Alcollarín - Caceres

Adrián Rodríguez, guardia civil retirado de 73 años, alcalde de la localidad de Alcollarín durante muchos años (hasta las últimas elecciones), acaba de ser condenado por la Audiencia Provincial de Cáceres a 9 años de prisión, y 34 años de inhabilitación para ser político. Su culpa: impedir que los concejales de la oposición se reunieran en el Ayuntamiento, llegando a encerrarles en el edificio durante 15 minutos.

Alcollarín es una localidad de 312 habitantes que está a 36 kilómetros de Trujillo. Cuando ocurrieron los hechos que ahora han sido juzgados, el PSOE gobernaba la ciudad al tener 4 de los 7 concejales, los otros 3 eran del PP. El alcalde socialista era Adrián Rodríguez Santos.

Con candados

Según señala la Audiencia, en el verano del 2003 el alcalde socialista comenzó a impedir sistemáticamente la labor de los tres concejales de la oposición. Les denegó la solicitud de convertirse en grupo político, les negaba concederles un lugar donde ejercer su labor, y desestimó su petición de facilitarles una mesa.

Los tres concejales del PP: Manuela, Demetria y Julián decidieron ocupar un pasillo del Ayuntamiento, valiéndose de un banco y unas sillas que hacían la vez de mesa. Se quedaron sin banco y sin sillas por orden del alcalde.

La oposición solicitó entonces reunirse en el salón de plenos, ya que sólo se usaba cada tres meses para los plenos municipales, y el alcalde ordenó poner un candado en la puerta del salón de plenos.

El 16 de julio el alcalde intentó echar del Ayuntamiento a las concejalas del PP Manuela y Demetria. Se negaron y él llamó a la Guardia Civil diciendo que ellas estaban alterando el orden público. Llegaron los guardias, dándose la circunstancia que uno de ellos es hijo de Demetria. Ella y Manuela se marcharon.

Disputas ante vecinos

El 13 de agosto el alcalde ordenó que se cerraran las dependencias municipales tan pronto llegaran a las mismas los tres ediles del PP.

El 24 de septiembre estableció que los concejales de la oposición se podían reunir entre las 9 y las 10 de la mañana en la Casa de Cultura.

La situación más grave ocurrió la mañana del 11 de agosto. Adrián, el alcalde, recibió la visita de unos vecinos de la pedanía de Fernando V. Cuando éstos salieron del despacho del alcalde, los de la oposición se dieron a conocer a los vecinos y les entregaron un papel con sus teléfonos. Eso molestó mucho al alcalde que intentó quitarles el papel. Gritó que todo el mundo se fuera del Ayuntamiento. Salieron los vecinos de la pedanía, la secretaria del Ayuntamiento y el alcalde cerró con llave el edificio, dejando dentro a los tres ediles que le molestaban. Era la una de la tarde.

«Quien manda, manda»

Al verse encerrados, los de la oposición llamaron a la Guardia Civil. Los concejales estuvieron 15 minutos encerrados.

Los vecinos de la pedanía vieron el ayuntamiento cerrado. Le preguntaron a la secretaria qué había ocurrido, y ella les dijo que el alcalde había encerrado en el Ayuntamiento a los concejales, porque «quien manda, manda».

Además de los 9 años de prisión y los 34 de inhabilitación para cargo público, la Audiencia le condena a pagar los gastos del juicio y el abogado de los tres ediles.

¿Indulto?

En la sentencia, los tres magistrados de la Audiencia proponen un indulto parcial para el condenado. «A juicio de este tribunal -dice la sentencia-, la pena es excesiva atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo, su edad, el devenir de los hechos, los antecedentes del mismo, la duración del encierro y las consecuencias de la conducta de adrián».

Al Tribunal Supremo

Periódico HOY DE EXTREMADURA, fecha 26-10-07