Castellnovo - Castellon

La alcaldesa de Castellnovo, Teresa Gonzalvo, ha protagonizado estos días un acontecimiento "estrambótico" en la localidad al contratar a una empresa de auditoría con el único objetivo de volver a estudiar las cuentas municipales y dar cuenta de sus resultados durante un pleno municipal en el que habían sido convocados numerosos vecinos.
Sin embargo, esta acción no tuvo el resultado esperado por la contratante y la alcaldesa decidió rebatir la auditoría y redactar su propia versión en un panfleto que fue repartido por todas las casas de la localidad donde enumeraba numerosas deudas en el ejercicio municipal anterior.

Durante el pleno del 16 de Noviembre el auditor contratado, Rafael Parra, puso de manifiesto que durante los últimos años se habían llevado a cabo cierres del ejercicio económico que habían concluido con superávit tal y como había certificado el Secretario del Ayuntamiento en la documentación municipal. Pero, no obstante, alguien del público, en busca de un titular concreto, preguntó directamente al auditor si la deuda del Ayuntamiento era de más de un millón de euros.
El auditor respondió que no era esa la deuda real, ya que a dicha cantidad había que restarle las cantidades correspondientes a los ingresos del año en curso, los ingresos de 400.000 impuestos directos, 200.000 de impuestos indirectos, 19.000 pendientes de la Consellería de Empleo, 200.000 correspondientes al Plan Confianza de la Generalitat, el programa europeo Proder de 150.000 euros, etc; y que por lo tanto, el ejercicio económico no podía declararse cerrado hasta que esas cantidades no se hubieran contabilizado.
Otra persona del público manifestó en el Pleno que ella había sido concejala en los últimos años y que ponía en duda los cierres de los presupuestos municipales que realiza todos los años el Secretario-interventor; ya que siempre fueron positivos y que no reflejan ningún agujero de la contabilidad. El auditor le respondió que no puede afirmar que exista ningún agujero económico en las cuentas y que en su estudio pudo ver que todo está regularizado en los cierres del ejercicio económico que cada año realiza el secretario-interventor.
El Secretario-interventor como responsable de la contabilidad del Ayuntamiento quedó colocado en una posición tan incómoda como la de tener que escuchar que se han llevado a cabo pagos directos de caja, insinuando que él mismo no contabilizaba las facturas, o que permitía desvíos de fondos. Tampoco existe ningún informe del mismo exponiendo ninguna irregularidad en este aspecto.

Como esa exposición pública del auditor acabó teniendo tintes surrealistas y no resultó como se esperaba, la alcaldesa dio la orden de publicar un panfleto donde plasmó su propia interpretación de las cuentas municipales, un documento que no está firmado por la auditoria en cuestión ni arroja datos comprobables.
Por último este panfleto fue enviado a todos los vecinos y a medios de comunicación que al día siguiente recibieron la noticia de que el pueblo debía un millón de euros. El reparto de panfletos recuerda a otras iniciativas similares con pasquines realizadas por los integrantes del grupo popular en la localidad.

EL INFORMAL SEGORBINO
La Corporación de la Popular Teresa Gonzalvo prepara de austeridad y saneamiento ante la dilapidación y expolio económico al que ha sido sometido el Ayuntamiento de Castellnovo durante la época socialista. En este sentido, ante situaciones desesperadas como la de este Ayuntamiento hay que poner sobre la mesa soluciones de urgencia. Para ello se reunieron durante el último pleno celebrado la semana pasada y en el que el ex alcalde de la localidad presentó una solución planteada por su grupo municipal, el PSPV-PSOE, que consistía en vender patrimonio municipal para reducir la exagerada deuda que posee el municipio.

Teresa Gonzalvo, respondió a Jorge Picó que esa proposición era una manera cómoda y cobarde para afrontar la realidad económica municipal y se negó en rotundidad a aprobarla.

La auditoria encarga por la alcadesa ha costado a todo el pueblo de Castellnovo 30.000 euros en facturas a Asesores Económicos Públicos.