Alcolea de Calatrava - Ciudad Real

Querella contra la Hípica de Bono

21:12 (29-07-2010) | 21

No afecta al presidente del Congreso hasta conocer si se presenta como perjudicado o se le considera autor intelectual.

Antonio Panea, presidente de la asociación Ciudadanía Anticorrupción, presentó el pasado 27 de julio una querella contra todos los administradores de la hípica de Bono por un delito societario por falsedad en los balances contables.

La causa de la denuncia, según la acusación popular, es que ni en ''las cuentas de 2004 ni en las sucesivas hasta 2008, última disponible según el Registro Mercantil, se ha registrado (…) el crecimiento de considerable importancia'' que ha habido en ''las instalaciones de Hípica Almenara''.

La querella también recoge que el propietario mayoritario de la sociedad, José Bono Martínez, quien ostenta el 80% de la entidad, “ha de ser considerado a todos los efectos legales, en principio, como ofendido o perjudicado por la actuación de los administradores de Hípica Almenara, conforme a los artículos 109, 110 y 783 LECrim”, y que “en su momento procesal oportuno, habrá de hacérsele a éste el ofrecimiento de acciones en base a los citados artículos” (…) “para que se muestre parte en la causa y las diligencias cuya práctica se ordene”.

Según apunta Panea, será la actitud de Bono en relación a esta querella, “la que desvele su verdadera condición de perjudicado o autor intelectual”. El texto aporta una información publicada por LA GACETA el pasado 20 de julio “que recogía que varios responsables de centros hípicos españoles han valorado a este periódico el recinto de la hípica de Bono en más de cinco millones de euros, así como que la sociedad Onde 2000, propiedad de Francisco Hernando, El Pocero, realizó obras por valor de 600.000 euros.

No obstante, la acusación popular recoge que varios medios de comunicación tan dispares como LA GACETA, Público, El País o El Mundo han difundido “una serie de datos, aparentemente objetivos y a los que no se les ha pretendido otorgar relevancia jurídico penal específica alguna”.

Panea ha manifestado a este periódico que también estudia presentar una denuncia contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidida por Bono y después por Barreda, por su actuación en Seseña y otra contra la Fiscalía General del Estado por “omisión del deber de perseguir delitos” ante el caso Bono. Antonio Panea es el letrado que llevó a Garzón a los tribunales por los pagos que se le hicieron por los cursos que dirigió en Nueva York entre 2005 y 2006.
Ciudadanía Anticorrupción expresa que “sujeto activo” del delito Societario-Falseamiento de cuentas anuales u otros documentos del artículo 290 CP (…) “es, exclusivamente, el Administrador de la sociedad que oculta u omite en los balances determinada información”. Por ello, se querella contra Francisco Javier Montalvo Llanos, a Pablo Cañego Muñoz, Alicia Cilleruelo Berdón y a Ramón Navas Barchino, “quienes han venido ostentando, desde aquella fecha, bien en condición de Administrador Único, bien en la de Administrador Solidario”.

Especifica que “la cifra contabilizada en el epígrafe inmovilizado no justifica tan formidable inversión”, como “tampoco registra el Pasivo de ese ejercicio, ya sea por aplicación de fondos propios o por aumento de acreedores a largo o corto plazo, una desviación respecto del ejercicio anterior que nos permita intuir cómo se ha financiado o pagado la inversión llevada a cabo en las instalaciones de la hípica” y expresa que “no cabe duda de que el Administrador de la mercantil, autor de las cuentas del ejercicio 2004, ‘se tragó’ semejante activo”.

Los denunciantes exigen que se incluyan diligencias de investigación entre las que se encuentre la declaración de los querellados, pruebas documentales del Registro Mercantil de Toledo en todo lo relativo a la mercantil Hípica Almenara. Asimismo, que el centro equino de Bono y Onde 2000 aporten toda la documentación referente a la reforma y ampliación de las instalaciones de la hípica”.

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