Manzanares - Ciudad Real

Borrado por un Moderador.

Muy bien pasodeltodo, en otro hilo aparte si, no mezclar hilos...

Que sean juzgados y si son culpables a la carcel con ellos,....

Esto es una verguenza.

TODOS LOS CORRUPTOS A LA CARCEL Y QUE DEVUELVAN EL DINERO ROBADO

¿Devolver?

Ese es el problema de este pais, nadie devuelve nada.

Fiscalía investiga al ex alcalde de Alicante por "fabricar" contratos para ocultar su enriquecimiento personal. Hacienda ha detectado que Luis Díaz Alperi atribuía a terceros los beneficios que él obtenía en transacciones comerciales, algunas siendo alcalde, para evadir impuestos. La investigación surge tras la denuncia presentada por Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por presunto fraude fiscal.

El magistrado instructor de esta denuncia será Antonio Ferrer, según ha informado este viernes el TSJCV. Fuentes judiciales han confirmado que Díaz Alperi ha acudido esta mañana a los juzgados con su abogado para personarse en el procedimiento.

Hacienda ha detectado al menos tres operaciones en este sentido. La denuncia que se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia apunta a que pudo obtener 2 millones de euros ilícitamente y no declarados.

La denuncia también se dirige contra pequeños empresarios que habrían participado en el fraude, como José Contreras y Antonio Moreno, así como contra Antonio Solana, uno de los grandes promotores de Alicante y ex presidente del Alicante CF acusado de financiar al ex alcalde durante años en el caso Brugal.

Fiscalía y Hacienda llevan dos años preparando la denuncia y recopilando contratos supuestamente fraudulentos.

En su denuncia, facilitada este viernes el por TSJ de la Comunidad Valenciana, la Fiscalía duda de que con sus sueldos, el ex alcalde de Alicante pudiera haber hecho frente a las multas impuestas por Hacienda ya que "quien realmente paga es Luis Diaz Alperi, y quien, por lo tanto, tiene el dinero y ha obtenido el ingreso para pagarlo es Luis Díaz Alperi".

En consecuencia, dice el ministerio público, "dificilmente se puede entender que el obligado tributario Díaz Alperi, derivados de los rendimientos de su trabajo personal en el Ayuntamiento, las Cortes Valencianas, así como mimebro de los consejos de administración de la empresas referidas, pudiera haber obtenido" 2 millones de euros para hacer frente a dos multas impuestas por Hacienda a dos empresas, Champaka de Promociones y Taller de Contabilidad.

La investigación apunta que, pese a que fueron estas dos sociedades las que abonaron las sanciones, el dinero salió directamente de la cuenta del ex alcalde y actual diputado del PPCV.
El bufete del hermano de Castedo, citado como testigo

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha propuesto la declaración como testigo de los responsables legales del bufete de abogados Salvetti, de Alicante, en el marco de la denuncia interpuesta contra el ex alcalde de Alicante por tres delitos de fraude fiscal. Salvetti es además, según Anticorrupción y la Policía Nacional, el despacho que tramitó todos los supuestos "pelotazos" del Plan general de Alicante, que se investigan en el caso Brugal.

Uno de los socios de este bufete es José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ambos imputados por el juez Juan Climent en la supuesta trama urbanística en torno al plan general de la ciudad, que se investiga en una de las piezas separadas del caso. El otro socio es Javier Gutiérrez, ex concejal socialista en Alicante, también imputado.

Según la nueva denuncia de la Fiscalía, Salvetti contrató como asesor a Díaz Alperi cuando éste renunció a la Alcaldía a favor de Sonia Castedo. Las conversaciones destaparon cómo el ex alcalde y actual diputado del PPCV ordenó a los grandes promotores de Alicante tramitar los cambios urbanísticos que más les interesaban a través de este despacho.

La mayoría de las alegaciones que presentaba el hermano de la alcaldesa fueron aprobadas, según la investigación de Brugal. A cambio, recibían grandes cantidades de dinero de los constructores, siempre según el sumario.

La Fiscalía quiere interrogarlos para confirmar si el dirigente popular ocultó hasta dos millones de euros en beneficios y determinar cómo consiguió el dinero ya que sospecha que con su sueldo de diputado no pudo hacer frente a las multas de la Agencia Tributaria.