Alella - Barcelona

Alella, segundo ayuntamiento de Cataluña en ejercer la insumisión fiscal

El alcalde, de ERC, presenta la liquidación del IRPF de los empleados municipales en la Agencia Tributaria de Cataluña, pese a que esta está obligada a remitirla a Hacienda, y anuncia que seguirá haciéndolo. El PSC, su socio de gobierno municipal, se desmarca de esta acción y pide explicaciones a la Generalidad por haber admitido el ingreso.

Jueves, 17 de enero de 2013 | 21:52

El alcade de Alella, Andreu Francisco, ante la sede central de la Agencia Tributaria de Cataluña (foto: alella.cat).

El alcalde de Alella (Barcelona), Andreu Francisco Roger (ERC), ha presentado este jueves la liquidación del IRPF del Ayuntamiento correspondiente al mes de diciembre de 2012 en la sede central de la Agencia Tributaria de Cataluña, perteneciente a la Generalidad, y ha anunciado que seguirá haciendo lo mismo a partir de ahora tanto con el IRPF como con el IVA, pese a tratarse de impuestos que son competencia del Gobierno.

Francisco ha considerado que de esta forma cumple “escrupulosamente con las obligaciones tributarias y no se trata de ningún acto de insumisión fiscal” sino que “este gesto es un ejercicio de soberanía fiscal que tiene como objetivo normalizar lo que queremos: que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude y gestione nuestros impuestos”.

Campaña de insumisión fiscal

Con este acto, el edil ha tratado de mostrar su adhesión a una campaña de rebelión fiscal iniciada hace un año por activistas independentistas y a la que, de momento, se han acogido alrededor de 40 empresarios y otro ayuntamiento (el de Gallifa, gobernado por Solidaritat).

El alcalde de Alella, una localidad de cerca de 10.000 habitantes donde ERC gobierna en coalición con el PSC, ha ingresado un total de 41.318 euros, de los que 40.147 corresponden a la liquidación mensual del IRPF de los trabajadores y profesionales a sueldo del Ayuntamiento, y los 1.171 restantes, a la liquidación trimestral del IRPF.

En septiembre pasado, el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción a favor de la secesión de Cataluña, en la que se declaró al municipio ‘territorio catalán libre’ y se acordó izar una estelada en un edificio municipal a la entrada del pueblo. La decisión contó con el apoyo de ERC y CiU, y con la oposición de PSC y PP.

El PSC se desmarca y pide explicaciones

La única concejal socialista del Consistorio, Glòria Mans Cervantes, se ha apresurado a desmarcarse de esta acción. Según el PSC, la decisión de Francisco no ha sido consensuada, sino que ha sido adoptada a través de un decreto de la Alcaldía, en lo que ha calificado como “un uso partidista y personalista” de su cargo.

En este sentido, el PSC ha presentado en el Parlamento autonómico una batería de preguntas al Gobierno autonómico para que aclare su posición ante esta situación. Los socialistas quieren saber ‘bajo qué concepto administrativo ha admitido la Agencia Tributaria Catalana este ingreso’ y ‘cuál será el destino de este dinero’.

También quieren saber si desde el Gobierno autonómico se va a ‘animar ahora o en el futuro’ a otros ayuntamientos a realizar acciones similares, y si considera que ‘a la vista del ordenamiento jurídico vigente, el secretario-interventor municipal ha de oponerse formalmente a actuaciones de esta naturaleza’.

La diputada autonómica del PSC Alícia Romero ha calificado la actitud de Francisco de “irresponsable” y ha recordado que la Agencia Tributaria Catalana “está obligada a transferir estos recursos al Estado”. “Queremos saber qué piensa hacer la Generalidad ante actuaciones de esta naturaleza. Los socialistas queremos recordar la importancia capital que tiene en democracia el respeto al principio de legalidad“, ha añadido.

Segundo ayuntamiento que se declara en rebeldía

El Ayuntamiento de Alella es el segundo que liquida impuestos nacionales en la agencia tributaria autonómica. En octubre pasado, el Consistorio de Gallifa, una localidad barcelonesa de apenas 200 habitantes, también dejó de pagar el IRPF de sus trabajadores y transferirlo a la Generalidad.

Su alcalde, Jordi Fornas Prat (Solidaritat), que este jueves ha acompañado a Francisco para hacer el segundo desembolso de IRPF a la hacienda autonómica (unos 3.800 euros), saltó a la fama hace unos días por desafiar a la Delegación del Gobierno izando un minúsculo banderín en vez de una bandera de España ante el requerimiento de que debía cumplir la Ley de Banderas.

En cualquier caso, estas cantidades serán derivadas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), única competente para recaudar impuestos de titularidad nacional, al igual que ha venido ocurriendo con los empresarios que se han declarado insumisos fiscales. De momento, no se conoce que haya habido sanciones contra ellos.

Políticos, entidades y medios instan a defraudar a Hacienda

Los llamamientos a defraudar a Hacienda han sido frecuentes en los últimos tiempos por parte de los sectores más radicales del nacionalismo e independentismo catalán, espoleados por las denuncias por parte de CiU de un supuesto trato fiscal injusto hacia la Generalidad y por su calculada ambigüedad mantenida ante esta cuestión.

En diciembre de 2008, el entonces secretario de Política General de ERC, Josep Ginesta, exigió ‘que no salga ni un nuevo euro recaudado más allá de Fraga’. En octubre de 2009, el ex presidente autonómico Pasqual Maragall (entonces en el PSC) propuso un ‘cierre de cajas’, y ocho meses después amenazó con una “rebelión fiscal”.

Una medida que fue apoyada por el actual secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, en agosto de 2010. En abril de 2011, el entonces líder de ERC, Joan Puigcercós, y el eurodiputado de CiU Ramon Tremosa también hicieron un llamamiento a impagar a Hacienda.

También los medios que sobreviven gracias al dinero público han tomado partido a favor de estas campañas. En marzo de 2011, el redactor jefe de política de La Vanguardia, Jordi Barbeta, insinuó desde las páginas del rotativo del grupo Godó la necesidad de poner en marcha una ‘insumisión fiscal colectiva’.

Un mes después, Vicent Partal, director y propietario de Vilaweb, uno de los diarios más subvencionados de Cataluña, animó desde su digital a poner en marcha una campaña de ‘desobediencia civil programada y generalizada’ contra la hacienda pública española. De hecho, desde este diario se dan todo tipo de detalles sobre cómo llevar a cabo el fraude.

El verano de 2011, Òmnium Cultural, entidad radical independentista que copa los primeros puestos de los ránkings por subvenciones recibidas, lanzó un nuevo desafío frente a la legalidad vigente: o el Gobierno otorga a la Generalidad el concierto económico en los próximos cuatro años, o promoverá la “objeción fiscal” contra Hacienda. Esta propuesta no fue descartada por la Generalidad -que la consideró “interesante”- ni por CiU, mientras que el PSC la calificó de “atractiva” pero “irreal”.

CiU da marcha atrás

Más curioso, en cambio, fue el caso del alcalde de Gerona, Carles Puigdemont (CiU). En marzo pasado, una semana después de abstenerse para permitir aprobar una moción municipal por la que el Ayuntamiento se declaraba insumiso fiscal, tuvo que reconocer que no tenía más remedio que liquidar los impuestos en la agencia tributaria nacional.

De hecho, por esas fechas, el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, señaló que “no podríamos hacer insumisión [fiscal] porque nos la haríamos a nosotros mismos“. Y la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, rechazó “aplaudir” este tipo de acciones.

https://ww.vozbcn.com/2013/01/17/137345/ayuntamiento-alella-insumiso-fiscal/