Manlleu - Barcelona

¿Primer paso a la independencia?

El PSC vota contra la iniciativa popular

La mesa del Parlament ha acordado por mayoría admitir a trámite la iniciativa popular para convocar una consulta por vía de referéndum sobre la independencia de Cataluña, presentada el 25 de mayo por Alfons López Tena, Elisenda Laborda y Robert Brillas, de la Coordinadora Nacional para la Consulta sobre la Independencia.

La pregunta que presentan los promotores es la siguiente: "Para que el Parlament de Catalunya lleve a cabo las iniciativas necesarias para hacer efectiva la voluntad popular, está de acuerdo en que la nación catalana se convierta en un estado de derecho, independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea? ".

Por otra parte, la Mesa no ha admitido a trámite por unanimidad otra iniciativa popular para convocar un referéndum sobre la independencia que presentaron el 14 de mayo David Vinyals y Domingo, Miguel Ángel Gracia y Pardo, y Xavier Borràs Calvo. La mesa ha considerado que no es constitucional la formulación de la pregunta presentada: "Está usted de acuerdo en que la nación catalana se convierta en un estado de derecho, independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?".

En cuanto a la propuesta aceptada, la primera que se admite a trámite desde la aprobación de la ley de consultas populares por vía de referéndum, la Mesa ha acordado que se publique en el Boletín Oficial del Parlament. A partir de este momento se abrirá un plazo de tres días para que una décima parte de diputados o dos grupos parlamentarios puedan solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias un dictamen, que no es vinculante, sobre la adecuación constitucional y estatutaria de la propuesta.

Superado este trámite, los promotores deberán presentar a la junta electoral el modelo de pliego de recogida de firmas, que la deberá aprobar, sellar y numerar. A partir de este momento los promotores dispondrán de seis meses (prorrogables dos más por causas justificadas) para la recogida de firmas. Para que la propuesta pueda seguir adelante necesitará tener el aval de al menos el 3 por ciento de la población de Cataluña y, después, que el pleno del Parlament la apruebe por mayoría absoluta. Si fuera así, el presidente de la Generalitat debería enviar la solicitud de autorización al gobierno del estado.

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