Ribera del Fresno - Badajoz

El sector público, en democracia, está obligado a ser ejemplar y a cumplir la ley a rajatabla, pero en ribera lo público empieza a oler mal, y en algunos casos, es ya parte de la "escoria" del país, por su comportamiento, por su irrespeto a la legalidad, por los escándalos que protagoniza y por los estragos que causa en la economía y en la decencia.

Si los ribereños conocieran todos el alcance del nivel real del endeudamiento y el sucio y arbitrario uso que muchos políticos hacen del dinero de todos, saldrían a la calle, a pesar de su tradicional cobardía, para arrojar del poder a una casta que pierde a chorros la confianza y el respeto de los administrados.

El ayuntamiento está obligado a pagar con prontitud sus deudas, pero al gunos provedores han tenido que cerrar porque los ministerios, consejerías, diputaciones y ayuntamientos no les pagan y en
muchos casos les devuelven las facturas sin comentarios, cuando no reciben amenazas directas de "nunca más" obtener contratos públicos si recurren a la prensa para denunciar su "caso".

El sector público español, en algunos aspectos, es ya una pocilga, reflejo claro y lamentable del estado de la democracia española, cuyo déficit ético es sobrecogedor y alarmante.
Muchos concursos públicos se otorgan a dedo, al igual que muchos puestos de trabajo en el ayuntamiento se otorgan a amigos y enchufados del partido, a los que se les ha llegado a proporcionar previamente las preguntas de los exámenes, mientras que en algunos casos funcionan listas negras de personas y empresas a las que se les niegan contratos públicos, subvenciones y otras facilidades a las que tienen derecho, como represalia por sus ideas políticas y sentido crítico, una clara violación de los derechos humanos y políticos fundamentales.

Muchos empresarios, que llevan años sin cobrar sus facturas ni siquiera pueden aplicar los intereses legales, ya que están siendo obligados a anular facturas y a volverlas a emitir con fechas recientes, para así disimular la antigúedad ilegal de las deudas, una práctica ilegal.

Hay miles de casos de políticos corruptos que están siendo investigados por los fiscales, pero se trata de un escándalo de proporciones tales que, a pesar de que el derecho ciudadano a conocer la verdad es
básico en democracia, los organos públicos lo mantiene en secreto. A pesar de todo, los "recaudadores" de los partidos políticos siguen operando con impunidad y captando comisiones y otros ingresos,
aprovechando la oscuridad que domina la vida pública y los vacíos legales existentes.

Cuando el sector público deja de ser ejemplar y se convierte en lo peor de la nación, es que la democracia está tan podrida que ya no tiene remedio. Es lo que ocurre cada día con más claridad en España, donde, además, el poder político es tan inmune e impune que se permite la indecencia de incumplir leyes sin recibir castigo alguno.

Muchos empresarios están aterrorizados ante la actitud de las autoridades y no saben a quien acudir. Es el caso de la empresa cordobesa Sercolu, concesionaria de las comidas servidas a domicilio, que acaba de denunciar al ayuntamiento porque acumula cinco meses de retraso en el pago y ya no puede resistir más.
Sercolu es únicamente una más entre las miles de empresas españolas que están siendo masacradas desde un sector público sin decencia ni sentido ético.

El comportamiento del sector público está causando estragos en el país porque los ciudadanos, cuando contemplan como se comportan las autoridades, tienden a hacer lo mismo y así se destruyen las buenas costumbres, los valores, la legalidad y la decencia, a escala nacional. El impago de facturas no para de crecer en esta España, no tanto por causa de la crisis sino porque el Estado incumple su principal deber, que es también lo que justifica su existencia: cumplir y hacer cumplir la ley.

Hay cientos de ayuntamientos y organismos públicos asediados por casos de corrupción que la prensa airea sin que ocurra nada. Generalmente, los chorizos reciben el apoyo de sus respectivos partidos, mientras que la Justicia no los condene. Son tantos que cualquier alcalde democrático habría dimitido, por lo menos una docena de veces, en cualquier país donde existiera una democracia decente. Pero hay cientos de ayuntamientos en España con niveles de escándalos, irregularidades, arbitrariedades e indecencias corruptas.

La situación es terrible porque la confianza de los ribereños en la limpieza de lo público hace aguas por todas partes, lo que es reflejo claro de la ruina. No se confían ya en la limpieza de las oposiciones, ni los que aspiran a puestos de funcionarios confían en los procedimientos de selección y contratación. Buena parte de los concursos públicos están otorgados a dedo y los pliegos de condiciones técnicas han sido redactados a imagen y semejanza concretas. Muchas subvenciones se otorgan con una arbitrariedad escalofriante y son sistemáticamente negadas a instituciones que tienen derecho a ellas pero que figuran en listas negras secretas porque sus directivos son críticos o votan a la oposición, comportamientos que acercan al oscuro ámbito de los países más arbitrarios y corruptos del planeta.

Mi voto en blanco.