Santibáñez el Bajo - Caceres

Mientras el gobierno del PP insiste en que estamos saliendo de la crisis y que los recortes se acercan a su fin, sale a la luz el Plan Presupuestario para 2014 que ha enviado a Bruselas (para que de el visto bueno) y que incluye ajustes adicionales para ayuntamientos y comunidades autónomas de 17.500 millones de euros para los dos próximos años. El ministro Guindos tuvo la desfachatez de decir públicamente que no había “nada nuevo bajo el sol” en estos recortes que, sin embargo, habían sido mantenidos bajo el sigilo más absoluto durante el reciente debate sobre los presupuestos.

Aunque parte de esta cifra incluye medidas ya tomadas, como el repago farmacéutico o la no reposición de jubilaciones, esto en absoluto será suficiente. La única manera de obtener este “ahorro” es la que ya conocemos: una nueva oleada de recortes en sanidad, educación y servicios sociales, el cierre de empresas públicas despidiendo a miles de trabajadores y subidas en toda una serie de tasas e impuestos municipales y autonómicos, desde el de transmisiones hasta la entrada en las piscinas públicas.

Reforma de la Administración Local
Una parte esencial de todo este plan es la llamada reforma de la Administración Local, que bajo la excusa de eliminar duplicidades y racionalizar encubre un tremendo ataque contra los servicios sociales. Hay que tener en cuenta que ayuntamientos y comunidades autónomas son los encargados de gestionar no sólo educación y sanidad, sino la mayoría de políticas sociales (dependencia, renta básica, albergues...) muchas de las cuales son la última protección frente a la miseria.

La reforma de la Administración Local obliga a los ayuntamientos a abandonar las competencias que no le son propias. Por ejemplo, como Educación depende de las comunidades se podría obligar al cierre de escuelas municipales o a prohibir que, como está sucediendo en algunos casos, concedan becas o ayudas sociales para atenuar los recortes de otras administraciones.

Otro punto importante es el establecimiento de la obligación de publicar el “coste efectivo” de los servicios públicos, lo que teóricamente cuesta ofrecerlos. Se justificarían así brutales subidas de tasas y precios públicos para cubrir ese “coste”, y además se obliga a traspasar el servicio público a otra administración que lo ofrezca más barato, por ejemplo la diputación provincial. Dado que la contabilidad de costes puede ser tan “creativa” como las demás ramas de la contabilidad, esto evidentemente abre la puerta a la privatización generalizada de los servicios públicos con la excusa de un menor coste que luego no será tal. Lo que sí se garantiza es el trasvase de millones de euros a los bolsillos de unos pocos y el empeoramiento generalizado de las condiciones de los trabajadores.

Buenas noches.

pesado,que eres un pesado pizarroso dejate ya de copiar y de pegar y de meterte con el pp so pesado.
escribe algo de tu autoria pesado

buenos dias

joseon.

Que sepas que parte de los puntos rojos en negativo te los he portado yo haber cuanto te atreves a darme por cambiar de seudónimo y de registro en el foro.

los puntos negativos me la pela pizarroso,prefiero cambiar de nif antes que ser un copion y un criticon al pp y sin autoria ninguna como tu.

copionnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn