Navas del Madroño - Caceres

La sede de la Institución Ferial de Extremadura, en la que Rubalcaba dio el viernes un mitin, bajo sospecha por múltiples irregularidades económicas en su gestión, según publicó este lunes el periódico El Mundo.
Alfredo Pérez Rubalcaba ofreció el viernes un mitin de precampaña en Don Benito para presentar al candidato del PSOE en esta localidad, el consejero de Fomento de la Junta de Extremadura, José Luís Quintana. Lo que quizá no sabía el vicepresidente del Gobierno es que lo hacía en un recinto, Feval (Institución Ferial de Extremadura), que se encuentra bajo sospecha en los últimos tiempos por las presuntas irregularidades económicas que se vienen sucediendo en este organismo público, que ha recibido cantidades millonarias de fondos europeos para su ampliación y desarrollo.

La principal actividad de este ente, un consorcio que de hecho controla en su totalidad la Junta, pero al que también pertenecen las dos diputaciones provinciales y el Ayuntamiento, es la organización de ferias y eventos. Pero la situación es tal que hasta los propios trabajadores del centro han denunciado la «inmoralidad» y el «despilfarro» en la gestión enviando un informe interno hace un año al propio presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

En el documento, los trabajadores alertan, entre otras cuestiones, de las contrataciones irregulares con socios y miembros de los órganos rectores -copados casi en exclusiva por altos cargos socialistas, entre ellos el director general de la institución, José Luís Viñuela, diputado en la Asamblea de Extremadura y ex alcalde de Don Benito-, anomalías del personal directivo, omisiones y alteraciones contables y despilfarro en instalaciones, como las del nuevo centro tecnológico, dotado para que los directivos pueda disfrutar de la última generación de jacuzzi, spa, pistas de squash y cocina de lujo. Esta zona está vigilada por agentes privados de seguridad y sólo es accesible para los altos cargos directivos.

Pero hay más, mucho más, como por ejemplo la utilización de material y personal de Feval para las fincas privadas del director y el subdirector, José Villa, junto al pantano de Orellana. Para que no falte de nada, la institución ha venido abonando las facturas emitidas de forma habitual por una conocida marisquería de Don Benito y «disfrutadas por el director y el subdirector, entre otros, en casas particulares» incluidos los fines de semana. Sirva de ejemplo una factura abonada por valor de 426 euros por una mariscada para dos personas el 4 de enero de 2008.

Hay que subrayar que la entidad cuenta con comedor propio. En algunos casos, estas mariscadas se trasladaban a Mérida en razón del contrato que la Presidencia de la Junta mantiene con Feval para suministro de catering. También se remitían a un lugar identificado con las siglas S. D., que coincidirían, según el informe de los trabajadores, con Santo Domingo de Olivenza, lugar de residencia del ex presidente Ibarra.

«La gestión llevada a cabo por la dirección ha servido fundamentalmente para poner a su propia disposición todo el capital de Feval, tanto patrimonial como humano, y también económico, toda una infraestructura empresarial de capital público al 100% al servicio de un único interés, el personal», describen los trabajadores en su informe-denuncia a Vara.

El presidente autonómico ordenó el pasado mes de septiembre la elaboración de una auditoria al efecto, de la que aún no se han hecho públicos sus resultados.

Anda, pues peor fue lo de Jaime Matas del PP, que cuando fue presidente de Baleares, se compró un palacete con dinero publico, y solo la escobilla del water le costó 300 Euros. De esto deduzco que la mierda de este hombre solo se puede quitar con un tratamiento muy especial.

Publicado por el Periodico Extremadura. Quizas el apellido de este candidato a alcalde le suene a algunos trabajadores a los que aun debe dinero.

El candidato del PP a alcalde de Sierra de Fuentes ha sido 2 veces condenado
Juan Galeano está inhabilitado desde diciembre para administrar bienes ajenos durante seis años.También fue condenado en 2004 por un delito contra la hacienda pública al defraudar 220.000 euros de IVA.


Las listas que para las próximas elecciones municipales han presentado algunos partidos en la localidad cacereña de Sierra de Fuentes han causado cierto estupor. La causa, que en ellas figuran personas condenadas por la comisión de uno o más delitos. No son imputados, ni acusados, son personas ya condenadas.

Es el caso del candidato a alcalde de este municipio por el PP, Juan Galeano Pérez, al que le constan al menos dos condenas. Por la última, de 1 de diciembre pasado, incluso se encuentra inhabilitado por tiempo de seis años para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier persona.

Ante este hecho, muchos se preguntan en el municipio ¿cómo es posible que una persona que, por orden judicial, no puede administrar una empresa pretenda administrar el ayuntamiento? Pero esta cuestión no se debe haber planteado en el PP, ya que Juan Galeano es su candidato en Sierra de Fuentes para las elecciones del 22 de mayo, un hecho que ha llevado incluso a que el presidente de la Agrupación Local del partido en este municipio, Adrián Guerra Polo, presente su renuncia "con carácter irrevocable".

La primera condena que le consta al candidato popular data del 2004. Con fecha 12 de enero, el Juzgado de lo Penal 1 de Cáceres dictó una sentencia en la que declaraba probado que Juan Galeano, "en su cualidad de empresario individual del ramo de la construcción, llevado por su precaria situación financiera..." defraudó, en concepto de IVA, más de 37 millones, de las antiguas pesetas. Le declaró culpable de un delito contra la hacienda pública y le impuso una condena de 1 año de prisión, inhabilitación para la obtención de subvenciones o ayudas públicas por un periodo de tres años, y multa de 224.922,76 euros, además del pago de lo defraudado.

Galeano recurrió ante la Audiencia Provincial, que desestimó su recurso y confirmó la condena "al considerar probado que atendiendo a las normas tributarias aplicables al IVA del ejercicio económico del año 2000, defraudó una cantidad superior a 15 millones de pesetas, y que con su declaración tributaria fraudulenta consumó un delito fiscal".

¿Hablamos de corrupción? El PP bate records de corrupción

Te equivocas Alnilah y te lo voy a demostrar sin salir de Extremadura, que es realmente lo que nos interesa y conocemos.

PLASENCIA GOBERNADO POR EL PSOE:

El Pleno del Ayuntamiento de Plasencia celebrado esta tarde sacó adelante la propuesta del Gobierno Municipal Socialista de modificar el artículo 27 de las bases de ejecución de los Presupuestos para que sea el municipio quien se haga cargo de las minutas de los abogados y procuradores de los seis concejales del PSOE, incluida la alcaldesa Elia María Blanco, que están imputados por presunta corrupción.
El Juzgado les investiga por haber podido favorecer a un histórico militante de este partido, José Antonio Romero Vega, en la adjudicación de las obras públicas. La iniciativa salió adelante con la ayuda de los votos de dos concejales tránsfugas no adscritos mientras que se opusieron los ediles del Partido Popular y una concejal de UPEX.
La expectación en el Pleno, que duró casi dos horas y media, fue enorme y se registró un lleno en el Ayuntamiento placentín para seguir las evoluciones de la sesión. El público respondió con sonoros abucheos cuando la votación salió adelante, aunque contrastó con los aplausos de los seguidores del gobierno municipal en la sala.
Hay que recordar que los concejales socialistas, incluida la alcaldesa, están imputados por prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude y exacciones fiscales. También están acusados el interventor y el secretario municipal, a quienes también se les pagará la defensa, y el propio empresario.
Las arcas públicas sólo asumirán los gastos si resultan inocentes
"Les decimos a los ciudadanos lo que honestamente les tenemos que decir aunque nos cueste votos", argumentó la regidora placentina Elia María Blanco, candidata de nuevo de su partido a las próximas elecciones municipales.
Mientras, el concejal de Hacienda, Francisco Barbancho, uno de los imputados, justificó la modificación del presupuesto porque a su entender "todo el mundo tiene derecho a su legítima defensa", además de especificar que los presupuestos municipal sólo pagarán los gastos judiciales a los acusados en caso de que las personas imputadas sean finalmente absueltas en sentencia judicial: "Es honesto y correcto", aseguró.
Aunque es evidente la coincidencia en el tiempo de las imputaciones y la propuesta socialista, el artículo modificado no hace referencia expresa al caso concreto del 'caso Plasencia' sino que en general se apela a todas imputaciones presentes y futuras.
Tampoco se incluye en los presupuestos una partida económica concreta, por lo que se abre la posibilidad de pago de cualquier cantidad, que se intuye muy elevada. Los concejales imputados han recurrido para su defensa al despacho de abogados Garrigues y al de Juan Manuel Mestre, ambos de Madrid.
Se intuye que los gastos serán elevados por la cantidad de imputados
En primer lugar por el elevado número de personas imputadas (la alcaldesa y la mitad de su equipo de gobierno además de los dos funcionarios) así como por las numerosas obras investigadas en las que los ediles supuestamente, a pesar de las advertencias de los técnicos, eran fraccionadas en su presupuesto para que éstas no salieran a concurso público y pudieran ser otorgadas 'a dedo'.
El portavoz del PP, Miguel Cantero, conminó a los miembros del grupo socialista, si no quería asumir de forma personal el pago de sus defensas o el propio partido, a utilizar los servicios jurídicos de la Diputación de Cáceres, "que tienen una gran reputación, son gratuitos y cuentan con precedentes en la defensa de concejales imputados, como el caso del alcalde de Ceclavín (Cáceres)".
De ahí que considerada la postura socialista como de "capricho desmedido y de última hora para asegurarse que les paguemos entre todos los ciudadanos a sus abogados cuando ya saben que van a perder las elecciones". Por su parte, la concejal del partido UPEX, Victoria Domínguez, argumentó que podría darse en la votación una presunta incompatibilidad al votar los concejales imputados un punto en el orden del día que les afectaba a ellos directamente pues iban a ser los beneficiados, aunque el secretario municipal avaló por el contrario dichas votaciones.

Sr. Eriteo, perdone no es que me importe equivocarme, es muy humano e incluso a veces aprendemos de ello. Pero en este caso los que se equivocan son los de La Sexta.