millones de euros.

Caso «Malaya»

El «caso Malaya» fue el mayor fraude de corrupción urbanística. Las 86 personas que se sentaron en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Málaga por el caso Malaya gozan del dudoso honor de haber participado en el mayor macrojuicio de la Historia de España, como demostró la enorme expectación mediática generada. Durante la instrucción llegaron a ser 95 imputados. El valos de los biene sintervenidos fue de 2.400 millones de euros. En este momento, el juicio está pendiente de que se dicte sentencia, tras 22 meses y casi 200 sesiones.

Caso «Gürtel»

Cuantificar el número exacto de imputados en el «caso Gürtel» es difícil por la complejidad de las distintas instrucciones que se siguen en Madrid (2) y en Valencia (6), ya que hay personas que están imputadas en más de un procedimiento y otras que han sido desimputadas. Fuentes conocedoras del caso estiman que en este momento debe haber cerca de 100 imputados: 80 en Madrid y en torno a 15 en Valencia. Los cálculos policiales estiman que el dinero público desfalcado es de 201 millones.


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SeguirÁ ofreciendo su apoyo I.U. al psoe andaluz despues del caso " eres"...
El problema de todo los ERES andaluces donde se prejubilaban madres, suegras, hijos, hijas ,nueras, yernos de la familia socialista y de los afines a los sindicatos tenían que tener conocimiento no solo Chaves, Griñán ,Zarrías Etc. es que la nueva presidenta de la Junta estaba con Griñán y algo huele a podrido ,una pena tanta corrupción mires por donde mires y la verdad con ver como viven y las posesiones que tienen gracias a un sueldo te das cuenta que el de la nómina es el perjudicado si o si.

La juez Alaya pide la imputación de Chaves y Griñán por el «caso ERE»

La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta ha dictado este martes un auto en el que comunica la existencia del procedimiento "en calidad de imputados" a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a cinco exconsejeros, todos ellos aforados al tratarse de diputados en el Congreso o de parlamentarios andaluces.

Estas imputaciones, que elevan a 123 los acusados en el caso de los ERE, se producen el mismo día en el que el nuevo Gobierno de la Junta toma posesión y tres días después de que lo hiciera Susana Díaz como jefa del Ejecutivo regional tras la marcha de Griñán.

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, acuerda "comunicar la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados a tenor del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", a las citadas personas, por su presunta colaboración para un "uso ilegal y continuado de fondos públicos".


Sobrecomisiones

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, estos siete altos cargos permitieron cobrar sobrecomisiones a las mediadoras que gestionaban los ERE o llevar a cabo, "a cambio de ciertos favores, las modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios, desde abril del año 2000 ese uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación".

La Junta creó "la partida fraudulenta a través de un trasvase de fondos de la partida presupuestaria adecuada para la concesión de subvenciones, que ascendió a más de 93 millones de euros en menos de dos años", añade el auto.

El convenio marco de julio de 2001 y las transferencias de financiación instauradas a partir de 2002 tuvieron como consecuencia "eludir el cumplimiento de la Ley de Subvenciones, que sujetaba el procedimiento a estrictos trámites, y los controles de la Intervención, provocando además millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década", añade Alaya.


«Consecuencias procesales extrañas»

La juez hace un análisis de las consecuencias de la imputación de personas aforadas y reconoce que se trata de un proceso con "consecuencias procesales extrañas" y que les deja en "una condición harto peculiar".

Así, explica que como juez de instrucción "no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación" pero "sí puede y debe hacer dos cosas: la primera, darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean" y la segunda, "tras agotar las diligencias de investigación que en su caso pudieran determinar cierto grado de responsabilidad de los aforados, remitir testimonio de la causa al tribunal superior competente".


Declaración voluntaria

Tal como hizo la Audiencia de Sevilla en un auto de julio pasado que respaldó la actuación de Alaya, los aforados que hasta ahora hayan tenido un "conocimiento mediático de la causa" pueden personarse e incluso "solicitar su declaración voluntaria ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin esperar al suplicatorio de dicho tribunal ante las Cámaras a las que hubieren pertenecido".

Alaya dice "ser consciente" de que en la práctica en estos casos puede producirse un "efecto multiplicador de la expectación e influencia negativa de los medios de comunicación sobre dichas personas, pues primero pueden verse señaladas en la presente resolución como imputados, más tarde y en su caso en la exposición razonada si hubiere lugar, y finalmente como inculpados por el tribunal superior, si procediere".

No obstante, la juez considera que es momento de comunicar la existencia del procedimiento a los aforados a la vista de "la relevante documentación aportada, especialmente los informes de la Intervención General, la documentación presupuestaria, la procedente de la Dirección General de Trabajo" y las subvenciones a la Sierra Norte de Sevilla.


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