Ribera del Fresno - Badajoz

Un 5% de los españoles, es decir, unos 2,35 millones de personas, no tienen lo suficiente para comer a diario. El 33% por ciento de los españoles ha cambiado su dieta por motivos económicos y un 21% por ciento lo ha hecho por razones de salud, según una encuesta realizada por Intermón Oxfam en España, en el marco de la campaña mundial CRECE, que busca asegurar que todas las personas tengan siempre suficiente para comer.

Así, el 26% de los españoles encuestados afirmaron no comer lo mismo que hace dos años, justo antes de que empezara la crisis actual de los precios de los alimentos, según el estudio. A escala global, el porcentaje se sitúa en 54% por ciento.

Por otra parte, el informe ha revelado que el aumento del precio de los alimentos preocupa a siete de cada diez españoles, mientras que en el resto de países la proporción es de seis por cada diez.



9 Millones son pobres.
La sección española de Amnistía Internacional ha denunciado que nueve millones de personas están "indefensas" ante "una vulneración muy grave" de los derechos humanos que se da en España, donde el acceso a una vivienda digna y la salud no son considerados derechos fundamentales, sino que se encuentran en una "segunda categoría", al arbitrio de las leyes que, en este caso, no protegen a los ciudadanos.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha presentado hoy el último informe de la organización, titulado 'Derechos a la intemperie' y centrado en los "obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España"

Beltrán ha expuesto que estos nueve millones de ciudadanos que se calcula viven en España bajo el umbral de la pobreza "están indefensos ante la violación de derechos humanos", entre los que ha destacado el acceso a la salud y a la vivienda, en los que además, "se limita seriamente la posibilidad de que si estos derechos son vulnerados puedan ser reclamados ante la justicia y se pueda obtener reparación.

En materia de vivienda, el informe denuncia los desalojos forzosos en la Cañada Real Galiana (Madrid) y el barrio barcelonés de Sant Martí, "llevados a cabo sin ningún tipo de garantías" y pese a estar "prohibidos por el derecho internacional", así como la situación en el Canbanyal de Valencia y la falta de albergues para personas sin hogar en Vigo, donde han fallecido 37 personas sin techo en los últimos años.


Más de 271.000 hipotecas ejecutadas
Además, se refiere a la crisis económica y expone que más de 271.00 hipotecas se han ejecutado entre 2007 y 2010 por lo que son "cientos de miles" las personas que podrían perder su vivienda y "pese a ello, hasta ahora no se han dispuesto medidas legislativas para abordar este problema", conforme ha señalado Beltrán, para incidir en que en estos procesos se vulneran otros derechos, como el de acceso a la información pública o a la tutela judicial efectiva.

"Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos", es decir, sin cumplir ninguna de las recomendaciones que el Relator de la ONU hizo a España sobre este asunto en el año 2008, según ha explicado el representante de Amnistía.

Sanidad:
"Puede existir la percepción de que el derecho a la salud está suficientemente protegido en España, pero esto no es real y desde luego, no lo es para las personas con enfermedad mental", ha señalado Beltrán, para incidir en que la situación en que se encuentran "no es ninguna prioridad" como prueba que España se encuentre en los últimos puestos de la Europa en inversión en este área, con 6,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

Sobre este asunto, la representante de la Confederación FEAFES ha puesto el acento en los ingresos no voluntarios de personas con enfermedad mental, que ejecutan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para denunciar los casos de "conculcaciones flagrantes de derechos humanos" que sufren estos ciudadanos y señalar que "en lugar de invertir en prevención y tratamiento, se invierte en contención y castigo" porque la salud mental se ve como un problema de seguridad pública.


Y yo soy el izquierdistas cavenícola por querer cambiar esta situación y por acusar al PsoE de hacer medidas de derechas cuando se permite que pase esto en nuestro país...
Que quede claro, P"so"E: ni socialista ni obrero.