Los Barrios - Cadiz

Un juez impide que la Diputación socialista de Cádiz haga fijos a 220 temporales contratados a dedo

Es la costumbre desde 1982 e incluso antes, cuando sólo había preautonomía andaluza. Se contrataba a dedo a quien se deseaba bajo la excusa de interinidad o temporalidad, se utilizaban los servicios y cuando era necesario, se buscaba la fórmula para hacer definitivo y fijo lo que legalmente no podía ser porque todo empleado público tiene que haber superado pruebas públicas en igualdad de condiciones que los demás.

Ahora, en Cádiz, un juez ha anulado el método, el mismo de siempre, para que trabajadores temporales contratados discrecionalmente por el PSOE, que es quien manda en la Diputación de Cádiz, con el visto bueno de los sindicatos mayoritarios, se hicieran fijos sin pasar siquiera un examen. El presidente de la Diputación gaditana es el ya famoso Billy el Niño, Francisco González Cabaña (en la foto), mandamás, por si fuera poco, del PSOE de Cádiz, del que es secretario general y que le arde por los cuatro costados.

Con su beneplácito, la Diputación de Cádiz elaboró el plan denominado de "consolidación del personal laboral" en 2009. Esto es, el plan de dejar fijos a los que previamente se había metido a dedo, un plan especialmente conveniente por razones políticas evidentes en momentos previos a unas elecciones municipales. Pero el juzgado número 4 de lo contencioso-administrativo ha estimado parcialmente un recurso presentado por el Partido Popular de septiembre de 2009. De este modo, se anula el contenido de la fase de acceso, concretamente su base número siete. Dicho de otro modo, enchufar de este modo no es válido.

La decisión judicial no deja luga a la duda. El proceso de selección de este personal es de todo punto inaceptable puesto que ni siquiera incluye un examen. Naturalmente, el que no haya prueba de acceso, pública, publicada y con igualdad de condiciones respecto a cualquier otro aspirante, es manifiestamente contrario a la Constitución y a la costumbre de cómo se accede en calidad de personal fijo a una administración pública. Por ello, el juez hace mención de la Carta magna cuando dice que es necesario que los ciudadanos concurran en igualdad a unas pruebas con previa publicidad que sirvan para demostrar el mérito y la capacidad requeridos.

Como en los viejos tiempos de la contratación en la Junta impulsada por el PSOE, a los 220 afectados por el proceso, que aún no son funcionarios, se les pedía una memoria conteniendo su experiencia laboral. Según el PP esa tarea "puede haberla hecho cualquiera que no sea el trabajador, o puede copiarse o encargarse a un familiar o a un catedrático".

La sentencia alude directamente a "la falta de rigor" de sistema y el juez duda de que sea una verdadera oposición que "constate el conocimiento de los candidatos".

Como es costumbre ya, los sindicatos mayoritarios se oponen, no al método usado por el PSOE, sino a la sentencia. El portavoz sindical de CC.OO, Miguel Arteche, de acuerdo con el equipo socialista de gobierno, cuestionó la explicación del PP y pidió tiempo para estudiar la decisión del juez. Pero eso no ha impedido a CC.OO anunciar la firma de un decreto de la Diputación para la reconversión de todos los contratos temporales de obra o servicio en contratos indefinidos.

En la operación se incluyen otros contratos temporales, constituyendo este comportamiento la búsqueda de una vía de escape para evitar que la decisión judicial estropee los planes ya trazados en la Diputación por quienes mandan en ella.

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