L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona

Garzón imputa en el "caso Pretoria" al gerente de urbanismo de la Generalitat
Agencias | 2/12/2009 - 15:24 Actualizado: 18:13 - 2/12/09
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado hoy a doce nuevas personas en la llamada "operación Pretoria", en la que se investiga una trama de corrupción urbanística que operaba en Santa Coloma de Gramenet y otras localidades barcelonesas. Entre ellos figura Emili Mas, actual gerente del servicio municipal del suelo catalán.

Entre los nuevos imputados se encuentra el ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Antoni Jiménez (PSC), o el gerente del Instituto Catalán del Suelo, Emili Mas Margarit.

Además, uno de los nuevos imputados se encuentra actualmente fuera de España, por lo que el juez cursará una comisión rogatoria para tomarle declaración.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han añadido que el magistrado ha dejado en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo en Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que estaba en prisión incondicional junto a otros cuatro imputados.
Cargos investigados

Según las citadas fuentes jurídicas, los imputados son, en su mayoría, empresarios y altos cargos municipales de ayuntamientos catalanes.

En el auto que Garzón dictó el pasado 30 de octubre para enviar a prisión a cinco de los nueve primeros imputados, aparecían cargos públicos y empresarios que, aunque no fueron imputados formalmente, podrían haber tenido relación con las presuntas actividades ilícitas desarrolladas por la trama.

Entre ellos se encuentra Antoni Jiménez, que era concejal de Urbanismo en Sant Andreu de Llavaneres cuando se desarrolló la 'Operación Niesma', que dejó un agujero en este ayuntamiento de 17,6 millones de euros. Garzón también cita al gerente del Instituto Catalán del Suelo, Emili Mas Margarit, al que se atribuían unas conversaciones con Muñoz, Dobarco y el ex director de Servicios Municipales Pasqual Vela sobre la emisión de unas facturas con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos.

El juez también incluía en su resolución a Genís Carbó, ex jefe de Planificación Territorial de la Generalitat y coordinador en 2002 del plan territorial metropolitano de Barcelona. Según el auto, la sociedad GCB Assessorament Urbanistic i Proyectes S.L., propiedad de Carbó, percibió 244.011 euros en la 'Operación Niesma'.

En esta misma actuación urbanística aparecen relacionados Manuel Valera Navarro y Francisco Alejandro Pretus Labayen, administradores solidarios de la sociedad Niesma Corporació junto al presunto cerebro de la trama, Luis García.

En la 'Operación Pallaresa' de Santa Coloma, que dejó un agujero en las arcas municipales de 13 millones de euros, aparece el nombre del funcionario Lluis Falcó, que trasladó a los adjudicatarios del proyecto Centre Comercial Gramenet la inviabilidad de desarrollar este proyecto en ese momento.
21 implicados de momento

Con estas nuevas imputaciones asciende a 21 el número de implicados en este procedimiento, que investiga las operaciones urbanísticas que la trama -liderada por el ex diputado del PSC Luis García y de la que formaban parte los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta- desarrollaron tanto en Sant Andreu como en Santa Coloma de Gramenet y Badalona. En su conjunto, las tres administraciones dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por las actividades de la trama.
Denuncias vecinales

Además, el ex alcalde de Sant Andreu Víctor Ros (PP) fue acusado por la Plataforma SOS Llavaneres ante la Fiscalía de Delitos Urbanísticos de Barcelona por favorecer a dos de sus primos con una reforma urbanística vinculada a la trama. También es investigado por un juzado de Mataró por otros dos convenios urbanísticos polémicos firmados con la constructora Proinosa, cuyo presidente, Josep Singla, está imputado en la causa.

Según el magistrado, siete de los nueve imputados formaban "un grupo organizado de personas" que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García. La actividad de la trama se desarrollaba en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma aunque también tenía "ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y las islas Madeira y Caimán".

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