Villafranco del Guadiana - Badajoz

FUENTE: WWW.HOY.ES

https://ww.hoy.es/v/20100802/badajoz/malestar-pedanias-nueva-normativa-20100802.html

Tras 25 años disfrutando de estas zonas de cultivo de forma gratuita, los vecinos tendrán que pagar un alquiler

Tomates, pimientos, pepinos, melones o berenjenas. Unas 300 familias pacenses cultivan estos y otros productos en pequeños huertos cercanos a sus casas desde hace 50 años. El problema es que estas tierras no son de su propiedad, sino del Ayuntamiento de Badajoz. Ahora, el consistorio reclama control sobre estas parcelas y los vecinos se oponen.

El conflicto se ha abierto debido a unas 300 parcelas denominadas 'huertos familiares de propiedad municipal' que ocupan 170 hectáreas de suelo municipal. Su origen se remonta a los años 50, cuando se fundaron las pedanías de Badajoz. En esos momentos, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) repartió en alquiler estos huertos entre las familias que se habían trasladado a los poblados como incentivo.

En 1985, el Iryda cedió estos terrenos al Ayuntamiento y desde entonces, los propietarios no han pagado por los terrenos porque no existía ninguna ordenanza reguladora. Veinticinco años después, el consistorio ha decidido normalizar esta situación y se ha encontrado con el malestar de los vecinos afectados, repartidos entre las ocho pedanías: Alcazaba, Alvarado, Balboa, Gévora, Novelda, Sagrajas, Valdebótoa y Villafranco.

Entre otras medidas, los gestores de las parcelas vuelven a estar obligados a pagar un alquiler, se vigilará que no saquen beneficio económico de la misma, la cesión sólo será por cinco años y además, se les obliga a cumplir una serie de normas.

«Hemos decidido intervenir por los abusos. Hay gente que tenía cuatro huertos a la vez, otros cobraban subvenciones o los alquilaban a terceros. Esos usos y abusos, el desorden, ha sido lo que ha dado lugar a la normativa», explica Jesús Villalba, concejal responsable del Patrimonio en Badajoz. El principal motivo de indignación de los responsables municipales es que el espíritu de estos huertos es que sus propietarios los exploten para el consumo familia. Sin embargo, en algunos casos se han convertido en una forma de negocio y bastante lucrativa.

Para los afectados, sin embargo, se trata de una medida injusta. Muchos están dispuestos a pagar un alquiler, aunque la mayoría preferirían comprar los terrenos y ser finalmente sus legítimos dueños. «Muchos pensaban que, después de haber pasado tanto tiempo, el Ayuntamiento les vendería las parcelas y hay malestar», dice Francisco Sánchez Moreno, alcalde pedáneo de Gévora. El mismo es propietario de un huerto familiar, pero no quiere entrar en polémicas.


Su prudencia es natural, ya que es en Gévora donde más se están movilizando contra esta normativa. De hecho, hay convocada una asamblea de vecinos el próximo jueves y están consultando a un abogado para analizar sus opciones legales. Paco Vega es uno de los afectados y no está dispuesto a ceder su huerto. «Es de la familia desde hace 50 años. Lo llevó mi suegro, luego mi suegra y ahora nosotros, que ya estábamos hace 30 años», explica.

Según Vega, sus vecinos están en pie de guerra porque la normativa les deja sin unos huertos que les han acompañado toda su vida. «Hasta los años 80 pagamos y ahora, nos ocupamos del riego y las obras. No tenemos la culpa de que el Ayuntamiento los abandonase y no cobrase por ellos», replica.

En cuanto al precio, cuando la normativa se aplique, los actuales adjudicatarios tendrán derecho a mantener sus cultivos, pero deberán pagar un 6% del valor en venta del huerto cada año. Según los cálculos, estas parcelas, de unos 4.500 metros cuadrados de media, pueden suponer un desembolso de 18.000 euros si se compran. Por lo tanto, los interesados deberán abonar unos mil euros al año al consistorio pacense.

Para algunos propietarios, pagar un alquiler es razonable. «Si nos ponemos de acuerdo y hay un contrato, será mejor, pero cuidado con el precio, porque si va a costar más el collar que el perro, no merecerá la pena tener huerto», explica Eustaquio Sánchez, de Valdebótoa. La mayor preocupación de los afectados es, sin embargo, que el contrato de alquiler no será indefinido sino por cinco años. «Después, se lo pueden dar a otro y si te mueres, tampoco pasa a la familia. Así sólo van a conseguir que los vecinos nos enfrentemos los unos con los otros», explica Paco Vega.

Por su parte, Joaquín López, presidente de la Asociación de Vecinos de Gévora, cree que el mayor error del consistorio ha sido no contar con la opinión de los vecinos. «No me parece mal que se regulen, pero echo en falta que no se haya llamado a los vecinos para escucharles y solucionar sus dudas, hay mucho desconocimiento». Una de las dudas, según López, es qué ocurrirá con las pequeñas construcciones que hay en las parcelas, ya que la nueva normativa establece que no puede edificarse nada mayor de tres por tres metros. «Hay gente que tiene dos cerdos o un caballo y una cuadra, ¿ahora tiene que tirarlo?», pregunta. También los árboles frutales pueden ser motivo de conflicto. Muchos vecinos los han plantado durante estos años, pero ahora el Ayuntamiento establece que sólo se permite el cultivo de hortalizas y sólo para el consumo directo, nunca para vender.