Navalvillar de Pela - Badajoz

Si George Orwell pudiera regresar para echarle una mirada al mundo que abandonó hace ya más de medio siglo, sin duda vería cómo el siglo XXI se asemeja cada día más al mundo de 1984 que él plasmó en sus escritos. Enemigos más ficticios que reales ayudan a perpetuar guerras neocoloniales, recortes generalizados de libertades civiles bajo la excusa de la guerra contra el terrorismo, represión policial indiscriminada y un sistema político adulterado con una herencia democrática cada vez más cuestionable.

Sin embargo, había un elemento que caracterizaba especialmente la distopía de Orwell: El control social personificado, el Gran Hermano que todo lo ve y escucha. No es una mera coincidencia que se haya escogido el símil de su obra para escribir sobre la situación en Inglaterra. Los disturbios en Londres de la semana pasada, masivamente cubiertos y criminalizados por la prensa internacional siguen cobrándose detenidos, que pasan ya del medio centenar. La policía británica está recibiendo críticas desde las más altas instancias de la sociedad por no ser capaz de controlar a las decenas de miles de estudiantes que aglutinaban las calles londinenses. Es por ello que se ha dado un impulso más en el proceso de militarización estratégica de la sociedad ya previsto desde hace tiempo por el gobierno británico para contrarrestar la amenaza de futuros disturbios y desobediencia civil en un país donde no hay una huelga general desde el año 1926.

La empresa armamentística BAE Systems, en colaboración con el gobierno británico, lleva casi un año desarrollando un sistema cerrado de videovigilancia civil mediante aviones no tripulados para todo el espacio aéreo del Reino Unido, que prevé poner en uso a partir de los Juegos Olímpicos del año 2012. Se trata de un avión no tripulado equipado con cámaras y sensores de alta potencia, programado para permanecer en el aire unas 15 horas y a más de 6000 metros del suelo, y que se estima empiece a hacer vuelos de prueba a finales de este mismo año. Su objetivo oficial es ayudar a la policía en su trabajo rutinario, ofreciendo imagenes y seguimientos en tiempo real, especialmente en grandes eventos tales como los Juegos Olímpicos o protestas masivas. Se trata de la materialización definitiva de la ofensiva contra las libertades civiles de los ciudadanos, y supone un precedente histórico preocupante para todos nosotros, pero que permite empezar a intuir la deriva autoritaria de un sistema en crisis.

Pese a la urgente necesidad de poner en funcionamiento tales aparatos que argumenta la policía británica para controlar el aumento de acciones criminales por parte de activistas políticos de extrema izquierda a raíz de los eventos del 10 de noviembre, se trata de un coste económico muy elevado en un país con un volumen total de deuda pública acumulada que ronda los 620 billones de euros y que ha aplicado medidas de austeridad que significan la mayor reducción del gasto social desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque no se trataría de un gasto descabellado considerando las limitaciones que se han aplicado a nivel ministerial, pues todos ellos verán su gasto corriente reducido en un 20%, exceptuando los ministerios de defensa y justicia, que únicamente sufrirán ajustes que girarán en torno al 8%. Las políticas de austeridad significarán también el despido masivo de más de 600.000 trabajadores del sector público.

Entre los múltiples recortes sociales que sacudirán Inglaterra se encuentra una reducción del 40% de los fondos públicos reservados para la educación superior, concretamente pasarán de los 7.1 billones de libras actuales a 4.2 en 2014. Semejantes reformas conducirán a la triplicación del precio las tasas de las matrículas universitarias, que pasarán de las 3.000 libras a 9.000 dependiendo del caso, y contribuirán aún más a aumentar la precariedad estudiantil. De esta manera, los costes educacionales de los estudiantes ingleses serán los más altos de Europa, y harán endeudar de por vida a los titulados universitarios. Tal y como sucede en el caso irlandés, la educación pública está sufriendo una desviación elitista que perjudicará principalmente a las rentas más humildes, que se verán privadas del derecho a la enseñanza superior.

Contra todo ello protestaron más de 52.000 estudiantes el pasado miércoles 10 de noviembre, que paralizaron la capital británica y provocaron disturbios que no se recordaban en Inglaterra desde el gobierno de Margaret Thatcher. La avalancha estudiantil recorrió las principales calles de Londres contra los recortes en materia de educación en una protesta a la que se unieron profesores y trabajadores de la universidad. Además, durante el transcurso de la multitudinaria manifestación, un grupo minoritario de personas se distanció y se dirigió a la sede central del Partido Conservador británico, actualmente en el poder. Centenares de estudiantes se aglutinaron contra el edificio y mantuvieron duros enfrentamientos con los antidisturbios durante horas, en lo que supuso además una oportunidad única para la prensa de centrar sus cámaras en cristales rotos y pintadas en las paredes.

e trata de la primera acción masiva contra las políticas de austeridad en Inglaterra, y se produce una semana después de la gran protesta estudiantil en Irlanda. El fantasma que vuelve a recorrer Europa no se ha detenido ni paralizado ante el país que vio nacer el capitalismo. Inglaterra no es una excepción ante un ataque generalizado a los derechos de los trabajadores. Los pocos estudiantes que entraron en el edificio, consiguieron desplegar una pancarta en el tejado que debería hacernos reflexionar a todos nosotros: “Estamos ocupando el techo en oposición a la mercantilización de la educación aprobada por el gobierno de coalición y el sistema que están aprobando al ayudar a los ricos y atacar a los pobres. Llamamos a una acción directa que se oponga a esos recortes. Esto es sólo el comienzo de la resistencia”.