Aldeanueva de la Vera - Caceres

El nuevo presidente del Gobierno se ve obligado a predicar con el ejemplo en su política de recortes, los anunciados, los insinuados y los silenciados. Es tal el grado de austeridad que Mariano Rajoy ha de implantar en la Administración General del Estado, que los nuevos ministros tienen problemas para completar los fichajes de altos cargos, por los discretos sueldos que ofrecen.

Esas dificultades ponen de relieve las incomprensibles diferencias entre las retribuciones de empleados públicos de la administración central y de algunas autonómicas. Cataluña es un ejemplo palmario, con un president, Artur Mas, que gana casi el doble que el presidente Rajoy: 144.000 euros anuales el jefe de la Generalitat y 78.185 el del Gobierno de España.

Cataluña está dando pistas de por dónde pueden ir los recortes en gasto público pero no da ejemplo de austeridad en los sueldos.

Puestos a comparar retribuciones, resulta que un embajador de Cataluña (hay seis embajadas con un coste de 26,9 millones) asimilado a la categoría de director general de esa comunidad, tiene unos ingresos de 80.598 euros al año, más que cualquier miembro del Gobierno de España.

No creo que gobernar a los catalanes sea más difícil que hacerlo con el conjunto de los españoles, pero el hecho es que ni Mariano Rajoy, ni su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría (73.486 euros/año), ni por supuesto sus ministros (68.981 euros/año), se acercan a los 108.576 euros que gana un conseller de la Generalitat.

El president Artur Mas no ha mostrado síntomas de querer acercar sus retribuciones y las de su equipo a las del Gobierno de la nación pero sí reclama, con amenazas judiciales, una deuda fiscal del Estado. Mientras, sigue metiendo tijera en la sanidad pública. Su última propuesta, cobrar 1 € por cada receta médica, le supondría unos ingresos anuales de al menos 150 millones de euros, ya que en Cataluña se facturan 12,98 millones de recetas cada mes.

Es muy probable que los primeros recortes se apliquen al gasto farmacéutico, que en toda España alcanza la friolera de 12.000 millones anuales, a razón de 957 millones/mes. Pero lo del euro por receta no es la única vía. Cabe la fórmula Esperanza Aguirre de condicionar la gratuidad de los medicamentos a la renta del paciente, cierto copago por consulta u hospitalización, o supresión de la subvención pública a fármacos que cuesten menos de 3 euros.