Valverde de Leganés - Badajoz

Impericia, surrealismo, incoherencia… Estos son algunos de los reproches con que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de cerrar el caso de la profesora de catolicismo enviada al paro en Almería por casarse con un divorciado. El pleito ha durado 11 años y se cierra con una condena severa a la Iglesia católica, a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Educación por atentar contra “derechos fundamentales” de la profesora Resurrección Galera Navarro. Ha sido el Tribunal Constitucional quien ha puesto orden en este caso de atropello de derechos, obligando al TSJA a rectificar en toda regla su sentencia de abril de 2002, en la que daba la razón a los obispos.

La sentencia de ahora rechaza un recurso de súplica del episcopado y obliga a los condenados a “readmitir inmediatamente a Galera Navarro en las mismas condiciones que tenía con anterioridad al despido y con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la readmisión tenga lugar”. El fallo ya es firme, pero el obispado ha anunciado que no readmitirá a la docente.

Cuando fue apartada de su puesto de trabajo en 2001, Resurrección Galera percibía un salario mensual de 234.000 pesetas (ahora, 1.400 euros). La sentencia emitida el pasado 22 de diciembre por el TSJA no cuantifica la cifra que percibirá por el despido nulo, pero podría superar los 200.000 euros. Deberá pagarlos el ministerio como “auténtico empleador”, no la diócesis de Almería, pese a que el tribunal tacha al episcopado de “cooperador necesario de aquella conducta”.

Este es el punto del conflicto que le parece extravagante al TSJA, pese a pasar más tarde a resolverlo de muy distinta manera a como lo hizo hace una década. Dice: “El tema no deja de ser curioso por cuanto Educación contrata a aquella persona que le propone como idónea el Obispado, teniendo éste dicha facultad otorgada por el Acuerdo entre el Estado español y la Iglesia católica. Al no figurar designada quién acciona, es claro que el ente público no puede contratarla. La problemática es surrealista por cuando el ministerio se ve condenado por una conducta que, conforme al Tratado, venía compelido a realizar”.

El TSJA acata al Constitucional, que vio vulneración de la intimidad
Resurrección Galera llevaba dando clases de religión y moral católicas desde el año 1994 en varios centros públicos de Almería, primero sin contrato ni Seguridad Social “y sin percibir un salario en sentido estricto pues se le abonaban mensualmente determinadas cantidades en concepto de ‘compensación económica’, que pagaba el obispado de los fondos que se le remitía para tal fin por el Estado”. Añade la sentencia: “A partir del 1 de enero de 1999, la profesora firmó el primer contrato con el Ministerio de Educación, y posteriormente otros, hasta que el 1 de septiembre de 2000 contrajo matrimonio civil con una persona cuyo estado era el de divorciado”.

Fue entonces, añade el TSJA, “cuando el delegado diocesano de Enseñanza, Antonio Rueda, mantuvo una entrevista con la docente para decirle que se había enterado de su matrimonio, advirtiéndola que si persistía en esa situación no propondría la renovación para el curso siguiente”. Así lo hizo el 8 de junio, “enviando a Educación la relación de profesores que no son propuestos para ser contratados”. En la relación figuraba Galera.

El fallo es firme, pero el obispado ya ha anunciado que no readmitirá a Galera
Pese a sostener todavía que no se puede hablar de “despido nulo” porque no había “relación laboral”, el TSJA se aviene a cumplir lo ordenado por el TC reafirmando que se han aplastado derechos fundamentales como: “A no sufrir discriminación por razón de sus circunstancias personales”; “a la libertad religiosa”; “a su derecho a contraer matrimonio en la forma legalmente establecida”, y “a la intimidad personal y familiar”. Sin embargo, los magistrados del TSJA insisten: “Podrían darse muchas más razones desde el punto de la legalidad ordinaria, e incluso la constitucional, para resolver el problema de forma diferente, pero es el caso que este tribunal, en aras del recurso del que conoce y que es de carácter cuasi casacional, ha de atender tan solo a lo que se le plantea”. Añade, todavía: “Como es sabido, la Jurisprudencia, sea del TC, sea del Tribunal Supremo, no es fuente de derecho. Es el máximo intérprete de la Constitución y, en contra de lo que mantienen determinados autores, ni tan siquiera en sus sentencias meramente declarativas crean norma, sino que interpretan la norma”.

Enhorabuena Compañera Resurrección Galera Navarro. estoy

Alemania: Cura confiesa cientos de abusos a tres menores - Allemagne: Prêtre admet un abus cent trois enfants
Un religioso cristiano asegura que agredió sexualmente a los menores
unas 280 veces durante años
Público.es


Un cura católico de la ciudad alemana de Salzgitter reconoció hoy ante la Audiencia Territorial de Braunschweig, en el estado federado de Baja Sajonia (norte del país), haber abusado centenares de veces de tres menores.


El hombre, de 46 años y suspendido del sacerdocio, declaró que su intención no había sido que los niños sufrieran y subrayó que la sexualidad nació de la proximidad con los menores. “Mi intención no fue la de insinuarme a los chicos”, aseguró el religioso, quien entre otras cosas fotografió desnuda a su primera víctima en contra de la voluntad del menor.


A finales de junio del año pasado, la madre de uno de los niños, que al comienzo de los abusos en 2004 tenía 10 años, denunció al religioso, detenido unas semanas más tarde poco antes de partir a unas colonias.


Ya en 2006, el obispado había “llamado al orden” al sacerdote después de que la madre protestara por la excesiva confianza que el cura mostraba con los niños.


Posteriormente, otras dos víctimas confirmaron haber sufrido abusos sexuales por parte del religioso entre 2004 y 2007, respectivamente, durante unos dos años.


La Fiscalía de Braunschweig señaló que el cura aprovechaba el contacto frecuente con los menores, por ejemplo en las clases de catequesis para la primera comunión, para ganar su confianza y la de sus padres.


Las agresiones, un total de 280 reconocidas por el propio sacerdote, tuvieron lugar durante pequeñas salidas con los niños en las que pasaban la noche fuera de casa.


Este nuevo caso de violencia sexual salió a la luz poco después del anuncio de la Iglesia católica de su disposición a abrir por primera vez sus archivos a expertos independientes para investigar casos de abusos en sus instalaciones desde 1945 y aportar luz sobre este “oscuro capítulo”.


Para ello, los expertos estudiarán los archivos y hablarán con víctimas y opresores con el fin de esclarecer bajo qué circunstancias


Gracias por los Negativos, prefiero el Rojo a el Azul

Obispos sin leyes civiles


.Los obispos españoles disfrutan de un privilegio que no posee ningún empresario: seleccionan a su personal y prescinden de él según sus particulares criterios, pero es el Estado el que paga los sueldos y el que afronta las indemnizaciones en caso de despido improcedente. Que tome nota la patronal de esta bicoca que permite a los obispos incluso quitarse de encima a los siempre incómodos sindicalistas. Total, de perder el pleito -y casi siempre lo pierden- paga el Estado.


Desde que en 1979 el Gobierno español suscribió con el Vaticano un acuerdo que permite este estado de cosas, la Iglesia católica ha perdido decenas de pleitos que han costado al erario público millones de euros a cuenta de los despidos improcedentes de los profesores de religión católica, que suman, por cierto, un total de 17.000 en las escuelas públicas españolas.

El último caso es el de Resurrección Galera, una profesora de religión católica de Almería que tuvo la desfachatez de casarse con un divorciado.


Galera fue despedida en el año 2001 y desde entonces ha estado pleiteando hasta que ha logrado una sentencia favorable y firme por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que el Tribunal Constitucional ha obligado a revocar una primera decisión que daba la razón al obispado almeriense. Este, por cierto, ha anunciado tras conocer la nueva sentencia que no readmitirá a Galera en su puesto. La Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación tendrán que abonar los cerca de 200.000 euros con los que habrá que indemnizar a esta mujer tan casquivana a ojos del obispado.


Esta decisión judicial vuelve a dejar las cosas en su sitio: ser profesor de religión católica exige una vida privada acorde con las exigencias eclesiásticas. Un docente no solo no puede casarse con un divorciado. Tampoco debe tener relaciones con alguien aun estando separado ni hacer huelga ni ser un vil sindicalista. El anterior Gobierno cambió la ley para que estos profesores tuvieran desde el primer día contrato fijo y no fueran víctimas de la precariedad a la que les sometían los obispos, pero quién sabe si los prelados lograrán incluso revocar un mandamiento civil tan molesto.