Navalvillar de Pela - Badajoz

La Asociación Profesional Unión de Oficiales de la Guardia Civil presentó el pasado 4 de junio en la Sala II del Tribunal Supremo una querella contra Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, y Antonio Camacho Vizcaíno, secretario de Estado de Interior, por los delitos de prevaricación y, en su defecto, nombramiento ilegal, además de falsedad en documento público y desobediencia.

La querella, a la que ha tenido acceso LA GACETA, viene motivada por las supuestas irregularidades cometidas durante las pruebas de acceso a un concurso público convocado en marzo de 2007.

Dicha convocatoria era para 15 puestos de trabajo de inspector-auditor en Madrid, de nivel 27. Sólo podían acceder a este trabajo “miembros en activo del Cuerpo Nacional de la Policía o de la Guardia Civil de las Escalas, empleos o Grupos Indicados”, según dictaban las normas, pero sucede que de los 15 puestos ofertados en concurso público cuatro fueron adjudicados a miembros de las Fuerzas Armadas que ni siquiera tenían opción a acceder a ellos.

En las bases de la convocatoria quedaba claro que sólo podrán optar al puesto de inspector-auditor miembros del Grupo A del Cuerpo Nacional de Policía Nacional y Guardia Civil.

Es más, la oferta de empleo dependía del Ministerio del Interior e iba destinada a cuerpos dependientes de dicho organismo. Las fuerzas armadas dependen del Ministerio de Defensa, por lo que el acceso a puestos que dependen de Interior no es pertinente.

En el Boletín Oficial de Defensa del 5 de junio de 2007 se publican las resoluciones por las que se destinan a estos puestos de trabajo de inspector auditor a la Comandante Auditor M. R. H. A.; al capitán auditor P. M. L.; al comandante interventor J. M. J. N. y al capitán interventor F. I. C. C. Todos ellos forman parte de las fuerzas armadas, en concreto a los Cuerpos Comunes de las FAS.
M. R. H. A .es profesora asociada del la Universidad Complutense de Madrid dentro del departamento de Derecho Procesal y P. M. es juez togada militar.

Hace tres días, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictaminó que la querella pasara al Ministerio Fiscal para que informe sobre su competencia y el contenido de la misma.

Nulidad

A consecuencia de los nombramientos, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil presentó un escrito solicitando al Ministerio del Interior que declarase la nulidad de aquellos nombramientos realizados por el secretario de estado de Seguridad, Antonio Camacho Vizcaíno.
El Ministerio del Interior desestimó este escrito con una resolución rubricada por Alfredo Pérez Rubalcaba.

Desde la asociación de la Guardia Civil, según consta en la querella, sacan conclusiones sobre esta resolución de Interior: “Los responsables conocían el contenido íntegro de las convocatorias y de los nombramientos denunciados; sabían y conocían perfectamente las bases de convocatoria y requisitos a respetar; sabían y conocían de la falta de requisitos de aquellos aspirantes que fueron adjudicatarios de los citados puestos, en detrimento de otros miembros de la Guardia Civil y Policía que aportaron experiencia y formación necesaria para el puesto ofertado-convocado”

En la misma resolución de Interior se especificaba que “estos nombramientos, aunque posteriores, responden a un proceso anterior y distinto del derivado de la convocatoria de mayo de 2007”. Los querellantes tienen claro que si esto es cierto, los funcionarios nombrados no participaron ni solicitaron formar parte de la convocatoria de 2007 y, sin embargo, fueron beneficiados con los puestos de manera irregular.

La Guardia Civil depende del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas de Defensa, por lo que sorprendió que fuesen miembros del Ejército los elegidos para ocupar dichos puestos.
Audiencia Nacional
La asociación recurrió en la Audiencia Nacional por la vía de lo contencioso administrativo contra uno de los nombramientos, en concreto el del F. I. C. C. En sentencia de la Audiencia Nacional del 17 de junio de 2009 se da la razón a los demandantes, llegando incluso a declarar nulos los nombramientos de Interior.

También solicitó el retorno a los puestos anteriores de los auditores nombrados y que se designe a un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que sí participaron correctamente en el concurso.

Antecedentes

El pasado 29 de diciembre LA GACETA publicó que los tribunales fallaban por segunda vez consecutiva en menos de un mes contra el Ministerio del Interior. El 11 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el catálogo de puestos de trabajo aprobado por el Ministerio en 2008, que ampliaba de 5.313 a 6.650 el número de altos cargos nombrados a dedo.
El fallo judicial, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), órgano denunciante, afectará a un centenar de comisarios, en concreto a todos los provinciales y locales que ocuparon su puesto por libre designación, sin acceder por concurso público.

Este fallo desautoriza los nombramientos elegidos por libre designación hasta el nivel 28, con lo que a partir de ahora sólo se podrán asignar a dedo altos cargos de la escala 29 y 30, que son los jefes superiores, subdirectores, jefes de comisión y comisarios generales.
Antes, el 10 de diciembre, el mismo TSJM declaró nulos los nombramientos de altos cargos hasta el nivel 26 de la escala policial.

Este periódico intentó ponerse en contacto con el Ministerio del Interior, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.