Navalvillar de Pela - Badajoz

EL embrollo político creado en la Comunidad de Madrid por el descubrimiento de informes acerca de la vida privada y pública de relevantes personajes del Partido Popular ha entrado en fase de investigación oficial al haber decidido la Fiscalía abrir diligencias tras las denuncias de dos de los afectados y el anuncio del tercero de poner también el caso en manos de la Justicia. Es el ámbito adecuado para su aclaración y correspondiente depuración de responsabilidades penales si las hubiere (las responsabilidades políticas deberán establecerse en los órganos correspondientes). Con el telón de fondo de la lucha entre la presidenta de la Comunidad Autónoma, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, por controlar la decisiva organización madrileña ante una eventual sucesión de Mariano Rajoy, de la que la disputa aún abierta por Caja Madrid constituye un episodio de primer orden, las denuncias de nada menos que el vicepresidente de la Comunidad, el vicealcalde de Madrid y el ex consejero de Interior, afín a Rajoy, de que han sido espiados por un equipo parapolicial al que se vincula al actual consejero de Interior, salpican a todo el Partido Popular. No puede ser de otro modo, ya que todos los presuntos implicados en la trama de espionaje y las propias víctimas pertenecen al núcleo de dirección del principal partido de la oposición. El incidente es de gravedad indudable, en la medida en que refleja unas prácticas antidemocráticas intolerables. Sólo un cuerpo policial está legitimado, siempre que un juez lo autorice a hacer seguimientos y elaborar informes sobre cualquier persona en función de que haya indicios serios de participación en un delito. Que las labores de espionaje ahora denunciadas se hayan podido realizar no contra los adversarios políticos, sino contra miembros del mismo partido como episodio de una larga guerra interna por el poder, y utilizando supuestamente fondos públicos, viene a añadir un elemento de desprestigio y degradación a lo que objetivamente es condenable desde el punto de vista democrático.