Espera - Cadiz

Hacienda controlará el gasto eléctrico y pagos en metálico en los polígonos industriales para atajar el fraude

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) alertaba a deportistas famosos y artistas de que el fisco vigilaría de cerca sus sociedades patrimoniales y mercantiles por si a través de ellas pudieran ocultar ingresos o deducir indebidamente gastos particulares.

Pero la Agencia Tributaria, para poner coto a la economía sumergida propone realizar inspecciones en polígonos industriales o diferentes zonas para sacar a la luz actividades económicas no censadas o con empleo de medios humanos o materiales no declarados.

También pedirá a las compañías eléctricas datos sobre el consumo con el fin de localizar inmuebles donde se puedan estar desarrollando actividades productivas no reguladas. Y eso irá también por los alquileres clandestinos. De hecho, ya el año pasado se comenzaron a recabar datos de este tipo. Fuentes de Endesa confirmaron que la compañía se ha visto obligada a facilitarlos por orden de la Agencia Tributaria.

El sindicato de técnicos de Hacienda, calcula que llega a mover unos 5.300 millones de euros, lo que supone el 24% del PIB gaditano.

Los pequeños arreglos en el hogar que se abonan en negro, el ya recurrente 'SI NO QUIERE FACTURA NO LE COBRO EL IVA' o los alquileres sin declarar son parte de este negocio que supone una tremenda competencia desleal a las empresas que operan de forma regulada.

También es el motivo de que una provincia con 194.000 parados según el último dato del desempleo de febrero se logre mantener la paz social y no tome la calle de forma masiva.

Señalar que “los programas de vigilancia de naves industriales que en teoría deberían de estar vacías o inspecciones a pequeños autónomos y negocios no declarados ”. Son procedimientos sencillos que no conllevan un importante trámite judicial para la administraccion, ya que pagar abogados y procuradores resultara mucho más caro que pagar la multa impuestas.

Una de las nuevas medidas que más ha valorado este colectivo es la limitación de la cuantía económica que se plantea poner para los pagos en metálico fijando dicha cuantía, más o menos en 1.000 euros.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la colaboración que se ha establecido entre la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social para compartir información, intensifica más la relación para detectar el fraude laboral e incluso los pagos pendientes con ambas administraciones.