Almodóvar del Campo - Ciudad Real

El ministro de Economía anunció ayer, a bombo y platillo, una propuesta del Gobierno para implantar la dación en pago y congelar los embargos entre las familias más humildes. Sin embargo, este discurso esconde muchas expectativas y pocas posibilidades reales.

Modificar el actual marco hipotecario no es tarea fácil, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de saldar el crédito con la hipoteca. Sin embargo, entre la nada y ese punto, es verdad que existen varios aspectos de mejora.

Para evitar crear falsas expectativas, aquí tienes un listado de puntos sobre qué se puede hacer realmente y qué se está haciendo ya:

1-. La dación en pago no se puede aplicar con carácter retroactivo: el ordenamiento legal español no contempla el efecto retroactivo, esto hace que quienes ya tienen firmada una hipoteca sin la opción de dación en pago, no puedan saldar la deuda con el banco entregando la vivienda y deban ceñirse a lo recogido en su contrato.

Del mismo modo, el Gobierno está atado de pies y manos, ya que la normativa le impide obligar a los bancos a aceptar los inmuebles como pago de la hipoteca, por el citado motivo del efecto retroactivo. Si lo hiciera, podría enfrentarse a un conflicto judicial.

Además, las emisiones de cédulas hipotecarias de los bancos se han hecho con las garantías actuales, por tanto, un cambio en esta dirección supondría una debacle también en los mercados, que salpicaría a inversores internacionales, lo que dañaría la imagen y los intereses del país, más necesitado que nunca del apoyo del mercado internacional.

2-. La dación en pago ya existe: la normativa hipotecaria actual ya contempla esta fórmula, pero apenas se aplica porque, al ofrecerse menos garantías -sólo la vivienda adquirida, sin ninguna responsabilidad extra por parte del comprador-, los bancos exigen más intereses y conceden menos crédito -en vez de financiar el 100% o el 80% de la vivienda, conceden el 50% o 60% del valor del inmueble-.

No obstante, sí que se puede obligar a los bancos a informar más sobre este tipo de hipotecas, forzales a promoverlas y exigírles que adviertan con mayor rigor sobre los peligros que esconde la fórmula tradicional, algo que ya han prometido hacer comunidades como Madrid. De hecho, algunas entidades como Bankinter ya han lanzado campañas dirigidas a satisfacer esta demanda.

3-. El código de buenas prácticas ya se está aplicando: sin menospreciar el compendio que prepara el Ministerio de Economía, muchas entidades ya están aplicando algunas de las medidas anunciadas ayer por Luis de Guindos. Por ejemplo, el año pasado, BBVA renegoció 6.565 millones en créditos a clientes con problemas; y CaixaBank ha decidido volver a sentarse con unos 170.000 hipotecados para impedir su desahucio.

Santander, por su parte, anunció en verano una medida dirigida a evitar los embargos entre las familias en paro. La entidad decidió rebajar a la mitad la cuota de la hipoteca a las personas que pierdan su trabajo y ofrecer a las familias con parados o a los autónomos cuyos ingresos caigan un 25% una moratoria de tres años. De este modo, sólo tendrán que pagar los intereses durante este plazo, y no el capital.

4-. La banca prefiere negociar a embargar: el exceso de ladrillo en los balances de los bancos, sumado a las provisiones que les está obligando a hacer el Gobierno y al daño reputacional que suponen los embargos para estas entidades, ayuda a comprender el interés que tienen por encontrar cualquier solución antes de llegar al desahuicio.

Bajo este razonamiento, la propuesta de hacer un código de buenas prácticas, aunque sea voluntario, forzaría a todas las entidades a firmarlo, ya que aquellas que no lo hagan, sufrirán un duro golpe de imagen.

5-. Efecto llamada: la morosidad, a pesar de estar incrementándose y de haberse situado ya en niveles de 1994, es fundamentalmente un problema de las empresas. Las familias continúan figurando entre los clientes más seguros del sistema financiero y su morosidad apenas se sitúa en torno al 2,5%, frente al casi 8% de la media total.

Sin embargo, las entidades han advertido al Gobierno que si genera falsas expectativas o toma medidas que flexibilicen en exceso los impagos, esta cifra podría dispararse y entonces desatar un verdadero problema.

De hecho, los bancos y cajas han advertido al Ejecutivo de que, actualmente, la morosidad hipotecaria no es un gran problema para ellas y, por tanto, pueden adoptar medidas de apoyo para los más débiles. Pero, si se aplica barra libre, entonces sí que pueden encontrarse con un agujero más difícil de gestionar.

Consciente de este peligro, el Ministerio de Economía ha limitado su propuesta a familias en riesgo de exclusión social, es decir, aquellas con todos sus miembros en paro, cuya casa sea la primera residencia y que carezcan de más patrimonio.

El anterior Ejecutivo también tomó medidas en esta línea al elevar el límite de inembargabilidad a 961 euros mensuales e, incluso, hasta 1.350 euros para quienes tengan a su cargo a dos personas.

6-. Obligar a los bancos a asumir sus errores: El hecho de que ahora muchas familias vean como la venta de su vivienda, vía subasta, es insuficiente para saldar la deuda con el banco se debe, en parte, a que ésta se tasó desorbitadamente y, ahora, el precio ha caído en picado.

Al ser responsabilidad también del banco el haber inflado el precio en el pasado, Economía quiere que las entidades asuman también parte de esta pérdida. Una idea novedosa y que sí puede ayudar a paliar un poco los problemas de los más humildes.

7-. Mejorar las subastas: la propuesta de Guindos de crear un mercado nacional de ejecuciones hipotecarias ágil y transparente, a través del fomento de las ejecuciones extrajudiciales, la creación de una base de datos informatizada de ejecuciones de ámbito nacional y la posibilidad de que las subastas se realicen online sí son novedades que pueden traer buenos frutos.

Actualmente, muchas subastas se quedan vacías y el banco se adjudica la vivienda por la mitad de su valor de tasación -tal y como recogen los actuales contratos-. El anterior Ejecutivo ya elevó al 60% el valor y, ahora, Guindos plantea la posibilidad de volver a elevarlo y de dar mayor publicidad a las subastas, lo que podría impedir que quedaran vacías y, por tanto, elevar su precio de venta, impidiendo así que el desahuciado siga debiendo dinero al banco tras perder su casa.

8-. Menos intereses y más principal: la propuesta de Economía también incluye atenuar los intereses moratorios y permitir que, en caso de ejecución, el pago del capital de la hipoteca sea proporcional al número de cuotas abonadas o que, alternativamente, se reduzca el capital pendiente en la misma proporción.

Esta medida permitirá reducir la deuda que se tiene con el banco y, por ejemplo, facilita la posibilidad de saldar el crédito con la venta del piso, ya que al pagarse más capital, aunque el precio de venta sea reducido por la actual crisis inmobiliaria, la cantidad que se debe al banco es menor.

Pero, por encima de todo, el principal cambio es la voluntad del Gobierno de empujar a los bancos a que asuman alguna pérdida en los casos de las familias más necesitadas. Una pérdida mínima para un problema máximo.

Una de cal y otra de arena. A ésto lo llamo yo demagogia o populismo barato de nula aplicación.

bueno lo mejor de todo, este tiempo atrás le subieron a mi padre 20 euros al mes su pensión, hoy recibe una carta diciendo que le van a bajar 30 euros por la subida del irpf, por tanto de subida nada, le han bajado la pensión 10 euros al mes. Es decir con Zp cobraba 150 euros mas al año, pagas incluidas. Señores del PP por favor dejar de mentir. Y la que nos espera despues de las elecciones andaluzas y asturianas. Encima la jugada del déficit le ha salido mal, el queria que el crecimiento fuera de menos 1,7 para que así europa le perdonara parte de la deuda, pero al decir que el crecimiento es de menos 1 los recortes van a seguir haciéndose. Parece que no es tan fácil gobernar como pensaban.

La avaricia esta rompiendo el saco. Cómo aves de rapiña que son rapiñean hasta el hueso. DEBERÍAN DEVOLVER TODO EL DINERO PÚBLICO CON INTERESES.
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El sector financiero pide más ayudas fiscales por no echar al desahuciado
Algunas entidades quieren que se las exima de los gastos que acarrea la ejecución hipotecaria para "agilizar" la dación en pago. También proponen que el ICO avale al moroso que permanece en la vivienda en alquiler


Pese a su vaguedad, algunos detalles del plan del ministro de Economía, Luis de Guindos, para paliar las prácticas abusivas de las entidades financieras en los desahucios de los hipotecados morosos inquietan al sector. Algunas entidades no se conforman con los beneficios fiscales prometidos para las que, de forma voluntaria, accedan a la llamada dación en pago (que la entrega de la casa salde la deuda en los casos en los que haya riesgo de exclusión social para el afectado). Así, para el caso de que el moroso, una vez entregue la propiedad de la casa al acreedor, permanezca en la misma en alquiler (una solución que ya se aplica en ocasiones), algunas entidades piden que se las incentive fiscalmente por los gastos de registro, administrativos y de otro tipo que acarrea esa operación. Si se les dieran incentivos, aseguran, se agilizaría la famosa dación.

En estos casos, explican fuentes jurídicas, el mayor gasto en el que incurre la entidad financiera una vez que se adjudica el inmueble es el pago del impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), que, aunque varía de unas comunidades autónomas a otras, ronda el 7% del valor de la vivienda.

Además, la propuesta de Guindos de que, en caso de ejecución de la hipoteca, las entidades deban cubrir una parte (aún por fijar) de la diferencia entre el valor de tasación y el precio al que finalmente se ajusta al subastarse el inmueble genera preocupación en algunas entidades. Niegan que esa pérdida de valor se deba a un error en la tasación y la atribuyen a los movimientos del mercado.

Economía ha planteado que, en caso de desahucio, las entidades "participen con un determinado porcentaje" en la diferencia entre el valor actual de la vivienda respecto al de compra "debido a la deficiencia de la tasación o la desvalorización del inmueble", para evitar en lo posible que el afectado se quede sin casa y, además, hipotecado de por vida. Parte del sector defiende que esas valoraciones las hicieron tasadoras independientes y supervisadas por el Banco de España. Esto último es cierto. Pero, hace poco, ese mercado estaba mayoritariamente copado por bancos y cajas.

Además, parte del sector reclama que, también para ese supuesto en el que el desahuciado permanezca en la casa hasta entonces de su propiedad en régimen de alquiler, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) le avale. También se propone aprovechar líneas del ICO ya existentes y que se acote el colectivo de beneficiarios. Por ejemplo, la Línea ICO Moratoria 2009, que lanzó el anterior Gobierno para aminorar la carga de hipotecados con problemas económicos, permitía aplazar el pago del 50% del importe de las cuotas hipotecarias durante dos años, con un tope de 500 euros al mes. Esa línea, cuyos beneficiarios eran principalmente parados, autónomos con escasos ingresos y perceptores de pensiones de viudedad titulares de una hipoteca que no fueran morosos, no tuvo el éxito esperado. Ahora se podría reorientar, defienden en el sector.

Guindos ha prometido ayudas fiscales a las entidades que, voluntariamente, admitan la dación. Serían incentivos "entre los que cabría la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido por la dación". Fuentes financieras defienden que esas ventajas ya se dan, porque en el momento en que se apunta ese préstamo como pérdidas no paga impuestos.

Prudencia
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca) y la Asociación Española de Banca (AEB), las dos principales patronales del sector, mantienen la prudencia respecto a los planes del Gobierno porque aún no han recibido ninguna documentación oficial al respecto. El borrador les llegará en los próximos días.

En el sector se pide que el proceso de ejecución hipotecaria sea "mucho más transparente", y que cuando un inmueble salga a subasta se obligue a utilizar las nuevas tecnologías para incrementar la competencia, una idea que el Gobierno está dispuesto a impulsar. La propuesta persigue beneficiar al moroso. Cuando una subasta se queda desierta, la ley actual establece que el propietario debe entregar la casa al banco por un mínimo del 60% del valor de tasación que figure en la escritura del préstamo; el resto del crédito lo sigue debiendo.

Pero los pensionistas pueden estar tranquilos, porque la señora ministra de trabajo les ha pedido perdón en una carta por las molestias que les ocasione la subida del irpf. Suena a guasa, pero ha salido en las noticias de verdad. Encima, cachondeo.

Desde hace meses venimos asistiendo a una creciente intervención estatal a través de diversos canales de financiación en los problemas de solvencia de bancos y entidades crediticias en general.

Es necesario denunciar el uso indebido de dinero público para acudir al rescate de entidades, que por su mala gestión o por una asunción desmedida de riesgos se están viendo abocadas a la quiebra o a la intervención y ayuda estatal para poder sobrevivir.

No se puede pedir a los ciudadanos, en aras a la estabilidad del sistema financiero, que acudan a salvar a entidades arruinadas por una gestión ineficaz, al mismo tiempo que se le exigen esfuerzos adicionales y pérdida de servicios públicos para, según se les dice, poder vencer la crisis.

Cuando una empresa, acuciada por esa misma crisis, entra en quiebra, se disuelve y reparte entre sus acreedores, no es rescatada por los ciudadanos.
Cuando un parado pierde o agota sus prestaciones, nadie acude a sufragar sus más elementales necesidades, no es rescatado por los ciudadanos.
Cuando un ciudadan@, ahogado por esa misma crisis, no puede pagar la hipoteca, pierde el derecho básico a la vivienda que la Constitución reconoce, y nadie acude a su rescate, sino que se le persigue aún después de haberla perdido.
Los que han llevado a estas entidades a esa situación son los mismos que financiaban viviendas por encima de su valor, y que asumían riesgos inasumibles en aras a continuar su lucrativo negocio, y esos son quienes deben responder de las pérdidas y de su gestión, no los ciudadanos soportando el peso del rescate.

Baste poner como ejemplo los 12.000 millones de euros de las participaciones preferentes, emitidas por bancos y cajas estos 3 últimos años, entre ellas la CAM, que vendió a 5.000 de sus clientes estos productos como depósitos sin riesgo, asegurando que en cualquier momento se podrían retirar los fondos, pero la verdad es que en la situación de crisis actual se han convertido en productos tóxicos, que los bancos se niegan a asumir. Se calcula en unos 700.000 el número de afectados por este fraude, y actualmente, la asociación de usuarios de banca promueve una denuncia colectiva para conseguir la devolución de sus ahorros.

Los últimos rescates de la CAM y del Banco de Valencia, unidos a los de Caja Castilla la Mancha y CajaSur, elevan en otros 12.000 millones de euros los empleados en rescatar entidades crediticias, en rescatar a uno de los sectores causantes de la crisis.

Ante el grave atentado al erario público pagando o financiando a quien debería financiar, o contribuyendo con ello a las jubilaciones insultantes de algunos de sus directivos, debemos denunciar públicamente esta situación, y exigir que:

El cese inmediato de los rescates a los bancos con dinero público.
La depuración de todas las responsabilidades económicas o penales derivadas de la mala gestión de los gestores de las entidades rescatadas.
La entrada en los consejos de administración de las entidades rescatadas para intervenir en su gestión y tutela, dando así respuesta a la necesidad de tener una banca pública que compense los desequilibrios mostrados por la actual banca privada, concediendo por ejemplo préstamos a bajo interés a empresas que muestren proyectos viables y compromisos de estabilidad laboral ante sus empleados.
Utilizar el parque de inmuebles de las entidades rescatadas para promover alquileres a bajo coste para los más necesitados, descargando así al erario público del peso del rescate.
Porque los ciudadan@s no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, porque ya basta de pagar las crisis de otros, para que paguen los que nos han llevado hasta aquí.