Trebujena - Cadiz

(Sería muy interesante la opinión de Juan Caro Aguilar sobre este post

La idea de un plan económico-social impuesto por el gobierno atrae actualmente incluso a algunos intelectuales y políticos. Éstos parecen olvidar, o no quieren tener en cuenta, que cada ciudadano, de acuerdo con sus particulares aptitudes e intereses, está constantemente planeando su futuro en lo tocante a su trabajo, su negocio, sus aficiones, sus gastos y sus ahorros: la compra de una casa o de un automóvil o la educación de sus hijos, etc. Estos millones de planes individuales se coordinan mediante la competencia y el mercado libre.

Por tanto, la controversia no está en si se debe o no se debe planificar, sino en quién debe encargarse de hacerlo, y a favor de quien. En otras palabras, la cuestión está en si cada ciudadano debe tener libertad de hacer sus propios planes o, por el contrario, si a todos se les debe asignar donde trabajar y que consumir, según un plan maestro trazado por un grupo de políticos, de técnicos y de economistas, que saben más que nosotros de esta cuestión.

Si bien todos los planes que se proponen tienen por objeto acelerar el crecimiento económico de la nación, algunos pretenden controlar los gastos individuales de los ciudadanos; ya que suponen que los consumidores, en su mayor parte, no gastan adecuadamente el dinero que ganan, bien porque tienen un gusto pésimo o porque lo derrochan en trivialidades y lujos. La conclusión lógica es que no se debe dar a los consumidores lo que ellos quieren, sino lo que necesitan según los técnicos planificadores, que son los que realmente saben lo que, en realidad, nos conviene.

La manera de poner en práctica esta teoría es descontar a la gente, por impuestos, una buena parte de lo que gana, excepto lo que necesita para atender sus verdaderas necesidades, y entregárselo a la Administración del Estado para que lo emplee en lo que más nos beneficie.

Las mercaderías y servicios en los cuales la gente invierte voluntariamente sus ganancias constituyen lo que algunos llaman sector privado de la economía, mientras que las mercaderías y servicios proporcionados por el Estado, gracias a los ingresos que los ciudadanos pagan en forma de impuestos, constituyen el sector público. Esto es un bonito juego de mano semántico, pues se le da a la palabra privado el sentido de interesado y exclusivista, a la vez que con público se quiere dar a entender lo democrático, lo compartido y lo animado de espíritu cívico. En realidad, lo que llaman sector privado de la economía es el sector voluntario, mientras que el sector público es, en realidad, el sector impuesto obligatoriamente.

Si, como quieren algunos, el sector público fuese creciendo cada vez más, a expensas del sector privado, llegaríamos a la esencia misma del Estado de bienestar. En este Estado, nadie paga por la educación de sus hijos, pero lo hace por la educación de los hijos de todos los demás; nadie paga por los servicios sanitarios que necesite, pero sí paga los del prójimo; nadie ayuda a sus padres en la vejez, pero sí paga la ayuda a los padres del resto de la gente; nadie ahorra para su vejez o para el caso de quedarse sin trabajo, sino que paga el paro y a la pensión de los otros.

El Estado benefactor, como dijo un economista francés, constituye una solemne ficción según la cual una gran parte de la gente trata de vivir a costa de los demás. Tal Estado, si no fuera una ficción, estaría condenado al fracaso; porque, a la larga, el fracaso sobreviene siempre que el esfuerzo no va seguido de recompensa y siempre que se consiguen recompensas sin esfuerzo.

Cuando a los individuos que ganan más que el promedio de sus semejantes se les despoja de sus “excedentes”, por vía de impuestos, y cuando los que ganan menos que el promedio se percatan de que la diferencia se les cubre gratuitamente, por fuerza declina la producción; porque los más aptos y emprendedores pierden todo interés en producir más y mejor, mientras que los perezosos y los inexpertos pierden todo incentivo por mejorar su propia condición.

"Leído y adaptado para usted"

Mira Justo, hacer un análisis de tan confuso relato me llevaría un largo esfuerzo. Veamos un párrafo: "La manera de poner en práctica esta teoría es descontar a la gente, por impuestos, una buena parte de lo que gana, excepto lo que necesita para atender sus verdaderas necesidades, y entregárselo a la Administración del Estado.." "VERDADERAS NECESIDADES", ¿Cuales son? Obviamente no será la música, y te enteras mañana que para recortar gastos se suprime Radio Dos Clásica; la discoteca se subasta por lotes Wagner, Mozart para tener un dinerito. La semana próxima se suprimen todas las emisoras de Radio y Televisión públicas. ¿Para qué sirve 24 horas o TV2, que te hable de bichos o te ponga el rollo del concierto de año Nuevo de Viena, estando Tele 5 y las demás? Y ahora te cuento una manerá fácil del Estado de obtener nuevos ingresos sin que nuestros bolsillos se vieran afectados y no se afectaran nuestras "Verdaderas Necesidades": Una segunda desamortización por la que, como en su momento las tierras de la Iglesia, pasaran a manos del Estado las iglesias y catedrales (las ermitas y los monasterios no se verían afectados)y se convirtieran en aparcamientos cobrando el correspondiente alquiler. Figúrate que con sus altos techos cabrían perfectamente los camiones, y las catedrales se podrían poner varios pisos. Podría seguir hablando de cerrar miles de bibliotecas, treinta universidades y miles de institutos. Quien quiera estudios medios y superiores que los pague, pero eso no es una verdadera necesidad. Un saludo.

No, Juan, yo no te pedía un análisis, sino una simple opinión.

Planteas la dificultad de determinar cuales son las "verdaderas necesidades" y, a bote pronto, se me ocurren dos caminos: el de las antiguas ordenanzas militares, «Ningún soldado podrá exigir en el alojamiento que tuviere otra cosa que cama, luz, agua, vinagre, sal y asiento a la lumbre», y el derivado de la Declaración de los Derechos Humanos:
· A un trabajo remunerado con el salario mínimo.
· A la Seguridad Social.
· A la alimentación y el vestido, en caso de necesidad.
· A un alojamiento adecuado a sus circunstancias.
· A Enseñanza Primaria gratuita.
· A Formación Profesional gratuita.
· A Internet y a la participación en la vida cultural de modo gratuito.
· A libre acceso a la enseñanza secundaria y la educación superior, mediante becas o préstamo.

Por otro lado, el Estado de Bienestar que algunos plantean —y yo trataba de criticar— es el que termina con la empresa privada y libre para monopolizar la empresa Estatal, que ellos llaman Pública para despistar.

Lo que necesitamos para un buen gobierno

1.- Transparencia.- Hoy existen medios para que la transparencia esté presente en la actuación de toda la Administración. Una Administración transparente permite a los ciudadanos conocer la actuación de sus gobernantes y pedir explicaciones sobre la gestión de lo público. La transparencia, por otra parte, es la mejor herramienta en la lucha contra la corrupción.

2.- Rendición de cuentas.- Los gobernantes deben estar obligados a explicar con detalle en qué gastan los fondos públicos y, además, los ciudadanos podrán exigir responsabilidades a los malos gestores y a los que estafan o malgastan el dinero de todos.

3.- Una justicia que funcione.- La tardanza en la resolución de los procedimientos incentiva a los que actúan de mala fe y convierte en ilusorios los derechos de las partes. Pero no se trata solo de una cuestión de eficiencia: la politización de la justicia y su sometimiento al poder político no son admisibles.

4.- Un código ético para cargos públicos.- La normativa en materia de incompatibilidades y conflictos de interés de los cargos públicos y jueces deberá ser clara y generar confianza.

5.- Reforma del sistema electoral.- Deben introducirse las listas abiertas, en las que el votante puede elegir los que figuran en la lista y, en ciertos casos, determinar su orden de colocación en ellas. Además debemos adoptar un sistema más representativo y proporcional que el actual.

6.- Gobierno abierto y participativo.- La tecnología actual ya permite mayor participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones; de modo que las grandes cuestiones que afecten a la mayoría de los ciudadanos deberían tomarse teniendo en cuenta su opinión.

7.- Administración pública profesional.- Los cargos de hasta Director General deberían nombrarse por un sistema de merito y capacidad, garantizando la calidad de la gestión pública. Se evitarían así los nombramientos y ceses partidistas, y se pondría coto al enchufismo actual.

8.- Reforma de la ley de partidos.- Los partidos políticos deberían ser mucho más transparentes en materia de financiación y empleo de los abundantes recursos que tienen asignados, eliminando las subvenciones públicas y sustituyéndolas por la cuota de sus militantes
Por otra parte, y de forma paradójica, la democracia interna en los partidos brilla por su ausencia. Los militantes deberían ser capaces de elegir a sus líderes mediante sistemas de primarias, evitando así las oligarquías en los partidos.

9.- Medios de comunicación independientes.- Para asegurar la independencia de los medios de comunicación y reducir la manipulación informativa proponemos dos medidas. Por un lado, que se despolitice la concesión de licencias audiovisuales, de modo que el gobierno de turno no pueda conceder licencias a grupos afines y negárselas a otros. Por otro lado, que los cargos de los medios públicos sean funcionarios de la Administración, en lugar de estar designados por el poder político.

10.- Regulación de los "lobis".- Los grupos de presión a favor de determinados intereses deberían atenerse a unas reglas de conducta claras, acreditarse y hacer públicos sus objetivos y los patrocinadores de su actividad; de modo que se puedan encauzar las relaciones entre grandes empresas y sector público, las relaciones entre entidades financieras y partidos políticos, etc.

11.- Desprofesionalización de la política.- Limitar el mandato de los gobernantes a un máximo de ocho años en el cargo.

12.- Reforma del código penal.- Para la tipificación como delitos específicos tanto del despilfarro de las administraciones públicas como la financiación irregular de los partidos políticos.

13.- Reducción de privilegios.- Limitando el número de aforados, de cargos de confianza y restringiendo el uso de coches oficiales, dietas, etc.

14.- Un político, un solo sueldo.- y, además, regulado por una tabla pública de sueldos que responderá a criterios claros para que el de cada cargo esté especificado en base a la responsabilidades que asume, al presupuesto que maneja y a la población concernida.

15.- Eliminar duplicidades administrativas y cargos innecesarios.-

16.- Declaración pública de bienes de todos los cargos públicos.- al inicio y al final de la cada legislatura y al inicio y final de su mandato.

Si la derecha y la izquierda no son capaces de ponerse de acuerdo en ese programa de mínimos, apaga y vámonos. Si son capaces, yo con eso me conformo.