Valdecaballeros - Badajoz

Es impresionante el grado de corrupción existente en el PP y la cantidad de guarrería que tienen desde la cúpula hasta pequeños ayuntamientos.

El sumario del caso Gürtel agranda la sombra de la financiación ilegal del PP
La Policía sostiene que 'L.B' es Luis Bárcenas y el sumario acusa de "financiación irregular" al PP valenciano
JESÚS MORENO - Madrid - 06/04/2010 11:49

El caso Gürtel ha dejado de afectar exclusivamente a "personas que se han aprovechado del PP", como se han justificado hasta ahora los dirigentes del principal partido de la oposición, y ya se extiende, según las pesquisas del Tribunal Superior de Madrid, por las cañerías oficiales de la formación presidida por Mariano Rajoy. El levantamiento del secreto de sumario realizado por el juez Antonio Pedreira ha puesto al descubierto una supuesta trama de financiación ilegal del Partido Popular en varias de sus organizaciones territoriales.

La trama Gürtel se convierte así en la red más extensa de corrupción vinculada a un partido político que se haya visto en España. Cuatro comunidades autónomas y media docena de ayuntamientos tienen hilos que los atan a la trama corrupta, y al menos 20 altos cargos del PP se hallan atrapados en la telaraña del auto judicial.

El sumario del caso Gürtel acorrala al que fue, hasta hace nueve meses, tesorero del PP. Uno de los agentes encargados del caso concluyó que las anotaciones con las siglas L.B que aparecen en la contabilidad de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, que señalan pagos de dinero en comisiones, pertenecen a Luis Bárcenas. El montante de las cantidades entregadas por la organización a Bárcenas ascendería, según el sumario, a 1.353.000 euros.

"No puedo pensar que es otra persona", aseguró el policía con carnet profesional número 78.777 en su declaración ante el juez. Considera que "con todos los documentos e indicios" encontrados, el ex tesorero del PP sería una de las personas que recibió dinero de la trama.

La Policía apunta a que Bárcenas pudo recibir 1,3 millones de euros de la trama
Para llegar a esta conclusión, el funcionario policial dice que hay dos elementos principales. Uno, es el pen drive que se intervino a José Luis Izquierdo, el contable de la trama, en el que había archivos informáticos importantes y, otro, una carpeta de color azul también intervenida a Izquierdo.

La participación de Bárcenas con la organización que dirige Francisco Correa en la relación que la Policía ha visto que aparecía "sistemáticamente" en apuntes de la trama que hacían referencia a una persona denominada L. Barc, LB o L.Barcenas.

"Un montón de archivos en excel en los que vienen determinados pagos a L.B, normalmente suele venir L.B, entonces, digamos que tenemos varias formas de identificar a este hombre, varios indicios que nos hacen pensar que L.B es Luis Bárcenas y así lo plasmamos en el informe", indica el sumario. Estos documentos coinciden con las primeras grabaciones que hicieron los denunciantes, que mencionan a Luis Bárcenas. La Policía es concluyente: no hay otras personas con relación a la trama que tengan esas siglas.

El chófer de Correa salía con cheques de Génova
La implicación directa de Bárcenas, agrandaría la sombra de la financiación irregular en el PP. El sumario revela que durante el tiempo en que Bárcenas formo parte de la tesorería del PP, las empresas de Correa realizaban eventos para esta formación política, "llegando a ser la empresa que organizaba los actos del partido a nivel nacional".

En las grabaciones llevadas a cabo, Correa reconoció que hizo entregas de dinero a Bárcenas en la sede del PP y "en su casa". Del mismo modo, aseguraba que el dinero lo sacaron "a un paraíso fiscal", si bien este punto se encuentra pendiente de la investigación.

Otro hecho que revela el sumario es que los empleados de la empresa Special Events y Orange Market, implicadas en la trama, reconocen que el chófer de Correa "iba a Génova con facturas" y volvía "con cheques".

Financiación irregular del PP en Valencia
Del mismo modo, las pruebas reflejadas en el auto prometen dar más de un dolor de cabeza al Gobierno de Esperanza Aguirre, en Madrid, y al de Francisco Camps, en Valencia.


El sumario de la trama es especialmente comprometedor para la organización del PP en Valencia. El juez entiende que durante el desarrollo de la investigación se ha puesto de manifiesto que existe una vinculación directa de la trama con responsables del PP valenciano y con los órganos de Gobierno de la Comunidad.

Concretamente habla de pagos en dinero negro. "La facturación de Orange Market [la filial de Correa en la comunidad] al cliente Partido Popular es dual", dice el auto. Es decir, de los actos ejecutados se realiza una doble facturación, "una real", plasmada den la factura formal emitida por la empresa al PPCV con el IVA , y otra parte del coste del evento cobrado fuera de factura. La trama denominaba a la facturación legal Alicante, en referencia a un tipo de dinero A, y otra, la del dinero B (negro) , tipificada como Barcelona.

El sumario apunta a Ricardo Costa como canalizador de la financiación irregular del PP valenciano
El auto concluye que para la financiación de la deuda A, se cambio el nombre del cliente, "que pasa de ser Partido Popular de la Comunidad Valenciana o el Partido Popular de Castellón" a ser empresas privadas: Ortiz e hijos contratistas de obras, S.A y Pacsa.

La financiación de la deuda B, existen aportaciones directas de empresarios que se enmascaran mediante la emisión de facturas emitidas por Orange Market para justificar el pago realizado.

El sumario dice literalmente que "existe una financiación" de actos del PP valenciano por parte de empresarios con donaciones que no ingresan en la cuenta corriente del partido. Estos empresarios tenían contratos y obras con la Administración valenciana.

Aquí, según la documentación judicial, entra la figura de la mano derecha de Francisco Camps: Ricardo Costa. "[Costa] actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero[...]. Esta formación de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación". Un mecanismo que el sumario tilda explícitamente de "financiación irregular".

El PP de Madrid atrapado en la telaraña
La jaqueca de Esperanza Aguirre se llama Fundescam y Special Events, la empresa que organizaba los actos electorales del PP de Madrid.

Hasta ahora, las implicaciones de la Gürtel entre los conservadores madrileños había provocado las dimisiones de los diputados aguirristas Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Alberto López Viejo, como cabezas visibles de la concesión de contratos irregulares a las empresas de la trama y el cobro de comisiones por parte de estos.

Pero las finanzas del PP madrileño también quedan en entredicho, cómo desveló Público hace casi un año y reflejan las páginas 136-137 del Tomo 60. El mecanismo era el siguiente: Special Events, una empresa administrada por Pablo Crespo -ex dirigente del PP gallego y núnero dos de la trama de Correa- organizaba los actos electorales del PP en la comunidad y, en vez de pagarlos el propio partido, los pagos los realizaba una fundación llamada Fundescam para, supuestamente, evadir la normativa legal que impedía usar esa entidad para abonar gastos electorales. Los documentos hallados relatan la doble contabilidad: indican en una columna el concepto que se puso en la factura y, en la otra, el verdadero uso que se dio a ese dinero: pagar gastos de las campañas del PP de Madrid.

Cascos, Arenas y Bárcenas metieron a Correa en el PP
Francisco Correa asegura que los dirigentes que decidieron que comenzara a trabajar en el Partido Popular fueron "un grupo de personas que tomaban las decisiones siempre". En el tomo 18 del sumario, señala a un círculo de ilustres dirigentes del PP: Álvarez Cascos, entonces secretario general; el que Correa llama "secretario ininteligible", Jesús Sepúlveda (marido de Ana Mato); el gerente nacional, Luis Bárcenas, y a Javier Arenas, actual presidente del PP andaluz.
publico.es

Un saludo.

N A CORUÑA:

Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.

El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta.

EN ALBACETE:
Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo.

EN ALICANTE:

Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.

EN ALMERÍA

Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.

Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.

EN ÁVILA:

La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.

EN GRANADA:

Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.

EN HUELVA:

El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.

Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.

EN MADRID:

Ciempozuelos: El alcalde socialista, Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE), y ha ordenado prisión para ambos, eludible bajo fianza.

EN MÁLAGA:

Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en numerosas ocasiones por operaciones sospechosas.

EN MURCIA:

Los Alcázares: El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico.
En Albatera, un informe del Seprona considera que el alcalde pudo obrar en connivencia con un promotor

EN SEVILLA:

Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (gobernado por el PSOE, el alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el día 2 de noviembre el caso por considerar que no había indicios que lo probaran.

Guillena: Justo Padilla está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.

EN TOLEDO

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde queintentó 'el Pocero'. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros.

EN VALENCIA:

Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.

EN VALLADOLID:

Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.

Como bien sabe todo el mundo, los listados ofrecidos por el periódico 20minutos, exponiendo los casos de corrupción de PSOE y PP, son interminables, pero eso parecía estar asumido por todos.

El problema grave viene cuando la corrupción alcanza las dimensiones que tiene el caso Gürtel, en el que se ven implicadas cuatro comunidades autónomas, presidentes de éstas, dirigentes de primera línea, desde exministros hasta alcaldes de grandes y pequeños ayuntamientos.

Como hemos podido comprobar, se trata del caso de corrupción más importante de la Historia de España, tanto por el número de dirigentes del PP implicados como por las cantidades astronómicas que se barajan.

Un saludo