MEMORIA HISTÓRICA

JORNADA MEMORIA HISTÓRICA

En Zarza la Mayor, como en casi toda Extremadura y en buena parte de España, la década de 1930 marcó de manera trágica el futuro de muchas familias.
Pero no fue a causa de la tan traída y llevada guerra civil, sublevación militar, golpe de estado o como quiera que cada cual prefiera llamarlo. Porque a Zarza la Mayor no llegó aquella guerra. Sin embargo, la contienda se utilizó como excusa, como pretexto para saldar rencillas sociales, para resolver expeditivamente problemas laborales y de convivencia, y para tomarse venganzas pendientes.
En 1930, en la provincia de Cáceres, sólo 60 familias –la mayoría de origen nobiliario- poseían nada menos que la tercera parte de la superficie provincial. Y los pequeños propietarios de tierras alcanzaban menos del 20% de la riqueza de Extremadura, mientras que un escaso número de grandes propietarios acaparaba casi el 60% de la misma.
Entre 1930 y 1935, la población extremeña creció en 55.000 personas. Pero en ese mismo periodo de tiempo, se destruyeron en la región cerca de 35.000 empleos, en su mayor parte procedentes de la agricultura. Estas cifras hablan bien a las claras de una situación muy difícil para los campesinos extremeños. Sin embargo, los problemas no habían hecho más que empezar.
En 1931, en Extremadura se labraban más de un millón de hectáreas. Instaurada la república en abril de ese mismo año, la cifra bajó hasta las 300.000 hectáreas. Las consecuencias de esa reducción son inmediatas. Automáticamente, la cifra de parados en Extremadura alcanza las 100.000 personas. Además, los abusos en la contratación y los bajos salarios mantienen en la miseria a la población jornalera. Todavía quedan en nuestro pueblo varios testimonios vivos que afirman haber visto en aquellos años hombres como castillos mendigando por las calles de Zarza, con la cabeza gacha por la vergüenza y llorando de impotencia.
Durante el bienio de la II República se hicieron intentos desde el gobierno de la nación y desde los ayuntamientos, para paliar el problema del paro. Uno de los más importantes fue la puesta en marcha de una reforma agraria. Se dictó una Ley de Bases y se crearon diversas normas que buscaban la redistribución de la riqueza, la racionalización de los cultivos y, en definitiva, mitigar el hambre y la miseria que padecía la clase social más numerosa a la vez que más desprotegida: los jornaleros.
Algunas de estas medidas, elaboradas y publicadas con carácter de urgencia, fueron:
1) El Decreto de Términos Municipales, que obligaba a los propietarios extremeños a emplear a los braceros locales con preferencia sobre los forasteros.
2) El Decreto de Prórroga de los Arrendamientos Rústicos, conocido como “de desahucios”, que prohibía la expulsión de las tierras arrendadas cuya renta no excediera las 1.500 pesetas anuales.
3) El Decreto sobre Laboreo Forzoso, que regulaba la obligatoriedad de realizar determinados trabajos (escarda y desbroce del monte bajo entre ellos), necesarios para el buen mantenimiento de los cultivos, con lo que aumentaría la producción agraria y la contratación de mano de obra.
4) Se autorizaron los arrendamientos colectivos, lo que permitía a los sindicatos campesinos ocupar las fincas en abandono manifiesto.
5) Se implantó en el medio agrario el seguro de accidentes de trabajo, inexistente hasta entonces.
6) Y se estableció la jornada laboral de ocho horas para los jornaleros, que deberían percibir un salario superior por las que trabajasen demás. Hasta entonces, en el campo extremeño habían predominado las jornadas de sol a sol, por las que se cobraba un jornal completo, un jornal de miseria.
No obstante, y como era de prever, los potentados no iban a quedarse con las manos quietas. Enseguida comprendieron el peligro que para su posición hegemónica suponía la reforma agraria, y se aprestaron a combatirla desde todos los frentes. Así, desde el principio, los sucesivos intentos normativos para proporcionar un nivel de vida siquiera mínimo a yunteros, obreros y jornaleros chocaron una vez tras otra contra los muros levantados por los propietarios, en su mayoría grandes terratenientes que desde siempre habían acaparado y ostentado todos los poderes: el económico, el político y el judicial. Sin olvidarnos del poder eclesiástico, un poder cuyos tentáculos llegaban entonces a todos los recovecos y pulsaban todos los resortes de decisión.
En agosto de 1931 crearon la Asociación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas. Y, utilizando los viejos resortes caciquiles, e incluso el concurso de las fuerzas policiales cuando la protesta de los campesinos alcanzaba cierto nivel (lo que sucedía cada vez con más frecuencia, pues cada vez con mayor frecuencia arañaba el hambre los estómagos vacíos de las familias obreras), los terratenientes boicotearon la aplicación de los decretos agrarios, y defendieron encarnizadamente el derecho de la propiedad como algo intocable, y el mantenimiento de los salarios de miseria que pagaban a sus trabajadores, que en la provincia de Cáceres eran los más bajos del país. ¿Cómo lo hicieron?:
a) Reduciendo la hoja de labor, favoreciendo con ello la producción de pastos espontáneos.
b) Se negaron a contratar a todo aquel trabajador que se hubiera “atrevido” a protestar.
c) Le pusieron nombre al enemigo: la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra.
d) Determinaron no barbechar las tierras para no dar trabajo a los yunteros.
e) Y se dedicaron a contratar temporeros portugueses en régimen de destajo, y que admitían salarios más bajos, lo que condenaba a los braceros extremeños al paro y a la indigencia.
Como no podía ser de otra manera, los obreros del campo y los yunteros hicieron frente a lo que consideraban una injusticia flagrante: si había habido tierras que adehesar y labrar hasta entonces, ¿cómo podían desaparecer de la noche a la mañana?
Ante la falta de respuesta gubernamental, los yunteros deciden ir a arar aquellas fincas en las que antes habían labrado, y aquellas que consideraban que eran susceptibles de ser labradas en mayor proporción.
De esta manera, los procesos de invasión de fincas durante la II República son el verdadero “laboreo forzoso” decretado por el gobierno, y que nunca llegó a cumplirse.
En noviembre de 1933 la izquierda es derrotada en las elecciones, y las escasas e infructuosas medidas de la Reforma Agraria que se habían puesto en marcha, dejaron automáticamente de aplicarse, al modificar la Ley de Bases el nuevo gobierno de derechas.
A partir de entonces, los motines de subsistencia fueron episodios críticos de manifestaciones y alborotos en las calles de Extremadura, y en las de Zarza la Mayor, como protestas por la escasez y carestía de los cereales, la especulación y las continuas subidas de precios de los alimentos de primera necesidad.
El desequilibrio que establecía el desigual sistema de propiedad de la tierra, unido a la imperiosa necesidad de subsistencia de una gran parte de la sociedad, favorecían el hurto de bellotas, leña, aceitunas, heno, melones…, hurtos difícilmente controlable por las fuerzas del orden.
España entera estaba revuelta. Extremadura, donde el contraste entre jornaleros y terratenientes era enorme, también estaba revuelta. Y Zarza la Mayor, con un número de habitantes que oscilaba en torno a las 4.000 personas, y cuya población activa estaba compuesta mayoritariamente por obreros agrícolas, también estaba revuelta.
En ese ambiente, es lógico que no faltaran chispas para encender la yesca, ya de por sí preparada para arder. Una muestra apareció en el diario “La Vanguardia” el martes 27 de marzo de 1934. El corresponsal daba cuenta de que el guarda jurado de una dehesa enclavada en el término municipal de Zarza la Mayor, había dado muerte por un disparo de tercerola el día 26 de marzo de 1934 a un vecino del pueblo. ¿El motivo?: lo sorprendió cortando leña en la finca encomendada a su custodia. El guarda alegó ante el Juez legítima defensa. Al parecer, la víctima lo había amenazado con una navaja.
Durante todo el año 1934, las revueltas, las denuncias por hurtos y los enfrentamientos fueron continuos. Los pocos y débiles intentos de negociación que se llevaron a cabo con la intermediación de delegados especiales enviados desde el gobierno civil, fracasaron.
De manera que no tardó en ocurrir el suceso que encendió definitivamente la mecha de lo que estaba por llegar. Fue la huelga del 10 de octubre de 1934.
Ese día, según informó por escrito al día siguiente al gobernador civil el Agente Jefe de Investigación y Vigilancia del Puesto Fronterizo de Zarza la Mayor, “por ejercer coacciones, unos, y por ser dirigentes de la organización de Obreros del Campo, otros, fueron detenidos 23 individuos, los cuales, en unión de las diligencias instruidas, fueron conducidos por fuerzas de la guardia civil a disposición del Sr. Juez Instructor de Alcántara”.
En ese escrito, y en otro similar que envió el Sargento 1º Jefe de la Fuerza de Zarza la Mayor, figuran los nombres y apellidos de los 23 detenidos.
Buena parte de estos 23 detenidos en la huelga de octubre de 1934, figuran también en la lista confeccionada por el profesor e historiador Julián Chaves Palacios, y publicada en su libro “La represión en la provincia de Cáceres durante la guerra civil. 1936-1939”.
“En Zarza la Mayor, los falangistas se encargaron de controlar el municipio tras estallar el Alzamiento. El alcalde durante el Frente Popular, Julián Notario Montero, en compañía del secretario del Ayuntamiento, Claudio Marcos Jorge, ante el temor a sufrir represalias se escondieron en la cercana sierra de Benavente, donde estuvieron varios meses. Otros vecinos con significación durante la República optaron por quedarse en la localidad, confiados en que no les ocurriría nada.
Sin embargo, pronto pudieron comprobar que ese pensamiento estaba bastante lejos de la realidad. Miembros de Falange emprendieron con prontitud la tarea de detener a aquellos considerados afines al Frente Popular, y no satisfechos con esa medida, poco después fusilaron a varios. Un primer grupo de ejecutados lo integraban: Jacinto Colombo Rivero, presidente de la Sociedad Obrera; Tomás Notario Montero, hermano del alcalde; Juan Marcos Jorge, que era sordo; y Abdón Borrero Pantrigo. A los cuatro se los llevaron del pueblo a finales del mes de agosto, fusilándolos en la Mina de la Paloma.
Un segundo grupo, bastante más numeroso que el anterior, estaba compuesto por los siguientes zarceños: Francisco Martínez Buley, Damián Jorge Bueno, Raimundo Suárez Escalante, Zacarías Líneo Díaz, Isidoro Clavero Vinagre, Luciano Montero Tadeo, Francisco Terrón Presumido, Alejandro Guillén Maese, Pedro Guillén Maese, Fermín Chaparro Canales, Doroteo Montero Jorge y Ángel Barrios González, a los que sacaron del pueblo juntos, aunque, al parecer, los ejecutaron en puntos distintos. A unos en la Mina de la Paloma, y a otros en el puente de Alcántara”.
Ninguna de estas ejecuciones tuvo relación con la guerra civil, a pesar de que en las partidas de defunción figuren como causa de la muerte motivos tan absurdos como “falleció a causa de la revolución y la guerra”, o “enfrentamiento con las fuerzas del orden”.
Como dijimos al principio, a Zarza la Mayor, y nunca se podrá saber si por desgracia o fortuna, no llegó la guerra civil. En Zarza la Mayor, la contienda fratricida que anegó España de sangre, sólo fue una tapadera, la coartada perfecta para deshacerse de un grupo de hombres que durante años lo único que hicieron, con más o menos acierto, fue luchar por la libertad y la supervivencia.