Arañuel - Castellon

El Ejecutivo asturiano adjudica de urgencia 3,7 millones para crear un “invernadero tropical” en Gijón. Barreda licita a toda prisa la lavandería de un colegio mayor.


Cuando en el horizonte de un gobernante se asoma la posibilidad de perder el poder, una cosa suele regir sus últimos días en el puesto: dar las órdenes oportunas para dejar la mayor parte de los proyectos encarrilados. Sobre todo si la previsión es que le releve un dirigente de otro partido, el político saliente tiende a esprintar e intentar adjudicar cuantos más concursos públicos mejor para imponer su criterio antes de que el poder cambie de manos.

Los últimos boletines oficiales no dejan lugar a dudas. Casi todos los Gobiernos autonómicos salientes están plagados de anuncios de adjudicaciones que utilizan el procedimiento de urgencia, aunque en muchos casos los asuntos tratados no merecerían esa categoría. Este es el caso de varias concesiones realizadas en las últimas semanas por el Ejecutivo de Marcelino Iglesias o el del Principado de Asturias, que todavía dirige Vicente Álvarez Areces.

En Aragón, por ejemplo, el Gabinete del número tres del PSOE ha optado por modificar a última hora las condiciones y plazas públicas de algunas oposiciones. Por ejemplo, la que se refiere a las vacantes en el cuerpo de agentes para la Protección de la Naturaleza. Debido a la detección de ciertos “errores y omisiones”, recoge el Boletín aragonés, el departamento de Presidencia que dirige en funciones la candidata del PSOE, Eva Almunia, la Dirección General de la Función Pública ha decidido modificar el pliego.

El cambio no sólo se refiere a un error de forma –se había requerido a los aspirantes la tenencia de un carné de conducir C, siendo necesario el B–, sino que directamente se habían omitido varios puestos de trabajo. Así, gracias a este procedimiento de urgencia los más avispados tienen un plazo de 15 días para pugnar por un puesto en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Otro ejemplo de la urgencia que prima en las últimas decisiones de los Ejecutivos salientes es la adjudicación de las obras de urbanización de la base helitransportada para el servicio de extinción de incendios en el aeródromo de Caudé, en Teruel. El Gobierno de Iglesias ha tramitado esta adjudicación por el procedimiento de urgencia, negociado con publicidad a pesar de que este proyecto supone una inversión de más de medio millón de euros. Además, también los últimos Boletines Oficiales de Aragón recogen la decisión del Gobierno en funciones de prorrogar la autorización concedida a algunas empresas para que sigan operando en la comunidad.

Deuda heredada
El partido de Francisco Álvarez-Cascos, Foro Asturias, también ha denunciado que antes de dejar el Gobierno del Principado, Vicente Álvarez Areces, ha decidido dejar un pago pendiente al nuevo Ejecutivo asturiano que, previsiblemente, presidirá Cascos. En uno de los últimos boletines oficiales autonómicos, se ha iniciado la “licitación del contrato de obras de construcción de invernadero, tratamiento paisajístico, colección botánica, acondicionamiento y museización del bioma tropical caribeño en el Jardín Botánico de Gijón”. El procedimiento de esta adjudicación es de urgencia y su coste nada menos que 3,7 millones de euros.

Además, resulta llamativa la gran urgencia –las empresas sólo contarán con 13 días naturales para presentar su propuesta– teniendo en cuenta que el proyecto se prolongará durante ocho meses.
Según Foro Asturias, lo peor de todo es que durante 2011 se pagarán 200.000 euros, mientras que el resto le corresponderá al nuevo Ejecutivo. Es decir, que esa decisión tomada a última hora condicionará los presupuestos del nuevo presidente autonómico.

Entre fogones
José María Barreda, por su parte, ha licitado por el procedimiento de urgencia la adjudicación del equipamiento de cocina y lavandería de la Residencia Universitaria Benjamín Palencia en Albacete. Resulta curioso que justo cuando las clases universitarias llegan a su fin el Gobierno del socialista Barreda se haya dado tanta prisa en licitar ese equipamiento. Resulta también significativo que los contratistas que optan al concurso público deban garantizar la ejecución del proyecto en 45 días mientras que el cumplimiento de ese plazo sólo supone un 15% de la puntuación que determinará qué compañía se queda con la adjudicación.

Además, las empresas que estén dispuestas a ofertar el servicio tienen muy poco tiempo para presentar su proyecto, apenas una semana.
Estos ejemplos dejan en evidencia que los partidos políticos exprimen al máximo sus últimos días en el poder para intentar dejar su impronta. El problema es que con esas decisiones de última hora condicionan la gestión de los nuevos Ejecutivos.