Bolaños de Calatrava - Ciudad Real

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales
a cambio de la concesión de cursos de formación para parados a varias empresas especializadas en esta
clase de docencia.
La investigación tiene lugar después de la presentación de una denuncia en la que se afirma que entre los
años 1998 y 2002 uno de los funcionarios de la Consejería de Economía recaudó, en nombre del PP, el
15% del importe de los cursos para parados adjudicados por la Generalitat.
La Consejería de Economía, de la que depende el Servef, no ha respondido a los requerimientos de este
periódico. Sin embargo, una comunicación de la secretaria general del Servef, Pilar Máñez, da cuenta de
que a primeros de año inició "actuaciones previas en aras a esclarecer los hechos denunciados y
determinar las posibles medidas legales a adoptar con arreglo al vigente ordenamiento jurídico".
La denuncia, presentada por un ex socio de una de las empresas que supuestamente pagaban la mordida
del 15%, atañe al periodo entre 1998 y 2002, aunque se ha presentado ahora.
Las comisiones se pagaban en talones al portador en cantidades que nunca superaban los 3.000 euros
(500.000 pesetas de entonces) para evitar que se pudiesen rastrear por parte de la Agencia Tributaria. Las
empresas adjudicatarias de los cursos de formación -entre las que figuraban las sociedades Eurotutor,
Medicontrol e Interlumen- que aceptaron pagar las comisiones llegaron a superar la decena, según la
denuncia.
De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, el funcionario, ya jubilado, Fernando
Machí, era el encargado de entregar la lista con las empresas seleccionadas para impartir los cursos a los
parados. Esta lista, supuestamente, incluía a las empresas que se habían comprometido a pagar la
comisión a cambio de la concesión.
Machí negó que hubiese sido requerido por el Servef para aclarar las adjudicaciones. "Siempre ha habido
rumores, era habitual que eso ocurriera, pero yo sólo era uno más del comité que adjudicaba los cursos",
sentenció.Machí reconoció que, en la etapa referida, se denunciaron irregularidades en la adjudicación de
cursos de formación para parados, pero que ningún juzgado le llamó a declarar. "Está todo como se hizo
siempre, a nosotros nos llamaban el clan del Inem y en aquella época se denunció a una serie de empresas
porque tenían muchos cursos", explicó el funcionario retirado. Machí recordó, además, que el superior del
que dependía, el entonces director territorial de Formación de la Generalitat en Valencia, Joaquín Vañó, es
hoy director gereral de Formación y Cualificación Profesional de la Generalitat.
La denuncia, sin embargo, da detalles precisos sobre el modo de funcionamiento y adjunta varias notas
manuscritas. En una de ellas se reclama a las empresas Eurotutor, Medicontrol e Interlumen las comisiones
de los cursos para parados que les habían sido adjudicados entre diciembre de 1998 y febrero de 1999.
Otro de los documentos que la denuncia asegura incluir es un escrito en el que aparecen los números
hechos por el denunciante y por el denunciado sobre las cantidades entregadas y las pendientes.
En el escrito se indica que Machí llegó a ser presidente del comité que concedía los cursos de formación
para parados, en el que también estaban representados los principales sindicatos y diversos miembros de
consejerías. Posteriormente, el propio funcionario, siempre según la denuncia, se encargaba él mismo de
supervisar que se impartiesen los cursos para parados.
Según los cálculos del denunciante, que fue socio de una de las empresas que abonaron la comisión del
15% por cada adjudicación, las cantidades recogidas a cuenta de los cursos para parados pudieron llegar a
los tres millones de euros durante el periodo comprendido entre 1998 y 2002.
Además de los cursos de formación para parados, y siempre según la denuncia, las intermediaciones en
nombre del Partido Popular también se produjeron en la adjudicación de controles de calidad, programas
juveniles y sociales a cambio de porcentajes que oscilaban entre el 5% y el 15% del monto total.
Los escándalos relacionados con la adjudicación de cursos de formación no son algo nuevo. La Consejería
de Economía ya abrió en 2001 un expediente sancionador al propio Machí en relación con la homologación
de las academias que impartían cursos para parados.