San Fernando - Cadiz

La Junta andaluza recurre a la intimidación contra los dueños de las televisiones independientes

Pablo Larios.- La cultura progre de la intimidación y el intervencionismo contra empresas ideológicamente desafectas al partido socialista han chocado en Andalucía con algunas televisiones locales cuyos propietarios se resignan a servir de cobayas de las adjudicaciones de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Las empresas que se han quedado fuera del mapa digital lo han sido por literalmente por no estar el la órbita ideológica del PSOE del ex consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías (foto del centro). El análisis de las adjudicaciones está proporcionando sorpresas a propios y extraños. No es extraño que muchos de los afectados hayan decidido plantar cara a la administración y acudir a los tribunales. por este motivo, en el horizonte judicial andaluz la palabra "prevaricación" planea con fuerza.

"No nos gusta nada el reparto realizado. Creo que es parte de la estrategia para el control informativo de Andalucía, por ciertas posibles incompatibilidades políticas que nos hacen dudar de que se hayan respetado las leyes y por la concentración de medios en las mismas manos", ha señalado el presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, con relación al asunto. Desde la dirección del PP se exige "luz y taquígrafos" para dilucidar qué intereses han prevalecido en las concesiones.

En todo este escándalo se observa además una clara dirección política por parte de una Junta de Andalucía, que tiene dos obsesiones insaciables: una el cobro de impuestos y otra el control estricto de los medios informativos, ignorando el principio democrático de iguales oportunidades para todos. Tres grandes grupos mediáticos, sin apenas trayectoria en televisión local en Andalucía, acaparan 90 licencias de un total de 163, lo que equivale al 55%. Esto quiebra el tradicional concepto de proximidad al imponerse criterios de programación en cadena que han dado paso a contenidos más propios de una televisión generalista.

Las televisiones locales que quedaron fuera del reparto contaban con años de arraigo en sus respectivas localidades, lo que les permitía ofrecer un verdadero servicio público acorde con las necesidades reales y no impuestas de los televidentes. Si a este dato sumamos que 23 licencias quedaron desiertas (14%), tenemos que casi un 70% de los otorgamientos quedaron fuera del alcance de las televisiones locales históricas. Los grandes grupos mediáticos sólo se interesaron por aquellas localidades con mejores niveles económicos, prevaleciendo por tanto el ánimo de lucro al de servicio al ciudadano, un criterio que la Junta de Andalucíaa debería haber tenido en cuenta a la hora de dirigir sus estrategias en el desarrollo e implantación de la TDT. Las consecuencias inmediatas han sido la pérdida de más de 2.500 puestos de trabajo en la totalidad del sector audiovisual de la televisión local en la región.

Preocupante está siendo asimismo la concentración de medios tras las concesiones, especialmente a favor del entorno del Grupo Prisa. Ello ya ha provocado la adopción de acciones legales contra la decisión tomada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en la concesión de las licencias locales de TDT.

Frente al derecho de los perjudicados a interponer denuncias contra lo que a todas luces presenta los ribetes de una decisión partidaria, injusta y arbitraria, la Junta de Andalucía ha lanzado a sus inspectores de telecomunicaciones, cual perros de presa, contra los denunciantes. Luis Villanego, representante de O.B. Expansión Televisiva SLL, la empresa propietaria de Onda Bahía de Cádiz, ha sido el primero en sufrir los métodpos expeditivos de los funcionarios a sueldo de la Junta. Recientemente, uno de los inspectores le informó de forma intimidatoria de que sus sociedades patrimoniales estaban siendo investigadas por la Junta de Andalucía en respuesta a su decisión de seguir emitiendo en TDT y de plantar "batalla judicial".

"Actuaron como si fueran policías o jueces que me estuvieran condenando", lamentó Villanego en cionversación mantenida con AD. El empresario audiovisual no tiene dudas de que el "acoso" de que es objeto fue la respuesta de la Junta al recurso presentado por la firma de abogados Díez y Romeo contra la exclusión de su sociedad del reparto televisivo en Andalucía. Onda Bahía cuenta con una plantilla de diez trabajadores y más de 20 años de servicio público en la zona de San Fernando y Cádiz. Ninguna de estas circunstancias, sin embargo, pareció importar a los responsables políticos de la región con más parados de España en su terca obstinación por poner freno a las empresas audiovisuales que, como es el caso de O.B. Expansión Televisiva, no se atienen al juego de servir a la Junta de poder amnésico.

Julio Ruiz Araque sucede a Matilde Santiago

¿Y quién es el encargado de amordazar a los medios cuyas rendijas informativas no han sido impermeabilizadas por los censores del ejecutivo autonómico socialista? Su nombre es Julio Ruiz Araque (foto de la izquierda), quien sustituyo en el cargo de director general de Comunicación Social, la estajanovista Matilde Santiago Cossi. Julio Ruiz Araque es el encargado de atajar cualquier asomo de "insurrección" contra lo que su predecesora dejó atado y bien atado. O eso al menos creyó. Matilde Santiago (foto de la derecha, con una copa de vino en la mano), una dogmática socialista al más puro estilo guerrista, pasará a los anales de las insensateces por reconocer ante el editor de AD, Armando Robles, que las concesiones de licencias audiovisuales obedecieron a criterios partidarios y no imparciales.

Fue en el transcurso de una reunión celebrada en Córdoba engtre la ex mandataria del Gobierno regional con empresarios andaluces del sector audiovisual. Robles desgranó a la ex directora general una a una la vinculación de todas las adjudicaciones con personas y empresas vinculadas a su partido. En el momento álgido de su intervención, el editor de AD lanzó esta acusación a su interlocutora: "Usted presuntamente ha prevaricado. Usted sabe que su Gobierno presuntamente ha prevaricado. Por eso le ruego que no venga a esta reunión a hablarnos de libertad, de pluralismo y de todos esos conceptos que dichos por usted surten el mismo efecto que causaría Fidel Castro si nos quisiera dar lecciones sobre derechos humanos".

Santiago, en medio de la rechifla y los abucheos de los empresarios, se defendió de esta guisa de las acusaciones: "Usted nos acusa de algo que el PP ha hecho también (sic) en las comunidades que gobierna".

El sucesor de Matilde Santiago, Julio Ruiz Araque, es natural de Linares (Jaén) y periodista de profesión. Hasta su nombramiento, su actividad profesional estuvo vinculada a empresas periodísticas pertenecientes al grupo PRISA. A la vista de tan curiosos antecedentes, es lógico pensar que su adscripción al grupo periodístico de Polanco haya sido su principal mérito curricular a la hora de ser elegido para un cargo cuya principal función será la de hacer desaparecer a las empresas qie, como es el caso de la reseñada, se empeñan en que Andalucía tenga vida informativa más allá de lo que interese a la casta socialista.

https://ww.alertadigital.com/content/view/105336/284/

Me parece stanilista las medidas que toma la Junta de Andalucia al respecto. Descaradamente favorecen solo a los pesebreros y estan convirtiendo Andalucia en su cortijo, a pesar de arruinar a todos los andaluces. Cesan a la Matilda Santiago que esta dentro del guion, ya que ha sido el brazo ejecutor de su amo "Gaspar Zarria y muy pronto ocupara otro cargo. Son unos sinverguenzas politicos, que no te engañen mas, no vote mas PSOE, tu voto favorecera el cambio que los andaluces necesitamos para salir de esta situación de paro y de subvencione.Que no te engañe mas y que no compren tu voto con una limosna de 420 euros, necesitamos trabajo. Cuando un hombre vive de limosna y no tiene trabajo como puede mirar a la cara a sus hijos. Reflexiona