Bolaños de Calatrava - Ciudad Real

Benito Martín Ortega, notario de Torrelodones, fue espiado durante el verano de 2006 tras reunirse con la
presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, en la sede de la calle de Génova para relatarle supuestas
irregularidades urbanísticas. El notario también le expuso a la presidenta regional sus dudas sobre el
destino de las aportaciones que algunos empresarios entregaban a dirigentes del PP local para financiar el
partido, según avanzó la cadena SER. Según sus sospechas, los recaudadores se quedaban con este
dinero.
El seguimiento a Martín se produjo en la misma época en la que fueron espiados los ex concejales
populares de Torrelodones Jesús Pacios y Reyes Tintó, que denunciaron ante Francisco Granados,
secretario general del PP madrileño, supuestas decisiones urbanísticas interesadas del alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño, y del jefe del PP local, el diputado nacional Mario Mingo.
Tras el encuentro con Aguirre, Martín Ortega fue objeto de un espionaje exhaustivo entre el 31 de julio y el 9
de agosto de 2006. El dispositivo incluía varios turnos de seguimiento entre las ocho de la mañana y las
diez de la noche, según la SER. Una vez terminada la investigación sobre el notario se elaboró un dossier
con completa información sobre sus cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias, números de teléfono,
identificación de sus familiares y coches. El informe incluye una treintena de fotografías de los movimientos
del notario. "No tenía noticias de que me hubieran espiado, pero no me extraña. He tenido miedo físico",
asegura Benito Martín, que señala directamente a la cúpula del PP local y a empresarios afines como los
responsables del espionaje.
El notario de Torrelodones participó en la comisión de investigación que se creó para aclarar las supuestas
denuncias de corrupción. Entre ellas el intento de recalificar el Área Homogénea Norte (AHN), una zona
protegida de 128 hectáreas donde el Ayuntamiento pretendía construir 1.500 viviendas, un campo de golf y
un centro de ocio. Otra de las polémicas decisiones fue la expropiación de un solar para construir un
aparcamiento municipal. El constructor propietario del terreno denunció que el alcalde le pidió 150.000
euros a cambio de no ejecutar la expropiación. El notario relató, además, que algunos empresarios habían
aportado dinero al partido para pagar los guardaespaldas de dirigentes populares en el País Vasco y que
nunca había llegado a su destino. "Vivimos en un estado policial. Aquellos que hemos criticado al alcalde
estamos liquidados", cuenta. Tiene un sentimiento de impotencia: "Hay una mafia empresarial en Madrid
que es capaz de cualquier cosa para lograr sus intereses. No entiendo cómo todavía un fiscal no se ha
metido en el asunto".
Benito Martín cuenta que estudia llevar el caso a los tribunales. Su consuelo son las llamadas de políticos
del PP nacional que le han dicho que lo ocurrido es una vergüenza.