Aldeanueva de la Vera - Caceres

La mayoría de los casos son por prevaricación o por delitos urbanísticos contra la ordenación del territorio.La provincia de Cáceres concentra casi todas las causas, sobre todo por construir en zonas protegidas.


Malversación de fondos públicos, prevaricación, delitos urbanísticos... Son algunos de los hechos ilícitos que, cada vez con mayor frecuencia, llevan a cargos públicos ante la justicia. Ningún partido se salva de ver a sus políticos imputados por presuntos hechos delictivos, ni tampoco hay comunidad alguna a la que estos no salpiquen, como puso de manifiesto el pasado miércoles el Fiscal General del Estado, que ha contabilizado 730 políticos de los dos grandes partidos investigados en toda España. Extremadura no es una excepción, donde hay al menos 16 procesos judiciales abiertos contra cargos o excargos públicos; y son 21 los alcaldes, exalcaldes, concejales y cargos de la Administración regional los que están siendo investigados por la presunta comisión de delitos.

Los hechos ilícitos que se les atribuyen son de muy diferente naturaleza, pero en la mayoría de los casos se les acusa de prevaricación o delitos urbanísticos. De hecho, los datos reflejan que más de la mitad de las denuncias que investigan los tribunales de la región contra cargos públicos se refieren a la ordenación del territorio, es decir, a asuntos que tienen que ver con el urbanismo.

Y es precisamente el urbanismo la causa de que tan solo 2 de los 21 procesos judiciales abiertos en Extremadura en este momento sean de la provincia de Badajoz. Así lo indican las fuentes de la Fiscalía consultadas por este diario, que como principal razón de la diferencia numérica de causas entre Cáceres y Badajoz señalan que "la extensión de terreno protegido en Cáceres es mucho mayor que en Badajoz, y esto hace que la comisión de delitos contra la ordenación del territorio, tanto por particulares como por responsables políticos, sea más frecuente en localidades de las comarcas con mayor espacio protegido, como la Vera, Gata, Los LLanos de Cáceres o Sierra de San Pedro".

Además, añaden, el Seprona tiene esas zonas de especial protección muy vigiladas, "como demuestra el hecho de que muchas de las causas abiertas, por no decir la mayoría, se derivan de denuncias del propio Seprona, cuyos agentes llegan incluso a seguir a una hormigonera que sorprenden metiéndose por un camino para comprobar a dónde va o qué obra se está haciendo", señalan las fuentes citadas.

Estos son los 16 casos:


CECLAVIN: Viviendas sin visto bueno técnico

Es posiblemente la causa judicial que más avanzada se encuentra de cuantas hay abiertas en la región contra cargos o excargos públicos. El Juzgado número 2 de Cáceres instruye un procedimiento contra el alcalde de este municipio cacereño, Pedro Martín González, del PSOE, por un presunto delito urbanístico contra la ordenación del territorio.

En este caso se investiga la presunta comisión de un delito vinculado a la concesión de licencia contra la normativa urbanística. Se le acusa de haber concedido licencias para la construcción de viviendas a pesar del criterio contrario de la técnico municipal, al no haberse urbanizado el suelo ni estar garantizada la cesión de suelo a la que están obligados los promotores.


JERTE: Apartamentos en una zona protegida

Muy avanzada se encuentra asimismo la causa que instruye el Juzgado 3 de Plasencia contra Antonio García Santos, alcalde socialista de la localidad cacereña de Jerte. Como en el caso de Ceclavín, a García Santos se le investiga por hechos constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio. Está acusado de conceder licencia para la construcción de apartamentos en una zona de especial protección. En concreto se trata de los permisos para la construcción de los apartamentos turísticos rurales Las Palomas en el paraje protegido conocido como La Peraleda.


LOSAR: ¿Viviendas o casetas para aperos?

Dos son las causas que contra el alcalde de Losar de la Vera, Juan Antonio Martín Serrano, del PSOE, se encuentran abiertas en los juzgados de Navalmoral de la Mata. En una de ellas también figura como investigado su teniente de alcalde Germán Domínguez.

A Martín Serrano y a Domínguez se les acusa de cometer un presunto delito urbanístico por la construcción de cinco viviendas en el paraje conocido como el Lomo, catalogado como área de máxima protección y de suelo no urbanizable por las normas subsidiarias municipales. Así figura en la denuncia de Ecologistas en Acción, grupo conservacionista que entiende que el alcalde ha mirado hacia otro lado con estas construcciones, en cuyas obras ha participado la empresa del teniente de alcalde. Martín Serrano anunció hace un año la paralización de estas viviendas al no ajustarse a los proyectos --casetas de aperos--.


CORIA: Viviendas en zonas inundables

Las dos causas judiciales en las que se encuentra implicado Joaquín Hurtado Simón, exalcalde independiente de la localidad cacereña de Coria, están también muy avanzadas en su tramitación.

Hurtado, que fue alcalde de Coria por el grupo político independiente Centro Obrero Empresarial Cauriense, fue denunciado por el Partido Socialista por haber permitido la construcción de viviendas en una zona inundable del río Alagón pese a conocer la ilegalidad de dicha práctica. La causa judicial en la que figura como acusado la instruye el Juzgado número 1 de Coria, su localidad.

DESCARGAMARIA: A juicio por un restaurante

Ignacio Usaín, exalcalde socialista de Descargamaría, está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación, referente a la adjudicación ilegal, o cuando menos irregular, del restaurante de titularidad municipal museo Molino de Animas de la localidad cacereña. También se encuentran denunciados en la misma causa judicial, que se instruye en los Juzgados de Coria, dos miembros de la mesa de contratación del consistorio.

La denuncia partió de uno de los empresarios que aspiraba a hacerse con la gestión del establecimiento, que consideró que el concurso del 2004 fue manipulado para conceder el restaurante a dedo. El juez ya obligó al consistorio a repetir el procedimiento y se cambió el concurso por la subasta. Ahora se investiga la responsabilidad de los cargos públicos.


20/11/2009 I. BRAVO / A. FERNANDEZ

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CASAR DE PALOMERO:

A vueltas con el padrón

El alcalde de Casar de Palomero, José Antonio Arrojo Palomo, que gobierna a nivel local bajo las siglas de un partido independiente, denominado Compromiso Ciudadano con Casar de Palomero está siendo investigaco por la presunta comisión de delitos de prevaricación.

Contra este alcalde de la comarca de Las Hurdes hay abiertas dos causas en los Juzgados de Plasencia, una por negarse a empadronar a una niña en su localidad, y una segunda por la presunta alteración del padrón municipal.


ALMARAZ: Un parque fotovoltaico sin papeles

También por la comisión de un presunto delito de prevaricación hay abierta en los Juzgados de Navalmoral de la Mata una causa contra la alcaldesa de Almaraz, Sabina Hernández Fernández, del PP.

El proceso deriva de una querella presentada contra la primera edil por la adjudicación de unos terrenos para la instalación de un parque fotovoltaico sin que se hubiese abierto ni aprobado para ello el oportuno y preceptivo expediente.


CARCABOSO: Investigan a los 3 últimos alcaldes

Varios son los exmandatarios del Ayuntamiento de Carcaboso implicados en procesos judiciales.

Por una parte, el exalcalde del Siex José María Sánchez Navarro, que dirigió el consistorio de Carcaboso durante 21 años, hasta que dimitió en el 2003. Actualmente se les acusa de un delito de falsedad y estafa procesal en una causa que se instruye en los Juzgados de Plasencia debido a que en un procedimiento anterior presentó facturas de 1999 en euros, cuando en aquella época la moneda en circulación en España todavía era la peseta. De hecho, desde finales del 2004 cumple una inhabilitación de nueve años por prevaricación y, según fuentes de la oposición en el ayuntamiento, ha tenido que devolver más de 14.000 euros al consistorio tras una investigación del Tribunal de Cuentas que determinó que, durante su mandato, se destinaron partidas sin justificar a la Comisión de Fiestas de San Jovita, uno de los patrones del pueblo.

Por otra parte, derivada de una denuncia del propio Ayuntamiento de Carcaboso, hay otra causa judicial abierta, en este caso contra el exalcalde y actual concejal socialista Alfonso Bueno por presunta prevaricación. Se le investiga por haber contratado orquestas para las fiestas de forma irregular en el año 2005 por una cuantía que podría ascender a los 37.000 euros, informa Nieves Agut. Según fuentes de la Fiscalía se trata esta de una causa muy reciente, "que están en estos momentos prácticamente iniciándose, estando pendiente incluso de la toma de declaraciones".

Además, sobre el actual alcalde, Alberto Cañedo (Prex-Crex), existe un procedimiento por presunta prevaricación administrativa, por no facilitar la información oportuna a la oposición.


PLASENZUELA: Impago, subvenciones, obras...

La causa posiblemente más grave de cuantas hay abiertas en juzgados extremeños contra cargos o excargos públicos sea la que recoge el ya denominado caso Plasenzuela , derivada de la denuncia que ante la "caótica situación económica del consistorio y las numerosas irregularidades apreciadas en su gestión" presentaron en la Fiscalía el actual alcalde y un concejal de su partido, el PSOE, contra miembros de la anterior corporación, también socialistas.

La causa la instruye el Juzgado número 2 de Trujillo. Se inició hace apenas dos meses, y en ella figuran como imputados el exalcalde socialista del municipio, José Villegas Ceballos; el exconcejal de su partido, Francisco Crespo; el secretario municipal, Leopoldo Barrantes; y el alcalde de Torremocha, Domingo Galán Encinas, del PP, que en su caso está implicado en esta causa en su calidad de constructor.

Son diversos los hechos ilícitos de los que se les acusa, como haberse apropiado de subvenciones concedidas por la Junta para obras en el municipio, el impago a la Seguridad Social de cuotas de los trabajadores municipales, desviación de fondos municipales o adjudicación irregular de obras; y varios los delitos que se les imputan, como fraude de subvenciones, a la Seguridad Social y a Hacienda, malversación de fondos públicos y delito de fraude a las contrataciones públicas, entre otros.


ALBURQUERQUE: La fábrica de bicicletas

La causa judicial más reciente contra cargos públicos de la región es posiblemente la que por presunta malversación de caudales públicos se ha abierto en el Juzgado número 3 de Badajoz contra el alcalde de Alburquerque, el socialista Angel Vadillo, sobre el que en estos momentos no hay acusación formal.

La Fiscalía investiga si el alcalde malversó dinero público en su forma de llevar la representación municipal de la empresa Bicinatura, de fabricación de bicicletas, que se creó en el año 1997 y que actualmente se encuentra sin actividad. La instrucción de esta causa se ha derivado de la denuncia presentada por los concejales del PP en la localidad, que creen que con Vadillo podría haber incurrido no solo en un delito de malversación de fondos públicos, sino también de negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración del precio de las cosas, prevaricación, falsedad documental, fraude y exenciones ilícitas.


20/11/2009 I. BRAVO / A. FERNANDEZ