Sabadell - Barcelona

La independencia de cualquier región de España deberá ser aprobada en referéndum por al menos el 75% de los empadronados en esa región.
De aprobarse la independencia, el nuevo estado quedaría fuera de la Unión Europea y todas sus instituciones, así como también de todos los organismos internacionales en los que participa España (OTAN, FMI, etc.), que no asumirá, ni siquiera temporalmente, la representación del nuevo estado. España se reserva el derecho a bloquear la incorporación del nuevo estado a los organismos internacionales de los cuales forma parte.
El nuevo estado no podrá utilizar el euro como moneda.
Los ciudadanos del nuevo estado mantendrán durante seis meses la ciudadanía española, tiempo durante el cual deberán ratificarla o renunciar a la misma en favor de la ciudadanía del nuevo estado. La ciudadanía española será incompatible con la ciudadanía del nuevo estado.

Quienes renuncien a la ciudadanía española no podrán acceder al territorio español ni europeo hasta tanto no se establezcan consulados y se determinen los requisitos de visado.
Quienes renuncien a la ciudadanía española perderán el derecho a percibir cualquier pago del Estado Español del que estuvieren disfrutando (seguridad social, desempleo, becas, dependencia, etc.). Las aportaciones que hayan realizado a la Seguridad Social no darán derecho a prestación alguna hasta tanto no se alcance un acuerdo sobre el particular con el nuevo estado.
La región que se independice perderá todo derecho en el Fondo de Garantía de Depósitos, Consorcio de Compensación de Seguros y similares.
El nuevo estado asumirá como propia una parte de la deuda pública total de España equivalente a no menos que su participación en el PIB español.
La región independizada deberá devolver a la Unión Europea los dineros recibidos con fondos de cohesión, estructurales y otros.
Las ventas desde el nuevo estado a España estarán gravadas con los aranceles determinados por la Unión Europea, sin preferencia alguna respecto de las importaciones desde terceros países.
Las empresas con sede social en la región que se independice que quieran seguir operando en España deberán establecer una nueva sede social en territorio español en no más de 90 días.
Las empresas del nuevo estado deberán devolver las ayudas que hayan recibido del Estado Español durante los cinco años anteriores a la independencia; las deudas que se mantengan con el FROB serán exigibles de inmediato.
Todos los funcionarios del Estado Español con plaza en la región que se independice tendrán derecho a que se les ofrezca una nueva plaza en territorio español. De no aceptarla en un plazo de 90 días, perderán su condición de funcionario.
Los deportistas del nuevo estado que hayan formado parte de selecciones nacionales españolas podrán seguir formando parte de las mismas si ratifican su condición de ciudadanos españoles.
Los equipos deportivos del nuevo estado no podrán participar en las competiciones de nivel nacional de España (Liga de Fútbol Profesional, Federación Española de Baloncesto, etc.).

Lo anterior es apenas una muestra del cúmulo de cuestiones prácticas que se verían afectadas ante una eventual secesión de una parte de España. En algunos casos, no se trata de legislar, sino de recordar consecuencias ya establecidas (por ejemplo, una región que se independice no formaría parte de la UE porque así lo determinan las propias normas comunitarias, y no como consecuencia de esta hipotética norma). Como puede verse, son cuestiones que afectan de manera directa la calidad de vida de las personas y que son demasiado importantes como para ser obviadas en cualquier proyecto independentista serio.

Puede pensarse que aprobar una ley de estas características allanaría el camino a los separatistas. Por el contrario, creo que serviría para debilitar al independentismo como proyecto político y reducir la incertidumbre que ellos generan: al tener claras las costosas consecuencias de una secesión, serían muchos los ciudadanos que abandonarían la idea. Al dejar de ser políticamente “rentable”, el separatismo podría quedar reducido a una alternativa marginal.

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Hombre --- es muy feo el ponerte a plagiar escritos, están feo o más el ponerte a recortarlos a tu libre albedrío, es muy feo el no colocar la fuente o al menos una nota que diga que tú, no eres el autor, por más eco que te hagas, de las ideas vertidas en esa nota. Yo que tu me ahorcaría directamente, es bochornoso eso de erogarte con méritos que no son de tu propiedad, crees por casualidad que las cosas no se saben?, acá en la Web?, demasiada ignorancia, un borrico que quiere ser sabio, sin haber asistido al colegio. Así esta España!


strado

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Cómo responder a la amenaza del independentismo

20 septiembre 2012 at 8:31 71 comentarios

Los dirigentes que dicen promover la independencia de distintas regiones de España (Cataluña, País Vasco, Galicia, pero también Asturias, Islas Canarias, etc.), suelen hacerlo desde un plano verbal (declaraciones, discursos, mítines), a lo que se suma, de cuando en cuando, alguna manifestación.
La nula concreción de los proyectos de independencia hace dudar de la seriedad de los mismos y de los auténticos intereses de gran parte de la dirigencia implicada. Por eso, tal vez, la independencia sea sólo un recurso de marketing político, o una forma de fortalecer la posición negociadora frente al poder central.
Sea cual fuere el verdadero propósito de estos dirigentes, sería bueno alertar de lo que realmente significaría la independencia a quienes, en su buena fe, se ven seducidos por posibilidad de que su comunidad autónoma se transforme en un estado separado de España. Para ello sugiero la aprobación de una ley en el Congreso que detalle el eventual camino a la independencia, la reacción de España y las consecuencias prácticas de todo ello.
El proyecto de ley, entre otros aspectos, debería decir que:
La independencia de cualquier región de España deberá ser aprobada en referéndum por al menos el 75% de los empadronados en esa región.
De aprobarse la independencia, el nuevo estado quedaría fuera de la Unión Europea y todas sus instituciones, así como también de todos los organismos internacionales en los que participa España (OTAN, FMI, etc.), que no asumirá, ni siquiera temporalmente, la representación del nuevo estado. España se reserva el derecho a bloquear la incorporación del nuevo estado a los organismos internacionales de los cuales forma parte.
El nuevo estado no podrá utilizar el euro como moneda.
Los ciudadanos del nuevo estado mantendrán durante seis meses la ciudadanía española, tiempo durante el cual deberán ratificarla o renunciar a la misma en favor de la ciudadanía del nuevo estado. La ciudadanía española será incompatible con la ciudadanía del nuevo estado.
Quienes renuncien a la ciudadanía española no podrán acceder al territorio español ni europeo hasta tanto no se establezcan consulados y se determinen los requisitos de visado.
Quienes renuncien a la ciudadanía española perderán el derecho a percibir cualquier pago del Estado Español del que estuvieren disfrutando (seguridad social, desempleo, becas, dependencia, etc.). Las aportaciones que hayan realizado a la Seguridad Social no darán derecho a prestación alguna hasta tanto no se alcance un acuerdo sobre el particular con el nuevo estado.
La región que se independice perderá todo derecho en el Fondo de Garantía de Depósitos, Consorcio de Compensación de Seguros y similares.
El nuevo estado asumirá como propia una parte de la deuda pública total de España equivalente a no menos que su participación en el PIB español.
La región independizada deberá devolver a la Unión Europea los dineros recibidos con fondos de cohesión, estructurales y otros.
Las ventas desde el nuevo estado a España estarán gravadas con los aranceles determinados por la Unión Europea, sin preferencia alguna respecto de las importaciones desde terceros países.
Las empresas con sede social en la región que se independice que quieran seguir operando en España deberán establecer una nueva sede social en territorio español en no más de 90 días.
Las empresas del nuevo estado deberán devolver las ayudas que hayan recibido del Estado Español durante los cinco años anteriores a la independencia; las deudas que se mantengan con el FROB serán exigibles de inmediato.
Todos los funcionarios del Estado Español con plaza en la región que se independice tendrán derecho a que se les ofrezca una nueva plaza en territorio español. De no aceptarla en un plazo de 90 días, perderán su condición de funcionario.
Los deportistas del nuevo estado que hayan formado parte de selecciones nacionales españolas podrán seguir formando parte de las mismas si ratifican su condición de ciudadanos españoles.
Los equipos deportivos del nuevo estado no podrán participar en las competiciones de nivel nacional de España (Liga de Fútbol Profesional, Federación Española de Baloncesto, etc.).
Lo anterior es apenas una muestra del cúmulo de cuestiones prácticas que se verían afectadas ante una eventual secesión de una parte de España. En algunos casos, no se trata de legislar, sino de recordar consecuencias ya establecidas (por ejemplo, una región que se independice no formaría parte de la UE porque así lo determinan las propias normas comunitarias, y no como consecuencia de esta hipotética norma). Como puede verse, son cuestiones que afectan de manera directa la calidad de vida de las personas y que son demasiado importantes como para ser obviadas en cualquier proyecto independentista serio.
Puede pensarse que aprobar una ley de estas características allanaría el camino a los separatistas. Por el contrario, creo que serviría para debilitar al independentismo como proyecto político y reducir la incertidumbre que ellos generan: al tener claras las costosas consecuencias de una secesión, serían muchos los ciudadanos que abandonarían la idea. Al dejar de ser políticamente “rentable”, el separatismo podría quedar reducido a una alternativa marginal.