Logrosán - Caceres

Los expertos defienden la necesidad de resarcir a las víctimas con calma pero sin obstrucciones

Historiadores, filósofos y constitucionalistas piden recuperar la memoria y huir del ‘guerracivilismo’

La reacción que ha suscitado en algunos sectores de la sociedad española el intento del juez Baltasar Garzón de investigar los crímenes del franquismo demuestra que esa etapa de la historia sigue siendo tabú aunque hayan pasado 35 años desde la muerte de Franco y 70 desde el fin de la guerra civil. Pone de manifiesto, además, la resistencia de la derecha a rememorar aquel pasado y a aportar una pizca de justicia al bando de los perdedores, cuyos descendientes pretenden ahora encontrar, exhumar y dar una sepultura digna a sus familiares desaparecidos y enterrados en fosas comunes. Como ocurrió con la ley de la memoria histórica, la intención de Garzón ha levantado ampollas.
El debate ha adquirido gran tensión en los últimos días y en algunos sectores se ha cuestionado la idoneidad de la transición democrática. Los expertos consultados por EL PERIÓDICO coinciden en que está bien analizar cómo se hizo la transición, pero no consideran necesario un nuevo pacto constitucional. Sí defienden la urgencia de recuperar la memoria, resarcir a las víctimas y tratar de encontrar unos puntos de coincidencia que permitan construir una memoria compartida, en línea con lo que se ha hecho en países como Alemania, donde el patriotismo democrático se basa en el lema Auschwitz, nunca más.

«CHAPUZA MARAVILLOSA» / Historiadores, sociólogos, filósofos y constitucionalistas, todos coinciden en que la transición se hizo como se pudo y que se sustentó en un pacto de silencio, en asumir «que era mejor no remover el pasado», como explica Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Un hito, el de la transición, que el sociólogo y presidente del Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner, califica como «una chapuza maravillosa».
Al fin y al cabo se consiguió pasar pacíficamente de una dictadura a una democracia tras la muerte en la cama del dictador y con el franquismo en pleno ocupando las estructuras del Estado. Como explica el catedrático de Filosofía Política de la UNED Antonio García Santesmases, «durante años se entendió que la transición española era ejemplar precisamente por haber sido capaz de echar al olvido los agravios del pasado». En su opinión, la decisión de no pedir cuentas no solo se fundamentaba en el miedo a la reacción de los franquistas –en 1981 hubo el intento de golpe del 23-F–, sino también en el convencimiento de que «la desmemoria era la mejor manera de evitar la repetición de los peores momentos de la historia».
De hecho, los gobiernos de UCD, cuyo origen está en el franquismo, no tocaron el pasado. Pero también los gobiernos socialistas presididos por Felipe González tuvieron especial cuidado en no reabrir heridas. Se evitó, por ejemplo, conmemorar en 1986 y 1989 los 50 años del principio y del fin de la guerra, respectivamente. El expresidente ha explicado que, siendo líder de la oposición, el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado, le dijo: «Antes o después va usted a gobernar y yo solo le voy a pedir una cosa: no remueva la guerra civil. Hay muchas heridas abiertas».
González consideraba que consolidando la democracia, subordinando el poder militar al civil e integrando el país en Europa haría desaparecer los fantasmas del pasado. Salvador Giner cree que «Felipe hizo muy bien» al evitar pasar factura al franquismo. A su juicio, «su gran éxito fue demostrar que podía haber un Gobierno socialista en paz, durante un periodo prolongado y sin un solo tiro». Es decir, sin repetir los errores cometidos durante la República.

VIEJAS QUERELLAS / Pero la transición acabó hace tiempo. Casi todos los protagonistas de la guerra han fallecido. Y, como todo lo que se trata de ocultar acaba reapareciendo, las querellas del pasado han vuelto al presente. Como ocurrió en Francia con el Gobierno de Vichy, o en Chile y Argentina. En España han tenido que pasar 70 años. Y ocurre porque, como explica Segura, «son los nietos los que se hacen preguntas, los que buscan respuestas». El catedrático de la UB precisa que no se trata «de un problema político, sino de la reparación del olvido», porque «hay familias que 70 años después no han podido exteriorizar su duelo». En su opinión, como «somos un país maduro, un Estado democrático consolidado», deberíamos tener la suficiente serenidad para saber qué sucedió, «y eso no pasa por el revanchismo».
En esa línea, Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, defendió el jueves en un acto en Madrid el derecho a encontrar los restos de los familiares enterrados en las fosas comunes, «a resarcir su historia». Algo que los familiares de las víctimas del bando vencedor tuvieron mucho tiempo para hacer.
El historiador Ian Gibson cree que «este país no ha afrontado debidamente el genocidio y la criminalidad del régimen de Franco y no podrá avanzar con confianza en el futuro si no resuelve antes eso, si no recupera a los miles de muertos que están en las fosas». Para Gibson, el problema es que la derecha «no quiere que eso se investigue y se conozca». También Segura atribuye el problema de que no se avance ahora en esa cuestión a que «la derecha no está a la altura de las circunstancias, porque es una derecha que no tiene sentido de Estado». El profesor Giner piensa que el debate de estos días «se está exagerando en el lenguaje» y reclama calma para acercarse a la recuperación de la memoria, pero considera también que el problema está en la actitud de «la irreductible derecha tradicionalista y católica», que «está asustada y crispada».

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