Grazalema - Cadiz

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Tras dos años de parón judicial, la juez ordena diligencias pedidas en 2007 y 2008, entre ellas, la declaración de la mujer del ex arquitecto denunciado por la alcaldesa
ROSA ROMERO / CÁDIZ | 26.09.2009

El caso del supuesto cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Grazalema, que saltara a la luz a raíz de la polémica desatada hace cuatro años con las obras que provocaron el desvío del cauce del río Guadalete en pleno casco urbano de la localidad serrana, emerge otra vez tras cerca de dos años de parón judicial.

La juez del Juzgado Único de Ubrique, a cargo de la causa que llevó a la cárcel al ex arquitecto municipal de Grazalema, Juan Prieto, y que acabó salpicando al ex regidor Antonio Mateos, imputado por un presunto delito de prevaricación, ha dictado una providencia que reactiva las estancadas diligencias.

La responsable del Juzgado, que cursó dicha diligencia el pasado agosto, aunque no ha sido notificado a las partes hasta este mes de septiembre, ha ordenado que se practiquen numerosas diligencias, la mayoría, reclamadas nada menos que en 2007 y en 2008. E incluso otras que ya estaban realizadas. Tanto es así que la propia juez ha tenido hasta que hacer a renglón seguido otra providencia en la que deja sin efecto algunas recién ordenadas, como la toma de declaración de dos personas, al constatar que ya habían declarado nada menos que en marzo de 2007.

La investigación arrancó tras denunciar en mayo de 2006 la alcaldesa, la socialista María José Lara Mateos, a la Fiscalía de Cádiz que varios promotores y constructores (los responsables de la obra que desvió el río) le habían dicho que el arquitecto municipal, Juan Prieto, pedía comisiones.

La denuncia de la regidora dio paso a la Operación Pinsapar de la Guardia Civil, que llevó a la cárcel al arquitecto y al contratista de la obra del río, Cristóbal David Barrera, al decir éste que pagó a Prieto una comisión de 36.000 euros, según consta en un acta que levantó el secretario del Consistorio serrano de la reunión que dicho contratista, junto a otros arquitectos y un promotor de la obra, mantuvo con la alcaldesa y otros ediles de su gobierno.

Junto a Prieto y el contratista, que saldrían de la cárcel tras pagar una fianza de 50.000 euros, fueron detenidos dos representantes de la promotora de las obras, Inmocentral, Raúl Gascón Aparicio y Rafael Torres Sánchez, y Antonio del Canto, arquitecto de Ubrique, y José Antonio Martínez, ingeniero industrial de esa localidad. A estos seis imputados se les sumó luego Mateos.

Tras dos años de parón, el Juzgado reclama ahora numerosas diligencias, reclamadas tanto por el fiscal como por los encartados y por Ecologistas en Acción, personado en la causa.

Entre otras cosas, la juez ha ordenado que s e tome declaración a la mujer del ex arquitecto. Y es que no hay que olvidar que éste fue acusado de cobrar incluso comisiones en "especie", en obras realizadas en su casa, la finca Vista Alegre, cuya demolición ordenaría después el Ayuntamiento, recurriendo Prieto.