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REGIONAL
Elia María Blanco: «Me siento perseguida porque soy inocente»
La exalcaldesa de Plasencia reacciona ante la apertura de diligencias previas por un presunto alzamiento de bienes

15.12.12 - 00:06 - A. S. O./A. B. H. | PLASENCIA.
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* campos obligatoriosEnviarEl PSOE local pide la suspensión de militancia de los imputados, pero dos de ellos ya han renunciado.La exalcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, reiteró ayer su inocencia y aseguró que se siente perseguida y casi indefensa, porque la publicación de la decisión del Juzgado número 2 de la ciudad de abrir diligencias previas por presunto alzamiento de bienes a ella y a cuatro ediles y exediles más implicados en el caso Plasencia supone un nuevo juicio mediático.
El titular del juzgado número 2 ha decidido abrir diligencias después de que el juez del 4 detectara indicios de un presunto alzamiento de bienes en el caso de los ediles y exediles socialistas Elia María Blanco, Francisco Barbancho, Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo. El juzgado ha abierto diligencias previas de una posible nueva causa penal y ha citado a declarar a los cinco, en calidad de imputados, a finales de enero.
Blanco recalcó ayer que tanto para ella como para el resto de afectados todo esto supone de hecho un segundo juicio mediático. «Me siento perseguida porque soy inocente. Lo era antes y lo soy ahora», dijo con rotundidad la exalcaldesa.
Blanco reconoce que aunque no hay indefensión jurídica, se siente «prácticamente indefensa porque el juicio mediático ya lo tengo y recoger después el aceite es siempre muy difícil, pero espero y confío en que se recoja porque donde no hay no pueden sacar; se están persiguiendo fantasmas y vivir esto es algo muy doloroso».
La exregidora agregó que «en todo esto hay algo que no cuadra en absoluto» y reiteró que «lo fundamental es que soy inocente; no he hecho nada que no tuviera que hacer y saldrá, pero el juicio paralelo ya me lo han hecho».
El exconcejal Blas Raimundo, por su parte, informó que a fecha de ayer no había recibido notificación del juzgado citándole a declarar como imputado y explicó que si extrajo dinero de su cuenta bancaria tres días después de dictarse el embargo por el juez fue tras preguntar en la entidad y ser informado de que no estaba embargada. «Saqué ese dinero porque se me había terminado el paro y no cobro nada y lo necesito para vivir, por eso ha sido todo el tema», puntualizó. De haber estado la cuenta embargada, el exedil aseguró que no habría tocado el dinero. «Creo que es el juzgado el que lo ha hecho mal porque una vez que comunican el embargo, debería haberse dado y llegado simultáneamente la orden a todos».
Blanco y Raimundo, como los otros tres concejales y exconcejales socialistas, están pendientes de que se fije la fecha del juicio oral por el llamado caso Plasencia y se enfrentan ahora a una nueva causa penal. Esto, en vía judicial. En la política, la reacción del comité local del PSOE de Plasencia no se ha hecho esperar y ha acordado por unanimidad plantear a los órganos de dirección del partido que tramiten la suspensión de su militancia temporalmente. La petición aprobada por el comité local -la Ejecutiva regional no se pronuncia- debe resolverla Ferraz, de acuerdo con los estatutos del PSOE. No será preciso, sin embargo, para Pablo Sánchez del Mazo y Enrique Tornero, que ya han comunicado la decisión de renunciar a seguir como militantes socialistas.
El comité local tomó la decisión después de conocer la resolución dictada por el titular del juzgado número 4, que apreció indicios de alzamiento de bienes, tras investigar desde 2010 los movimientos de cuentas bancarias y patrimoniales de los encausados.
Seis de los siete se declararon insolventes para afrontar las elevadas fianzas impuestas en la causa pendiente de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude y exacciones legales. El juez tiene solicitadas penas de cárcel y multas por los supuestos delitos citados e impuso fianzas de 945.000 euros a Blanco, 915.000 a Barbancho, 915.000 euros a Tornero, 855.000 a Romero Vega, 75.000 a Raimundo, 45.000 a Del Mazo y 28.000 a García.
La única que abonó la fianza fue la edil regionalista Mónica García, pero el constructor José Antonio Romero Vega también ha sido excluido de la sospecha de alzamiento de bienes porque la investigación policial no ha constatado movimientos en sus cuentas. Por este motivo, son los cinco ediles y exediles socialistas los que pueden enfrentarse a una nueva causa penal, en este caso por un presunto delito de insolvencia punible.
Los siete fueron investigados por su participación en el fraccionamiento y adjudicación directa de obras en las dos legislaturas de Blanco