Arañuel - Castellon

¿A punto de cerrarse en falso? Todo apunta a que el juez Baltasar Garzón no lo tendrá fácil. Tan sólo el fiscal apuesta por poner fin a tres años de unas -según él mismo- inconclusas investigaciones policiales que no han logrado poner nombre y apellidos, y aportar pruebas contundentes de quiénes dieron el chivatazo a ETA y quién fue el autor intelectual de la delación, es decir quién fue el cargo político que ordenó el soplo.

El chivatazo al presunto dirigente de la trama de extorsión de ETA y dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, se produjo el 4 de mayo de 2006 y el 22 de junio fue desvelado por EL MUNDO.

Elosua se lo contó, en una conversación en su automóvil, a su cuñado cuando se desplazaban a Francia. No sabía que su coche estaba balizado. Las grabaciones quedaron registradas por el equipo de investigación que llevaba varios meses investigando la trama financiera de ETA y que había detectado, incluso, importantes contactos de esta trama con destacados representantes del PNV. En las pesquisas figuraban conversaciones del que fuera máximo responsable del PNV, Xavier Arzalluz.

Casualidades de la vida, al día siguiente del chivatazo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entonces inmerso en la negociación con ETA, recibía en el Palacio de La Moncloa al entonces líder del PNV, Josu Jon Imaz.

El primer instructor
Al frente de las investigaciones judiciales se puso el juez Grande Marlaska, mientras Garzón estaba de permiso laboral en Nueva York. Algunas fuentes apuntan que el juez adelantó su regreso a España para tomar las riendas de ese sumario. Incluso, que recibió varias visitas de destacados socialistas para convencerle de que volviera y lo controlara.

Cuando llegó al juzgado, gran parte de las investigaciones estaban muy avanzadas y judicializadas. Grande Marlaska se puso las pilas desde el principio y formó dos equipos de investigación. Uno formado por policías y otro por agentes de la Guardia Civil. El primero estuvo dirigido desde el principio por un inspector jefe de la Policía, Carlos G., al frente también de las investigaciones sobre la trama etarra de extorsión.

El juez también decidió apartar de cualquier vínculo con las pesquisas al entonces comisario general de Información, Telesforo Rubio; consideraba que había tardado demasiado en notificarle que se había descubierto un chivatazo policial a ETA.

Llega Garzón
En esto llegó Garzón al juzgado y tomó las riendas de las pesquisas. Y una de sus primeras decisiones fue apartar a la Guardia Civil y encargar las investigaciones únicamente al equipo policial dirigido por Carlos G.. Pero ya sobre la mesa se encontró informes de ambos cuerpos sobre el tráfico de llamadas telefónicas que se produjo en la zona de influencia del bar Faisán. Era difícil ya llevar a cabo una investigación controlada, explicaron a este periódico fuentes policiales.

Una de esas llamadas había partido de la propia sede del PSOE, hecha por un ex comisario que entonces era máximo responsable de la seguridad del partido a un mando de la lucha antiterrorista implicado en la operación contra ETA, del que, casualmente, ese día era su cumpleaños. El juez, en otra maniobra poco habitual, tras desvelarse esta llamada por parte de EL MUNDO, elaboró un escrito en el que desvinculaba esta llamada del chivatazo.

La Policía señala
Las investigaciones comenzaron a ralentizarse y, finalmente, a paralizarse. Los agentes remitieron todos sus escritos al juez con sus conclusiones y pruebas. Incluso llegaron a decir que poco más se podía investigar porque en sus informes, como deja constancia en su escrito el Ministerio Fiscal, ellos ya habían puesto nombre y apellidos a los que presumían autores de la delación.

Así, en la cúpula de la responsabilidad colocaban al que entonces era director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, que fue relevado meses después sin que trascendiera el motivo de su cambio. Según los investigadores, él fue quien dio la orden de dar el chivatazo a ETA. Para llegar a los etarras se sirvió de un jefe superior de policía y de un inspector jefe. A este último se le encomendó, según las investigaciones, que le entregara a Elosua un teléfono móvil en el bar Faisán.

El fiscal pide el cierre
Finalmente, ellos tres fueron los únicos imputados en la causa. El jefe superior explicó ante Garzón que sus gestiones estaban relacionadas con los movimientos de seguridad que llevaba a cabo para mantener una entrevista con un confidente de ETA; y que para las labores de cobertura de esta operación contó con la colaboración del inspector jefe de Vitoria, el tercer imputado.

Pero en su escrito, el fiscal no dio importancia a las investigaciones elevadas al juez por Carlos G. y sus subordinados. Habló de ellas como meras conjeturas policiales sin pruebas y, en lugar de pedir al juez nuevas diligencias para probar la tesis policial, pidió el cierre del caso.

Además, arrojaba sombras sobre el propio equipo de investigación porque podía haber tenido relación con el chivatazo, y sembraba dudas sobre el control que aquel día el equipo de Carlos G. tenía sobre el bar Faisán. Algunos sindicatos policiales llegaron a concluir que el día del chivatazo las cámaras que grababan en el bar estaban desconectadas. Además, el fiscal insinuaba que el autor del chivatazo tenía que ser alguien del equipo de Carlos G., ya que debía de saber perfectamente todos los detalles de la operación.

Habla Carlos G.
Ahora Carlos G. ha roto su silencio y se defiende. Aseguró en una carta que el día y la hora del chivatazo él y tres miembros más de su equipo estaban junto al juez Grande Marlaska ultimando la detención de Elusoa y el resto de implicados, prevista para el día siguiente.

Además, desveló que el día del chivatazo las cámaras instaladas junto al bar Faisán funcionaron y recogieron imágenes que le sirvieron para sacar adelante su línea de trabajo.

Y mientras, Baltasar Garzón tratando de blindar por todos los medios el contenido del sumario, amparándose en que en él se desvelan muchas técnicas de trabajo policial y que pueden perjudicar a la lucha antiterrorista.

Las partes personadas (Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Jusiticia), los sindicatos policiales y hasta el propio investigador, sobre el que el fiscal arroja sombras de sospecha, quieren que se siga investigando y que, definitivamente, se localice no sólo a los que perpetraron el chivatazo, sino también a los que lo ordenaron.