Los Barrios - Cadiz

Griñán tapó a la Justicia que una empresa recibió subvenciones millonarias irregulares

13 MAR 2012 | Segundo Sanz. Sevilla

Un informe del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía vuelve a comprometer al candidato socialista. La firma Mecenazgo de Sevilla estaba administrada por un exconcejal del PSOE en El Pedroso.

Otra prueba más que golpea directa la línea de flotación de la candidatura socialista de José Antonio Griñán a la Junta de Andalucía. Y que llega ya no desde los tribunales o desde el principal partido de la oposición a nivel regional, personado en la causa de los ERE falsos, sino desde la propia Administración pública autonómica. Un último informe del Consejo Consultivo de Andalucía destapa que Griñán, siendo responsable de la Intervención General de la Junta, departamento fiscalizador que dependía orgánicamente de la Consejería de Economía y Hacienda que dirigió entre 2004 y 2008, no acudió rápidamente a la Justicia a denunciar unas ayudas millonarias otorgadas de manera irregular por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Si la investigación se aceleró fue, en cambio, a raíz de que la entidad bancaria con la que trabaja la empresa beneficiaria denunciara el impago de las ayudas –pese a estar concedidas– ante los tribunales. El dictamen del Consejo Consultivo, que se encarga de la interpretación, modificación, resolución y nulidad de concesiones y contratos administrativos del Ejecutivo regional, tiene fecha del pasado 6 de marzo y señala que las subvenciones de la Consejería de Empleo con cargo a la partida presupuestaria 31L (la de los ERE y los fondos de reptiles) “se repartían sin ningún tipo de procedimiento administrativo”. Ejercicios 2006 y 2007

En concreto, esta afirmación se produce sobre la revisión de oficio de dos resoluciones de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social por las que se realizaron concesiones específicas por valor de 1,2 millones de euros cada una (2,4 millones en total) a favor de la entidad Maestrazgo de Sevilla S L en los ejercicios económicos 2006 y 2007, ambas con fecha de 12 de diciembre de 2005. Sin embargo, al no producirse el abono de las mismas por parte de la Junta –fueron otorgadas para una plan de negocios de productos de cerdo ibérico–, el banco que operaba con esta empresa acabó reclamando el dinero en la justicia ordinaria.

Fue entonces cuando desde los propios servicios jurídicos del Gobierno andaluz instaron a la Consejería de Empleo –de ella depende la Dirección General de Trabajo– a que iniciara un procedimiento para declarar la “nulidad” de las resoluciones de subvención. Pero esto ya se produjo en julio de 2011, dos años después de que la propia interventora adjunta de la Administración autonómica –Griñán estaba a cargo de la Intervención– ya emitiese dos oficios, con fecha de 28 noviembre de 2008 y 13 de julio de 2009, en los que informaba de que “en el sistema contable de la Junta no consta que la entidad Maestrazgo de Sevilla haya percibido subvención o ayuda de la Junta y sus agencias administrativas”.

Además, la interventora había advertido de que los servicios jurídicos de la Junta debían comunicar a la Consejería de Empleo que considerase la necesidad de esa revisión de oficio de las resoluciones, puesto que tales adjudicaciones, “en principio, parecen haber sido dictadas por órgano incompetente, sin procedimiento administrativo establecido, sin consignación presupuestaria, e incluso alterando la propia naturaleza de la subvención”. La Consejería de Empleo elevó sus dudas sobre este asunto al Consejo Consultivo el pasado 23 de enero 2012.

En este contexto, la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, se preguntó ayer “por qué la Junta no anuló las ayudas cuando tenía la información sobre las mismas” o “por qué no consultó al Consejo Andaluz en la fecha de los informes de la Intervención General, esto es, 2008 y 2009, y no ahora”. La número dos de la lista del PP por la provincia de Almería para las próximas elecciones del 25-M dijo que el Gobierno andaluz “ni denunció las ayudas ni elevó consulta con anterioridad, porque son ellos los que inventaron este sistema fraudulento para expoliar más de 1.000 millones de euros a través del fondo de reptiles”. A juicio de Soto, si este caso no hubiera llegado a los tribunales por el banco afectado, el fraude de esta subvención “habría quedado guardado en el cajón de los desastres que tiene bajo llave la Junta de Andalucía”.

Según ha podido saber LA GACETA la empresa beneficiaria, Mecenazgo de Sevilla S. L., estuvo administrada desde 2006 por el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento sevillano de El Pedroso José María Sayago, hombre de confianza del José Enrique Rosendo, hijo del ex alcalde esta localidad Rafael Rosendo. Sayago y su socio están imputado por la juez Mercedes Alaya en la causa de los ERE. Mecenazgo de Sevilla S L fue la denominación de la entidad que luego pasó a ser Inversiones Tecnológicas de Andalucía.

“Subversión jurídica”

Respecto a dicha sociedad, el Consejo Consultivo recalca que “el único documento obrante en el expediente que pudiera tener relación con las ayudas es un plan de negocios referido a producción y comercialización de productos de cerdo ibérico de bellota, procedentes del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla”. Documento, añade el órgano, “que no se sabe cómo ni por qué figura en el expediente”. Incluso va más allá el Consejo al destacar que “ni siquiera consta que la empresa mercantil beneficiaria de la subvención la hubiera solicitado, lo que constituye la máxima subversión del régimen jurídico subvencional”.

Desde el PP, Rosario Soto, preguntó a Griñán que si “la corrupción le asquea”, como señaló anteayer en el debate electoral, “cómo ha estado codeándose con ella más de diez con la nariz tapada”.

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