Los miembros del Congreso y del Senado son conscientes de la imagen y valoración que merecen a los ojos de la opinión pública, sobre todo en las mediciones que hace mensualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Desde el año 2010, en la anterior y en la actual Legislatura, los diputados y los senadores han reducido sus ingresos en dos ocasiones, han visto cómo se disminuyen los presupuestos para ambas Cámaras y han renunciado a la extra de Navidad de este ejercicio, igual que el conjunto de empleados públicos.
Pero quienes ocupan los escaños de Congreso y Senado tienen un régimen económico diferente al conjunto de los funcionarios. Cuando se les aplica una reducción salarial, ésta se hace sobre la llamada asignación constitucional, una cantidad igual para todos de 2.813,87 euros más la cuota de cotización a la Seguridad Social.
Gozan de otros conceptos retributivos sin consideración salarial y que, en algunos casos, pueden igualar o superar la citada asignación. Según su destino en la institución tienen unos complementos mensuales que oscilan desde los 9.000 euros del presidente a los casi 700 de un secretario de Comisión. Y, según tengan la residencia declarada en Madrid o fuera de la capital, una indemnización mensual de 870 ó 1.823 euros/mes, respectivamente.
Aparte quedan las que podrían considerarse retribuciones en especie, como la gratuidad en viajes en transporte público o en dispositivos tecnológicos. Y las subvención fija de 28.597€ para cada grupo parlamentario más una variable en razón de 1.645 por diputado, capítulo éste muy inferior en el Senado.
No pinta bien, no será que están estudiando la manera de bajárnoslos a nosotros y nos hacen creer que son fenomenales. 