Argumentos Populares. AAPP Las administraciones recuperan la solvencia El Gobierno ha puesto al día las cuentas de las administraciones y ha acabado con su morosidad Las medidas del Gobierno han salvado la credibilidad de las administraciones y la solvencia de miles de PYMES. El gobierno recibió un stock inadmisible de facturas que supuso el cierre de empresas, pérdida de empleos, inestabilidad de los servicios... El Gobierno socialista adoptó medidas ineficaces y vetó las iniciativas que sí podrían tener resultado, como la línea ICO para ayuntamientos. Primero, puso en marcha medidas urgentes: el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), para… Aportar liquidez a empresas y administraciones. Financiar el stock de facturas pendientes. Recuperar la confianza y credibilidad de las administraciones. Garantizar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores. El objetivo es que esta situación de morosidad no se repita: La Ley Reguladora de la Deuda Comercial controlará estrictamente la morosidad pública con proveedores. Con el impulso de la Factura electrónica, los proveedores podrán tramitar sus facturas con la administración de forma electrónica. La Ley de Transparencia obliga a publicar la información de las cuentas públicas, para acabar con las “facturas en los cajones”. Las Gobierno consigue que las administraciones paguen sus deudas y sus proveedores recuperen la solvencia: El Plan de Pago a Proveedores y el FLA han inyectado 81.000 millones. Han generado 400.000 empleos y un aumento del PIB del 3%. El 70% de los pagos para Sanidad, Educación y Servicios Sociales. 190.800 empresas han cobrado sus facturas con el Plan de Pago a Proveedores. La Administración central cumple ya con el plazo medio legal de pago a proveedores: 30 días. Las CC.AA. se ahorran con estos mecanismos 20.000 millones en intereses. 6.600 millones para PYMES a través del ICO: récord absoluto. El Gobierno extiende el Buen Gobierno también a las empresas: Las empresas deben publicar el plazo medio de pago a sus proveedores. Se refuerza el papel de los accionistas y el control de las retribuciones. La retribución de cada consejero se decide por Junta. |