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1. EDUCACIÓN
Más cara y de peor calidad
El Gobierno destinará hasta 3.000 millones de euros menos a la educación, uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar y que el propio Rajoy prometió no tocar. Se trata de un recorte extra, anunciado con posterioridad a los Presupuestos Generales del Estado y que el ministro del ramo, José Ignacio Wert, asumió que afectarán a la calidad de la enseñanza. La medida supone un ahorro en personal docente, para lo que, entre otras cosas, se aumentará en un 20% el límite máximo de alumnos por clase. Además, los universitarios sufrirán un aumento de hasta un 50% en el precio de las tasas de la matrícula, mientras que se endurecen las condiciones de acceso a las becas. La partida de ayudas públicas a estudiantes será de 166 millones de euros menos que el año anterior y las becas para formar en el extranjero a los profesores se reducirán en un 70%.


2. SANIDAD
Copago histórico
La sanidad pública española, una de las mejor valoradas a nivel internacional, sufrirá un tijeretazo de 7.000 millones de euros. Pese a que el Gobierno se opuso al copago poco antes de aprobarlo y la ministra Ana Mato aseguró que se hace "sin afán recaudatorio", por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Salud los pensionistas comenzarán a pagar por sus medicamentos, hasta ahora gratuitos. Algunas comunidades, como Catalunya, cobrarán adicionalmente un euro por cada fármaco, sea el paciente que sea. Otros servicios sanitarios, como las prótesis, los productos dietéticos o el transporte no urgente pasarán a ser "sevicios accesorios" por los que los contribuyentes tendrán que desembolsar un gasto extra.

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3. INMIGRANTES
Sin derecho a asistencia sanitaria
A partir del 30 de agosto los inmigrantes que residan en España y que no estén dados de alta en la Seguridad Social se quedarán sin la tarjeta sanitaria que hasta ahora obtenían al estar empadronados. Con la tarjeta, los inmigrantes en situación irregular tenían derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, pero ahora solo podrán hacer uso de las urgencias, maternidad y atención infantil, es decir, los servicios más básicos. Aunque el Gobierno dice tomar estas medidas contra el "abuso" del sistema sanitario español por parte de los extranjeros, lo cierto es que éstos acuden al médico con la mitad de frecuencia que los españoles.


4. PROTESTAS
El manifestante, como un criminal
Ante los numerosos recortes anunciados, la aprobación de la reforma laboral y los altos niveles de desempleo, miles de personas han salido a protestar a las calles durante este último año. Lo han hecho de manera pacífica, con algunos capítulos violentos, pero siempre aislados y puntuales. Sin embargo, el Gobierno pondrá en marcha una reforma para endurecer el Código Penal (ya de por sí uno de los más severos de Europa) que pretende castigar con pena de prisión la violencia callejera al equipararla con la legislación antiterrorista. La resistencia pasiva será considerada un delito de atentado a la autoridad, y difundir en Internet convocatorias violentas o que alteren gravemente el orden público será un delito de integración en organización criminal.


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