Malagón - Ciudad Real

El 'caso Bono'

10:56 | 26 de abril, 2010 Editorial

Ahora sí, luz y taquígrafos. Ahora sí, transparencia.

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Bono no puede mantenerse en su pretendida condición de intocable. / Efe

Ahora sí, luz y taquígrafos. Ahora sí, transparencia. La tercera autoridad del Estado no debe envolverse por más tiempo en su pretendida condición de intocable, ni seguir refugiándose en la tela de araña de los intereses creados, en ese stablishment tan ajeno a la democracia, mezcla de amistades, favores y poder, que parece capaz de todo por “uno de los nuestros”. Hasta ahora hemos contemplado con cierto asombro las reacciones que se han sucedido ante las noticias publicadas por este periódico, donde nos hemos limitado a dar cuenta del llamativo incremento patrimonial de José Bono. Ojalá la totalidad de la prensa de este país mostrara siempre tan escrupulosa forma de actuar en estos casos. Mientras, el socialista ha recibido el apoyo incondicional de personas y medios, desde el editorial de algunos diarios hasta la defensa encendida de famosos columnistas, que presuntamente se encuentran en las antípodas del PSOE; incluso desde el propio PP, como fue el caso del extravagante Nacho Uriarte. Estaban entonces en su derecho de amparar al manchego –aunque nunca hubo ningún ataque, sólo información contrastada–, y estaba este periódico en el suyo –derecho y deber– de ofrecer a los lectores lo que consta en los registros públicos como propiedades del político.

Pero la factura aportada ayer por LA GACETA abre un escenario distinto en el que todos van a tener que retratarse nuevamente. Según el documento, la decoración de una de las numerosas propiedades del presidente del Congreso –concretamente la de Olías del Rey– fue pagada por la constructora Reyal Urbis, empresa propiedad de su amigo Rafael Santamaría. Esta información es de una importancia tal que no permite más salida que la de las respuestas transparentes: explicaciones precisas que aclaren por qué, o a cambio de qué, un empresario de la construcción abona las cuentas de un alto cargo político. En realidad parece justo exigirle al señor Bono que ejerza esa virtud pública de la que tanto ha presumido, y que aproveche para ilustrarnos, con todo lujo de detalles, en qué consiste su estrecha relación con Santamaría, si le ha comprado un exclusivo apartamento en Estepona –o dos, según el Registro–, con qué propiedad no declarada anteriormente llevó a cabo la permuta, y si es cierto que en un hotel propiedad del empresario se alojan las cuadrillas que reforman las casas de Bono.

Sólo con lo hasta ahora publicado parece lógico, y hasta urgente, que el Partido Popular exija una investigación de la Fiscalía. También el PSOE debiera mover ficha, porque no hace tanto que respondieron con celeridad y firmeza ante un caso parecido: al conocer que una constructora no había cobrado las reformas de la casa de Joan Ignasi Pla –entonces secretario general de los socialistas valencianos–, José Blanco exigió explicaciones convincentes y, como Pla no supo darlas, fue obligado a dimitir en apenas 24 horas. Sería un gran servicio a la democracia si ahora el partido de Ferraz actuase con la misma firmeza y rapidez.

La sociedad recibe a través de los políticos, los periodistas y los jueces, la calidad y el limpio funcionamiento del Estado de Derecho. Sin intocables, sin excepciones. Ahora necesita saber si existe o no el caso Bono.

Es hora de exigir luz, taquígrafos, explicaciones y transparencia, sobre todo transparencia, la palabra que tanto está esgrimiendo el presidente del Congreso.

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